Donald Trump regresó a la Casa Blanca, con Elon Musk como mano derecha y la promesa de desmantelar el Estado, al que asocia con un grupo de corruptos que malgastan el dinero de los contribuyentes. Pero casi 60 días después de asumir el mando, su frenético asalto al status quo está comenzando a generar preocupación y a encontrar resistencia, incluso en la Justicia.
En el marco de una semana de reveses judiciales para el Gobierno de Donald Trump, el juez del distrito de Maryland, Theodore Chuang, le ordenó a la Administración de Donald Trump restablecer el acceso al correo y a los computadores a todos los empleados de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) y declaró el 18 de marzo que el desmantelamiento de la agencia “probablemente” violó la Constitución.
Días antes, el juez del distrito de Washington, James Boasberg, bloqueó la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros, una medida que solo había sido activada en tiempos de guerra y que permite deportar personas sin que pasen por una corte migratoria. Pese al fallo, la Administración Trump procedió con el envío a El Salvador de un avión lleno de venezolanos, alegando, sin mostrar pruebas, que eran integrantes del grupo criminal Tren de Aragua.
El juez Boasberg exigió explicaciones y, en respuesta, el Departamento de Justicia solicitó que fuera retirado de su cargo bajo el argumento de que una corte inferior “no puede tener más poder que el presidente”. Pero, en un inédito comunicado, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, John Roberts, le dijo a Trump que un 'impeachment' “no era la forma apropiada de resolver un desacuerdo sobre una orden judicial”.
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¿Pulso con la Justicia en asuntos claves?
Se espera que el caso relacionado con las deportaciones llegue al máximo tribunal del país, donde hay una mayoría conservadora de seis a tres magistrados, gracias a los nombramientos que hizo el mismo presidente Trump en su primer mandato.
Previamente, la Corte Suprema ya había fallado en contra del recurso presentado por los abogados de Trump, en el que les pedían a los magistrados suspender la orden de otro juez inferior que lo obligaba a desembolsar 2.000 millones de dólares para un programa de lucha contra el VIH en el extranjero.
Aunque fue por una estrecha mayoría, dos jueces conservadores, John Roberts y Amy Coney Barrett (quien fue nominada por Trump en su primer mandato), se alinearon con los de tendencia demócrata y fallaron a favor de la Coalición de Defensa de la Vacuna contra el SIDA y el Consejo Mundial de Salud, que habían denunciado la congelación de 90 días de la ayuda exterior porque “había retrasado la entrega de medicamentos contra el VIH, que salvan vidas y dan asistencia a regiones inestables en todo el mundo”.
Este fallo y el comunicado del magistrado Roberts, además de ratificar la imparcialidad de la corte y devolverles la confianza a algunos, pronostica una guerra de demandas que dejará en vilo muchos asuntos cruciales en el país.
“El uso de tribunales, cortes y el sistema de justicia para detener este tipo de medidas es, sin duda alguna, totalmente aceptable y necesario. El Congreso también podría tomar medidas o resoluciones que hagan un llamado al Poder Ejecutivo. El problema (es) que en este momento hay un Congreso dominado por el Partido Republicano y que está siguiendo fielmente las líneas de la Casa Blanca. Dado ese escenario, las cortes son sin duda el lugar para ejercer el contrapeso necesario en toda democracia”, dijo a France 24 Carolina Jiménez Sandoval, presidenta de la ONG Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés).
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USAID: el chivo expiatorio?
Para defender los recortes, Trump y sus asesores han divulgado listas de los supuestos gastos absurdos hallados por el Departamento de Eficiencia Gubernamental que dirige el multimillonario Elon Musk.
El 4 de marzo, ante el pleno del Congreso, el mandatario estadounidense listó “ocho millones de dólares para hacer ratones transgénero, esto es real (…) 20 millones para una calle de Plaza Sésamo en Medio Oriente. Es un programa… 20 millones de dólares para un programa”, entre otros elementos desconcertantes.
Un exempleado de USAID que trabajó en ese proyecto contó a France 24, bajo condición de anonimato, de que se trataba: “era para los niños, para darles un sentido de normalidad después de una masacre. Es algo de lo que estoy orgulloso”.
Es un sentimiento que comparten varios de los exempleados de la agencia.
Otro de ellos, que habló con France 24 también bajo el compromiso de proteger su identidad, reiteró que “la principal motivación para que alguien trabaje con el Gobierno y no persiga una carrera en el sector privado es que cree en lo que está haciendo y quiere servirle al pueblo estadounidense, y servirle a las causas de su país”.
Ambos afirmaron que buscarán ahora una vacante en el sector privado, con lo que Estados Unidos puede perder parte de gente excepcionalmente capacitada que aseguraba trabajar para hacer grande al país.
El 10 de marzo, el secretario de Estado, Marco Rubio, finalmente culminó la tarea que el presidente Trump le encomendó: revisar cuáles programas se alineaban con la nueva visión de Estados Unidos, tras lo cual anunció el cierre del 83% de los programas de USAID.
“La ayuda exterior no es algo que afecte directamente a los votantes, sobre todo a los votantes de Trump (…) entonces escogieron algo que en Washington si genera inquietud, indignación y rechazo, pero que a nivel nacional no tiene tanto impacto. Es posible que con otras medidas la reacción vaya a ser diferente ¿Qué pasa si dentro de estos recortes tocan los programas relacionados con salud, la seguridad social?, agregó la presidenta de WOLA en el diálogo con France 24.
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Recortes para veteranos: jugando con fuego
La Administración Trump anunció que planea eliminar más de 80.000 empleos en el Departamento de Asuntos de los Veteranos, la agencia gubernamental que se encarga de cuidar a más de nueve millones de excombatientes de guerra.
“Esto representa una de las posiciones más retrógradas porque (…) es la indiferencia con relación a las personas que han dado la vida por la nación. Eso impacta a los servicios directos que reciba el veterano, que ya de por sí son lentos para adquirir, es una debacle para nosotros” dijo en conversación con France 24 José Irizarry, veterano de la guerra de Vietnam y quien además preside Veteranos Con Puerto Rico, un grupo de defensa de los derechos de los excombatientes de la isla.
Por su parte, el secretario de la agencia, Doug Collins, aseguró que el Gobierno federal “existía para servir a la gente, no para darle empleo”.
Los veteranos son un asunto sensible en Estados Unidos y el voto de este grupo fue además crucial para su victoria, según una encuesta a boca de urna de 'The Washington Post', que reveló que el 65% de ellos votaron por el republicano, con lo que, para expertos, Trump está jugando con fuego.
Everett Kelley, presidente de la Federación Estadounidense de Empleados del Gobierno, agregó que “hasta que Elon Musk y Donald Trump entraron en escena, Estados Unidos nunca le había dado la espalda a los veteranos y sus familias. Su peligroso plan de aniquilar la capacidad del Departamento de Asuntos de los Veteranos para cumplir las promesas a los veteranos va a ir en detrimento de quienes arriesgaron su vida en servicio del país”.
El Departamento de Asuntos de los Veteranos creció durante la Administración del predecesor de Trump, el demócrata Joe Biden, quien hizo contrataciones para implementar una ley que ampliaba los criterios de elegibilidad a millones de veteranos que estuvieron expuestos a toxinas mientras prestaban servicio.
Con Trump, alrededor de 2.000 funcionarios que habían trabajado en la agencia menos de dos años y cuyos roles eran considerados no esenciales fueron despedidos.
El senador demócrata Richard Blumenthal impulsó una resolución que exigía la restitución inmediata de los veteranos en sus cargos, pero la medida se encontró rápidamente con la objeción de la mayoría republicana.
Nicole Alvarez, analista política senior del Center for American Progress, quien conversó con France 24 en Español, cree que “a medida que la influencia de DOGE (Departamento de Eficiencia Gubernamental, por sus siglas en inglés) se expanda a estos programas en los que la gente depende ampliamente de manera más visible es que la conciencia pública y la resistencia va a empezar a crecer".
"Creo que la gente puede tolerar la reestructuración del Gobierno cuando está enfocada en eliminar la ineficiencia en este sistema burocrático abstracto, pero cuando empiece a afectar programas de los que millones de estadounidenses dependen, especialmente los cheques de Seguridad Social y los beneficios de los veteranos, la reacción se desencadenará y será más fuerte”, advierte.
La ¿Seguridad? Social
La Administración de Seguridad Social se encarga de enviar pagos de retiro e incapacidad a alrededor de 73 millones de personas y en Estados Unidos es conocida como otro poder político debido a su popularidad.
Recientemente, Musk anunció planes para recortar el 12% de su fuerza laboral, es decir, reducirlo a su nivel más bajo en 50 años. Para ello, ofreció adelantar el retiro a quienes estuvieran cerca de ello, entre otros incentivos.
Tanto el presidente como Musk han denunciado que algunas personas están recibiendo prestaciones en nombre de personas fallecidas. Sin embargo, el personal de la agencia explicó que se debía a errores del sistema y que ninguno de esos fallecidos ni sus familiares recibían realmente las prestaciones.
En tanto, la Administración del Seguro Social abandonó los planes que estaba considerando para terminar con el servicio telefónico para millones de estadounidenses que presentan reclamos de jubilación y discapacidad después de que 'The Washington Post' informara que el equipo del Servicio DOGE de EE. UU. de Elon Musk estaba considerando erradicarlo por supuesto fraude.
Sin educación no hay futuro
El 11 de marzo, la secretaria de Educación, Linda McMahon, anunció el despido del 50% de los trabajadores de esta agencia, lo que, sumado a los alrededor de 600 que ya habían aceptado la oferta de permanecer en la nómina hasta septiembre para irse, desmantela de facto a la agencia que se encarga de “promover el rendimiento académico y la preparación de los estudiantes para la competitividad global y garantizar la igualdad de acceso” según su propia página web.
Una misión que se traduce en el seguimiento al rendimiento escolar, la verificación del cumplimiento de los derechos civiles en las escuelas y la gestión de los fondos federales destinados a préstamos para educación universitaria.
Con los despidos, la que ya es una de las agencias federales más pequeñas, queda aún más reducida mientras Trump promete que quiere eliminarla del todo bajo el argumento de que en ella “se ha infiltrado el marxismo”.
No obstante, la potestad para eliminarla recae en el Congreso, con lo que, a pesar de ostentar la mayoría, los republicanos necesitarían contar con votos demócratas. Es por esto que se ha hecho más tangible la opción de que su misión se delegue a los estados, algo de lo que tanto Trump como McMahon dieron luces de querer hacer.
Pero la zozobra entre los empleados ya es tangible, como contó a France 24 una profesora de una escuela pública de Virginia que pidió proteger su identidad: “siempre existe el riesgo”, dijo.
La misión de Donald Trump, como ha dicho, es llevar a todas estas personas al sector privado, pero sin tener en cuenta el hueco que puede dejar en el tejido social de la nación, pues, como explica la profesora, este trabajo “ha estado en alta demanda los últimos años debido a que los bajos salarios y las altas cargas laborales de la profesión no son atractivas para las nuevas generaciones al momento de elegir una carrera”.
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El contrapeso
La Administración Trump enfrenta más de 100 demandas en contra de sus medidas en cortes inferiores, que se espera terminen dirimiéndose en la Corte Suprema de Justicia.
Nicole Alvarez, analista política senior del Center for American Progress, considera que las órdenes preventivas que han emitido cortes menores “para impedir que DOGE acceda a información son cruciales porque evitan el acceso no autorizado a información sensible que está protegida bajo leyes federales. Al tiempo, el Congreso está empezando a exigir respuestas y, a pesar de que estas preguntas estén llegando un poco tarde, si muestran que la presión está construyéndose. Viendo hacia adelante, para que DOGE rinda cuentas, se necesita un enfoque multifacético”.
El desmantelamiento de programas clave por parte de la Administración de Trump y los recortes impulsados por Elon Musk no solo están remodelando la estructura del Gobierno de Estados Unidos, sino que también amenazan con despojar al país de una parte vital de lo que lo hace grande: el bienestar de sus ciudadanos y su influencia global.
La corte de Maryland bloqueó temporalmente futuras acciones de DOGE, pero la pregunta que permanece sin respuesta es si los ciudadanos permitirán estos cambios irreversibles y continuarán apoyando la agenda del mandatario, cuya popularidad está en el 47%, la más alta que el republicano ha tenido hasta ahora, según una encuesta de la cadena 'NBC'.
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