El expresidente brasileño de extrema derecha Jair Bolsonaro fue denunciado el martes 18 de febrero por el fiscal general de Brasil, Paulo Gonet. Es acusado de supuestamente planear un golpe de Estado para impedir que su sucesor Lula volviera al poder. Ahora, el Tribunal Supremo tendrá que decidir si abre, o no, un juicio, en el que Bolsonaro podría ser condenado a más de 40 años de cárcel.
Futuro político incierto para Jair Bolsonaro. El martes 18 de febrero, el fiscal general de Brasil, Paulo Gonet, denunció a Bolsonaro por supuesto intento de golpe de estado, abolición violenta del Estado democrático de derecho y pertenencia a una organización criminal, entre otros delitos. Además, 33 personas también fueron denunciadas, incluidos varios de sus exministros y un antiguo jefe de la Marina.
El acto de acusación de 272 páginas, que se basa en un informe de investigación de la policía federal, fue transmitido a la Corte Suprema de Brasil, quien decidirá si enjuicia, o no, al expresidente.
La policía investigó durante dos años el movimiento de rechazo de los resultados de las elecciones liderado por Bolsonaro, cuyo momento más importante fue los disturbios de sus partidarios en la capital a principios de 2023, unos días después de que Lula asumiera el cargo.
El martes, los abogados de Bolsonaro negaron que su cliente haya apoyado un ataque contra las instituciones democráticas de Brasil y el expresidente ha calificado el caso de caza de brujas política.
“Todo régimen autoritario, en su sed de poder, necesita crear enemigos internos para justificar la persecución, la censura y las detenciones arbitrarias”, escribió Bolsonaro en su cuenta X el miércoles.
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Acusado de planear un posible envenenamiento
Según la fiscalía, Bolsonaro y su candidato a vicepresidente Walter Braga Netto, así como otras personas, intentaron, con una "organización criminal" impedir la llegada de Lula al poder. Las elecciones de 2022 fueron las más reñidas de la historia del país y Lula ganó con solo dos puntos de margen.
"Aquí denunciamos los hechos protagonizados por un presidente de la República que forma, con otras personalidades civiles y militares, una organización criminal estructurada para impedir que el resultado de la voluntad popular expresado en las elecciones de 2022 fuese cumplido, implicando su continuidad en el poder sin el aval del sufragio universal", se lee en el informe.
Entre las acusaciones más graves, está un supuesto plan, aprobado por Bolsonaro, que preveía la muerte del presidente y vicepresidente electos, así como de un juez del Tribunal Supremo. El plan llamado “Operación Puñal Verde y Amarillo” debía ser llevado a cabo por miembros de las fuerzas especiales del ejército antes de la investidura de Lula. Según el fiscal, estaba contemplado el envenenamiento de Lula.
“Debido a circunstancias que fueron en contra de su voluntad", en particular la falta de apoyo de altos miembros del ejército brasileño, el plan no puedo ser llevado a cabo, revela la investigación.
Meses de campaña en contra del sistema de votación
Desde meses antes de la votación, Jair Bolsonaro inició una campaña para sembrar dudas sobre la seguridad de las urnas y el sistema electrónico de voto, preparando el terreno para denuncias futuras.
De hecho, en junio de 2023, el expresidente ya fue condenado por la justicia electoral por cuestionar sin pruebas las urnas electrónicas de votación y fue inhabilitado para ser candidato en las presidenciales de 2026, una decisión que el expresidente intenta revertir.
En el momento de las elecciones de 2022, parte del plan general de Bolsonaro era la elaboración de un "decreto presidencial" justificando la necesidad de un "estado de defensa" para evaluar la validez del proceso electoral.
También fue contemplado la detención del entonces presidente del Tribunal Superior Electoral, Alexandre de Moraes, y el llamado a nuevas elecciones, según la investigación.
Finalmente, uno de los hechos más llamativo tuvo lugar el 8 de enero de 2023, cuando miles de partidarios de Bolsonaro saquearon los lugares de poder en Brasilia, en protesta a la investidura de Lula. Muchos manifestantes admitieron que querían crear el caos para justificar un golpe militar.
¿A qué se enfrenta Bolsonaro?
Según la agencia Reuters, los analistas consideran que es poco probable que Bolsonaro sea arrestado ahora a menos que el juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes considere que existe riesgo de fuga.
Los abogados de Bolsonaro tienen dos semanas a partir del 18 de febrero para responder a las acusaciones, eso, antes de que el Tribunal Supremo decida si enjuicia a Bolsonaro. En caso de que el Tribunal Supremo acepte los cargos, se celebraría un muy seguido juicio televisado.
“Hay un 99% de posibilidades de que el Tribunal Supremo acepte los cargos”, dijo a Reuters Vera Chemim, abogada constitucionalista en Sao Paulo, “pero para condenar a Bolsonaro, el Supremo necesitará pruebas sólidas”, opina la abogada.
En caso de ser juzgado y reconocido culpable, Bolsonaro podría estar condenado a hasta 43 años de cárcel, lo que suman los delitos por los cuales está investigado.
Debido a una ley de 2010, cualquier persona condenada por un tribunal de apelaciones tiene prohibido presentarse a las elecciones. En caso de ser reconocido culpable, Bolsonaro tendría imposible presentarse en los comicios de 2026, en una posible revancha contra Lula.
Actualmente, según una recién encuesta del instituto de sondeos Datafolha, sólo el 24% de los brasileños aprueban el gobierno de Lula, lo que representa su popularidad más baja en cualquiera de sus tres mandatos como presidente.
Con AFP, Reuters y medios locales
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