En un nuevo pulso entre el Ejecutivo y el Legislativo de Brasil, el Congreso de mayoría conservadora consiguió dejar sin efecto el 80 por ciento de los vetos que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva había realizado a una ley recientemente aprobada en el Parlamento para facilitar los permisos ambientales en la adjudicación de obras de infraestructura. Una normativa cuestionada por el gobierno y deplorada por organizaciones defensoras del medio ambiente, que la han bautizado "ley de devastación".
En una sesión conjunta de ambas cámaras, los partidos conservadores cercanos al poderoso sector agropecuario se impusieron en dos votaciones en Diputados (268 a 190 y 295 a 167) y en el Senado (50 a 18 y 52 a 15) para eliminar un total de 52 de los 63 vetos que Lula había marcado en el texto, alegando el impacto negativo en la protección del medio ambiente y en la salud de la población.
La decisión del Parlamento ocurre solo días después de que Brasil albergara la conferencia de Naciones Unidas sobre el cambio climático (COP30) en la ciudad amazónica de Belém, que concluyó con una declaración sin menciones a los combustibles fósiles ni un respaldo explícito a la protección de los bosques, lo que causó frustración y decepción entre las entidades ambientalistas.
Para la ministra de Relaciones Institucionales de Brasil, Gleisi Hoffmann, "la supresión de los vetos" es "una pésima noticia" que "contradice el esfuerzo ambiental y climático del gobierno que acaba de realizar la COP30″.
Previamente, anticipándose a la previsible revocación de los vetos, el gobierno de Lula da Silva había remarcado que sus objeciones habían sido decididas frente a un "preocupante escenario de desastres climáticos extremos, que ponen en riesgo a las familias, la economía y el medioambiente".
En la nota oficial, el Ejecutivo añadió que "una eventual retirada de los vetos causaría efectos inmediatos y de difícil reversión" por su deteriorar las normas actuales, que constituyen "una legislación robusta y avanzada sobre licenciamiento ambiental".
En cambio, sectores ligados a la producción agrícola o de infraestructuras celebraron la agilización de los procedimientos burocráticos que contempla el texto. En el debate legislativo, el diputado Sóstenes Cavalcante, aliado del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro –encarcelado por su intento de golpe de Estado en 2022–, acusó a Lula de querer "poner obstáculos al agronegocio, que es lo único que todavía funciona bien económicamente en Brasil".
¿Cuáles son los artículos más polémicos reinstaurados por el Congreso?
Entre los artículos que ha restituido el Congreso brasileño está el que crea la denominada Licencia por Adhesión y Compromiso de Proyectos de Infraestructura. Esta establece que, en obras de menor envergadura, los propios interesados pueden determinar el impacto sobre el medioambiente, sin necesidad de estudios previos y con el único requisito de presentar una descripción del proyecto a las autoridades competentes. Esta modalidad ha sido calificada por sus críticos como una forma de "autolicenciamiento".
Del mismo modo, otro de los puntos recuperados por el Parlamento transfiere a los gobiernos regionales y municipales la potestad de definir los criterios para conceder licencias medioambientales. El Ejecutivo brasileño ha advertido que este esquema puede causar que existan reglas diferentes en cada jurisdicción y que se genere una suerte de carrera entre regiones para suavizar las exigencias ambientales con el fin de captar a los inversores.
Otro de los vetos anulados regía sobre un artículo que exime de toda licencia medioambiental a proyectos para la construcción de plantas de tratamiento de aguas –incluidas las residuales– hasta que Brasil alcance sus metas de universalización en saneamiento básico.
Con la eliminación de los vetos también fueron suprimidas atribuciones de órganos ambientales y se reinstauraron limitaciones a las opiniones de comunidades indígenas afectadas por proyectos de riesgo ambiental.
La ley, asimismo, crea instrumentos como la llamada Licencia Ambiental Especial (LAE) que permite la realización de un análisis simplificado para proyectos que el gobierno clasifique de estratégicos, incluso si tienen un potencial impacto alto sobre el medio ambiente. Algunas atribuciones de la normativa impulsarían actividades de riesgo en el desarrollo de obras, de exploración de petróleo y de minería. Un debate sobre siete modificaciones impuestas por Lula a este mecanismo fue pospuesto, en acuerdo entre oficialismo y oposición
Observatorio del Clima denuncia "el peor retroceso ambiental" en Brasil
En un comunicado previo a la sesión conjunta, la coalición de oenegés Observatorio del Clima denunció que, con la anulación de los vetos, el Congreso elegiría seguir con "el peor retroceso ambiental de la historia" de Brasil, debilitando "el principal instrumento del país para prevenir daños ambientales, creado hace más de cuatro décadas por la Política Nacional de Medio Ambiente de 1981″.
"Si el Congreso revoca los vetos de Lula, se convertirán en ley en el país medidas como la autolicenciación general, con un gran número de licencias expedidas con un simple clic, sin un estudio ambiental ni una evaluación de impacto ambiental adecuada. Esto genera, además de incertidumbre jurídica, un enorme riesgo para la salud y la seguridad de la población", remarcaron desde la plataforma.
De su lado, Mauricio Guetta, director de Políticas Públicas y Derecho de Avaaz, señaló que "el momento político no es el ideal para votar sobre los vetos al peor revés ambiental de Brasil en los últimos 40 años" y que la revocación de las objeciones del gobierno brasileño lleva "a un precipicio ambiental y climático, con más desastres como los de Mariana y Brumadinho, una explosión de deforestación y un descontrol generalizado de la contaminación y sus consecuencias para la salud pública".
En la misma línea, el director de Human Rights Watch en Brasil, César Muñoz, subrayó que "al derribar los vetos presidenciales y desmantelar el licenciamiento, el Congreso optó por la devastación".
Las organizaciones ecologistas habían solicitado al Gobierno de Lula da Silva un "veto integral" al texto, advirtiendo la inconstitucionalidad de muchos artículos de la ley y que varios de ellos podrían incentivar la desforestación en ecosistemas críticos, como la Amazonía.
Tras la sesión, algunos parlamentarios y la ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, insinuaron que el gobierno podría impugnar en la justicia la decisión del Congreso y denunciar ante la Corte Suprema los puntos de la nueva ley que vayan en contra de la Constitución.
Con EFE, AFP y medios locales
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