Deportaciones a la carta: Trump y el vuelco radical a la política migratoria con Venezuela

A pocos días de llegar a la Casa Blanca, el presidente Donald Trump revocó miles de permisos de permanencia y desde el pasado 10 de febrero ha deportado a más de 1.800 venezolanos, a quienes -sin distinción- ha acusado de pertenecer a la banda Tren de Aragua, considerada “terrorista” por Washington. Algunos de los deportados fueron enviados inicialmente a Guantánamo en Cuba y otros 252, sin previo juicio, al Cecot, la cárcel de máxima seguridad de El Salvador. Trump cumple 100 días en los que su relación con Venezuela se resume en deportaciones, historias traumáticas y una Caracas prudente.

Danielher Herrera fue uno de los 171 venezolanos enviados a Guantánamo el pasado 25 de enero. Hoy describe como “traumática y desesperante” su experiencia en esa cárcel militar.

Danielher llegó a Estados Unidos en 2023 tras una larga travesía. Cruzó la Selva del Darién, Panamá, Costa Rica, México y al cabo de dos meses llegó a Estados Unidos. Se entregó a migración y tras 14 días fue puesto en libertad con un ‘parole humanitario’. Trabajó en el campo, en la construcción y posteriormente como conductor de Uber. 

“Mi intención siempre fue mandarle dinero a mi familia, ayudarlos a buscar la manera de establecerse y ahorrar”, relata a France 24 desde su residencia en Puerto Cabello, en el centro norte del país.

En diciembre de ese mismo año fue detenido por transportar a un pasajero indocumentado. Cumplió una condena de ocho meses en prisión y otros seis meses estuvo detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

A pocos días de su fecha de libertad fue acusado, sin pruebas, de pertenecer al Tren de Aragua y deportado -sorpresivamente- a Guantánamo.

 “De todo el tiempo que estuve detenido en EE. UU., Guantánamo fue lo peor. Estábamos en una celda individual (…) nos bañábamos un día sí, un día no. Las porciones de comida eran como para que uno no se muriera (…). Lo que le cabía en la mano a un niño de seis meses era la porción de comida que nos daban y un vaso de agua como si fuera el de café, una cosa muy mínima. Fue bastante rudo. Nos tenían encadenados todo el día de muñecas, tobillos y una cadena de seguridad que te unía las manos con los pies, y así andábamos por todo Guantánamo. Así íbamos al médico, al baño. Así todos los días”, rememora Danielher. 

El hombre relata que también había castigos.

"Te sentaban en una silla, como si fuera una silla eléctrica. El primer castigo era de 45 minutos, cuando no querías comer o no querías bañarte, o hacías algún escándalo. La segunda vez, si te ponías muy rebelde, te castigaban entre hora y media y dos horas, sin moverte. Te amarraban la cabeza, los hombros, era más tortura mental que un castigo"

Danielher cuenta que, afortunadamente, él no sufrió ese castigo.

En su momento, Danielher pensó que estaría cuatro años en prisión, lo que duraría Trump en la Presidencia, pero el pasado 8 de febrero, sorpresivamente, fue deportado junto a sus compañeros a Venezuela.

Pese a su experiencia, Danielher no descarta volver a emigrar, aunque ya no a Estados Unidos. Ahora trabaja en la construcción, pero por ahora sólo en proyectos a corto plazo, lo que no es suficiente para mantener a sus 4 hijos.

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“La situación del país no está muy cómoda, no hay fuente de empleo como para uno establecerse”, asegura a France 24, no sin antes advertir que esta vez se iría junto a su familia.

Separación de las familias, el punto sensible de la deportación

A más de 130 kilómetros, en Villa de Cura, estado Aragua, Carlos Oliveros ha tenido que adaptarse de nuevo a su país, sin su esposa e hija. Ambas quedaron solas en Estados Unidos con deudas y gastos tras su deportación, primero a Guantánamo y luego a Caracas.

Carlos estuvo ocho meses detenido por estar involucrado en un accidente de tránsito en EE. UU. sin tener licencia de conducir y luego pasó a manos de migración. Agobiado de estar en prisión, pidió ser deportado para recuperar su libertad. Lo que nunca imaginó es que su destino sería Guantánamo.

“Al tercer día ya nos estábamos volviendo locos. Fue devastador (…) Eso es un cuartico chiquitico con la cama al lado del inodoro, sin agua, con la peor comida que te pueden dar. Para salir: esposado; para entrar: esposado; para bañarte: esposado; para todo: esposado. Fue lo peor que pude pasar ahí”, relata a France 24 desde el taller mecánico donde ahora trabaja junto a su padre.

Carlos reconoce que hay ciudadanos venezolanos delinquiendo en Estados Unidos, pero lamenta que paguen todos por igual. “Uno está bien allá trabajando, pero por las cosas que hicieron otros compañeros venezolanos por allá, uno chupa (se ve afectado). Yo tenía dos trabajos; uno de día y uno de noche. En la mañana en sistema de riego y en la noche en un complejo deportivo”, comenta.

Carlos tiene prohibido volver a ingresar a Estados Unidos por los próximos 10 años y su mayor preocupación es no poder estar de nuevo con su familia.

“Ahorita no tenemos opción. Estamos buscando una mejora y para que se venga ella (su pareja) a pasar trabajo no es la idea. En Venezuela no estamos en condiciones, no da la base (…) de paso, ella no se puede venir porque no le voy a decir -vente y saca a la niña del colegio-, porque mira como esto está aquí, aquí está rudo. Lo más duro que me toca a mí es dejarlas a ellas allá”. Su esposa es una de las beneficiarias con TPS, cuya permanencia se vence en el mes de agosto. Carlos perdió su cita para tramitar sus papeles mientras estuvo en prisión.

Deportaciones a El Salvador

Carlos y Danielher pudieron regresar a su país, pero otros 252 venezolanos fueron deportados a la cárcel de máxima seguridad de El Salvador. Desde entonces, ha aumentado la tensión entre ambos gobiernos.

La Administración de Nicolás Maduro lo califica como un “secuestro”. Bukele, por su parte, ofreció a Maduro hacer un canje: liberar a los detenidos a cambio de la liberación de 252 presos políticos en Venezuela. Entre ellos, a Rafael Tudares,  yerno del opositor Edmundo Gonzalez Urrutia, a la activista de DDHH Rocío San Miguel y al periodista Roland Carreño, vinculado al partido opositor Voluntad Popular. 

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Para Misael Rivas, abogado penalista, Magíster en Criminología y Criminalística de El Salvador, el envío de ciudadanos venezolanos detenidos en EE. UU. a la cárcel de Cecot no puede tratarse como una deportación, sino como un “depósito judicial”, permitido en ambas legislaciones.

“En este caso, según lo que he visto, fue como parte de un plan contra la delincuencia y contra el terrorismo. Los detenidos fueron puestos a la orden de algún juez -porque la policía actúa conforme a petición de la Fiscalía- y han sido depositados penitenciariamente en El Salvador, como pasó tras el convenio entre Noruega y Países Bajos en el año 2015”.

Rivas, también exdecano de la facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nueva San Salvador, explica que a diferencia de Latinoamérica, en Estados Unidos el Tribunal de Migración depende directamente del Poder Ejecutivo, por lo que considera no fue un proceso ilegal. “Es un depósito judicial confiado a otro país con base legal del Convenio que se ha hecho entre EE. UU. y El Salvador”, dice a France 24.  

Rivas conoció que actualmente hay un grupo de abogados salvadoreños representando a al menos 30 venezolanos detenidos en el Cecot que presentaron el Habeas Corpus para que la Suprema Corte de Justicia revise sus casos y defina la legalidad de esa acción.

De resultar alguna medida favorable a los detenidos, la sentencia sería enviada a Estados Unidos y aunque asegura que esos procesos son lentos, considera que por tratarse de un caso polémico con impacto internacional, podría tener celeridad.    

Respecto al “intercambio de presos” propuesto por Bukele a Maduro, Misael Rivas considera que es posible, siempre y cuando esté contemplado en el Convenio firmado entre El Salvador y Estados Unidos. “Podría decir que por razones humanitarias habrá una disponibilidad de esa índole de los reos, y la razón humanitaria puede ser que la puesta en libertad de los reos políticos en Venezuela”, explica a France 24.

Mientras tanto, en Venezuela, las madres de algunos de los deportados a El Salvador protestan constantemente para exigir una fe de vida y que sean regresados a su país.

Esmeralda Murillo, tía de Arturo Suarez Trejo, de 33 años de edad, cuenta que su sobrino estaba radicado en Chile desde hace 7 años y viajó a EE. UU. a impulsar su carrera musical.

Fue detenido en una redada cuando grababa un videoclip en Carolina del Norte.

“Ya no sé ni qué pensar. Es un sufrimiento, una angustia, una impotencia de no tener ni siquiera una fe de vida”, dice a France 24 durante una protesta en la plaza Bolívar de la Capital. 

“Que revisen sus antecedentes, es lo único que yo pido, para que vean que por lo menos mi sobrino es cantautor, no es delincuente, es un artista. Mi sobrino nunca ha tenido un antecedente penal (…) Si esto continúa, somos capaces de irnos caminando hasta El Salvador. Señor Bukele denos una fe de vida de nuestros parientes; si no, allá le vamos a aparecer”, advierte Esmeralda entre lágrimas y desesperación.

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Algunas madres de los detenidos han rechazado públicamente la propuesta de Bukele tras considerar que sus hijos no son delincuentes, ni fichas de canje.

Otras, que prefieren guardar anonimato, manifiestan solo querer que sus familiares retornen a casa, sin importar cual sea la medida.