El buque de guerra USS Gravely atracó en Puerto España, como parte de la acumulación de fuerzas en el Caribe, en el marco de una supuesta guerra contra el narcotráfico. Mientras Washington intensifica la presión militar sobre Caracas, la visita coincide con advertencias de nuevas operaciones de Estados Unidos en la región, que podrían afectar también a Colombia.

La presión militar de Washington en el Caribe marca cada vez con más fuerza su presencia en aguas cercanas a Venezuela. Un buque de guerra estadounidense atracó en la mañana del 26 de octubre en Puerto España, capital de Trinidad y Tobago, nación insular caribeña vecina de Venezuela.

La llegada del destructor lanzamisiles USS Gravely ocurre mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, amplía la presencia militar cerca de la República bolivariana y evalúa extender operaciones contra el narcotráfico a tierra firme en Sudamérica. El mandatario venezolano, Nicolás Maduro, denunció el despliegue como un intento de provocar “una nueva guerra eterna” contra su país.

Despliegue controversial

El arribo del USS Gravely a Trinidad y Tobago forma parte de un conjunto de maniobras conjuntas programadas con las fuerzas locales, que se prolongarán hasta el 30 de octubre. Según funcionarios de ambas naciones, las actividades incluyen ejercicios de entrenamiento y operaciones de cooperación en materia de seguridad marítima.

La encargada de negocios de la embajada estadounidense en Puerto España, Jenifer Neidhart de Ortiz, explicó que el objetivo de la visita es “enfrentar amenazas compartidas como el crimen transnacional y fortalecer la resiliencia mediante misiones humanitarias y esfuerzos de seguridad”.

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La llegada del destructor, que se suma al portaaviones USS Gerald R. Ford (desplazándose actualmente hacia las costas venezolanas), provocó controversia en la región. Mientras Washington asegura que su despliegue busca frenar el tráfico de drogas y reforzar la cooperación antinarcóticos, críticos y líderes caribeños temen que la presencia militar intensifique la tensión con el gobierno de Nicolás Maduro.

En Trinidad y Tobago, la primera ministra Kamla Persad-Bissessar defendió abiertamente la colaboración militar con Estados Unidos, argumentando que el Caribe “no es una zona de paz”, ante el auge del crimen violento.

"Amenaza de guerra"

La escala del USS Gravely generó manifestaciones en Puerto España. Frente a la embajada estadounidense, el líder del Movimiento por la Justicia Social, David Abdulah, denunció la presencia del buque como “una abominación”. “Este es un buque de guerra a solo unas millas de Venezuela cuando hay amenaza de guerra”, afirmó, cuestionando la decisión del gobierno de permitir su entrada.

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El Caricom, el bloque regional de 15 países del Caribe del cual Trinidad y Tobago es miembro, llamó al diálogo y a evitar cualquier escalada militar. No obstante, la postura de Persad-Bissessar, alineada con la estrategia de seguridad estadounidense, fue considerada como un giro de la tradicional política caribeña de neutralidad.

 

Frente a la llegada del buque a Puerto España, Venezuela denunció por su parte una "provocación militar" de Trinidad y Tobago "en coordinación con" la CIA para "instalar una guerra" en el Caribe, región donde el país norteamericano mantiene un despliegue naval considerado por Caracas como una amenaza para propiciar un "cambio de régimen".

Un comunicado emitido por la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez denunció que las operaciones se desarrollan "bajo coordinación, financiamiento y control del Comando Sur", al que calificó como "un grupo mercenario con información directa" de la CIA.

¿Expansión de los operativos?

Mientras tanto, en Washington, el senador republicano Lindsey Graham adelantó que el presidente Trump planea informar al Congreso sobre una posible expansión de las operaciones militares contra Venezuela y Colombia. Según Graham, las acciones podrían pasar del mar a la tierra, en el marco de la ofensiva contra el narcotráfico lanzada en septiembre.

La Casa Blanca asegura que estas medidas buscan impedir el ingreso de drogas a Estados Unidos, pero organizaciones de derechos humanos y legisladores demócratas denunciaron que se trata de ataques ilegales. El mandatario colombiano Gustavo Petro, quien se vio sancionado por el Tesoro estadounidense por presuntos vínculos con el narcotráfico, según la versión de Washington, denunció los ataques contra embarcaciones como "ejecuciones extrajudiciales".

El senador Rubén Gallego calificó por su parte los operativos como “asesinatos autorizados”, señalando que las muertes de presuntos traficantes ocurrieron sin el debido proceso ni pruebas contundentes sobre la carga de las embarcaciones. Graham rechazó las críticas, afirmando que el Ejército “no está asesinando a nadie”, sino “protegiendo a Estados Unidos del narcoterrorismo proveniente de Venezuela y Colombia”.

Con AP y EFE

France24

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