Desde su creación, la cédula dominicana ha experimentado un proceso continuo de transformación que refleja los cambios políticos, institucionales, tecnológicos y sociales del país, hasta consolidarse como el principal documento de identidad y electoral utilizado en la actualidad.
En sus primeras décadas, el documento se presentó en formato de libreta, conocido popularmente como el “librito”, vigente a partir de 1932. Este modelo cumplía funciones básicas de identificación y registro, incorporando datos personales y huellas dactilares, y fue utilizado tanto para fines administrativos como electorales en un contexto de fuerte control estatal.

Con el paso del tiempo y el fortalecimiento del sistema electoral, la cédula fue evolucionando hacia formatos más duraderos y seguros. En 1993 se introdujo la cédula azul, que marcó el inicio de la modernización física del documento.
En 1998 fue sustituida por la cédula amarilla, la cual incorporó mejoras en materiales, diseño y elementos de seguridad, además de un mayor nivel de estandarización de la información personal.
Un momento clave en la historia del documento ocurrió con la promulgación de la Ley 892, mediante la cual se dispuso la unificación de la Cédula Personal de Identidad y el Carnet de Registro Electoral en un solo instrumento, dando paso a la Cédula de Identidad y Electoral. Esta decisión respondió a una crisis política y electoral y tuvo como objetivo reforzar la transparencia, la confianza ciudadana y la integridad del padrón electoral.
En 2014, la Junta Central Electoral dio un nuevo paso en la modernización del documento al incorporar tecnología biométrica, huellas dactilares digitales y mayores estándares de seguridad, alineados con prácticas internacionales. Esta versión permitió fortalecer los procesos de identificación, reducir el riesgo de suplantación y mejorar la confiabilidad del sistema.
Finalmente, en diciembre de 2025, el órgano electoral presentó un nuevo formato de cédula fabricado en policarbonato, un material con una durabilidad estimada de hasta 25 años, que integra más de 100 elementos de seguridad en distintos niveles, así como tecnologías de validación visual y digital.
Según ha informado la JCE, esta actualización busca responder tanto al vencimiento tecnológico del documento anterior como a la necesidad de fortalecer la protección de la identidad y la soberanía de los datos de los ciudadanos.
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