El poder judicial ha sido escenario este año de múltiples eventos internacionales, celebrados en la República Dominicana, y ha podido mostrar a magistrados presidentes de tribunales de otros países los avances alcanzados en el país en materia de tecnología, reducción de la mora, y reorganización de ese poder fundamental del Estado.

El país fue anfitrión, del 14 al 16 de mayo, de la XXII Cumbre Judicial Iberoamericana. La República Dominicana funge como Secretaría Pro Tempore de esta cumbre, que en febrero tuvo una reunión preparatoria en Madrid. El presidente de la Suprema Corte, Henry Molina, y el presidente Abinader inauguraron la Cumbre, que reunió a máximas autoridades judiciales de 23 países, para abordar como tema principal "Justicia al día para garantizar la dignidad de las personas", con paneles sobre justicia digital, tecnología, eficiencia, inclusión y transparencia.

Previamente, del 4 al 6 de mayo, la República Dominicana había sido la sede del World Law Congress 2025, la más grande reunión mundial de juristas, con la presencia de prestigiosas figuras políticas y jurídicas, entre ellas el Rey de España, Felipe VI, y la magistrada Sonia Sotomayor, de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Este congreso se realizó en el país gracias a un acuerdo con la World Jurist Association, y contó con el respaldo del Defensor del Pueblo, de la UASD, de la Suprema Corte de Justicia y del gobierno, y puso el país en el radar internacional del Derecho y el Estado de Derecho.

El país fue anfitrión de la Feria de Justicia y Tecnología, celebrada en mayo pasado, durante la Cumbre Judicial, e incluyó una exposición dedicada al “Servicio de Justicia del Futuro”. Se enfocó en herramientas tecnológicas como digitalización, inteligencia artificial, interoperabilidad y ciberseguridad, temáticas en las que el poder judicial dominicano anda dando pasos significativos.

El poder judicial dominicano protagonizó también, en medio de la Cumbre Judicial, el Programa “Justicia y Sociedad”. Este programa buscó fortalecer la comunicación entre el poder judicial y la ciudadanía, facilitando experiencias e instrumentos de trabajos novedosos, además de que facilitó talleres de formación de formadores y la participación de expertos nacionales e internacionales.

Faltan otros eventos que se realizarán este año, incluyendo la Cumbre de las Américas, a realizarse en diciembre próximo, y en la que se podría incluir asuntos relacionados con el poder judicial.

Todo ello implica que en lo que va del 2025 la República Dominicana, y en particular su poder judicial se han consolidado como epicentro regional de iniciativas judiciales de alcance internacional. Desde preparativos en España hasta la organización local de la Cumbre Judicial y el Congreso Mundial del Derecho, estas actividades demuestran un claro compromiso con la modernización, transparencia y cooperación judicial global.

Sin embargo, es cada día mayor el cúmulo de denuncias de que en el poder judicial la supervisión y el rigor, en la toma de decisiones para dirimir diferencias entre particulares, se adoptan decisiones controversiales, con poca o ninguna legitimidad jurídica, y respondiendo a intereses grupales, con lo cual se niega la esencia del rol del poder judicial, de conocer los procesos, apegarse a las reglas jurídicas y dictar sentencia de acuerdo con las leyes y la Constitución y no con los intereses a los que se adhieren determinados jueces o departamentos e instancias, incluyendo la propia Suprema Corte de Justicia.

Si la práctica crece, y se expande en la sociedad como criterio establecido, de que los tribunales y los jueces responden a intereses de grupos, o a quien mejor pague las decisiones, se estaría sentando un nefasto precedente, que el país tenía como parte de su historia, y no como una peligrosa práctica del presente.

El Consejo del Poder Judicial debe atender, analizar, estudiar y profundizar en la práctica nociva de la conversión del poder judicial en mercado, y aplicar los correctivos correspondientes, si es que tienen la voluntad y si aún estamos a tiempo.