Abraham Hazoury, empresario y promotor del Aeropuerto Internacional de Bávaro, el 29 de abril de 2025 remitió una comunicación a los miembros del Tribunal Constitucional, para que ponderaran su proyecto empresarial relacionado con la seguridad jurídica, la defensa nacional y la soberanía, y evitaran el monopolio de que un grupo empresarial en particular sea en beneficiario de tener el control del 70 por ciento de los pasajeros turísticos y nacionales que se desplazan por el este del país.
En un momento clave para la institucionalidad dominicana, Hazoury ha hecho llegar a Acento copia de la carta remitida a los jueces del Tribunal Constitucional. En la carta se formula un enérgico llamado a salvar la soberanía nacional, la estabilidad jurídica y el respeto irrestricto a la Constitución. Este documento denuncia abiertamente cómo ciertos grupos de poder buscan mantener monopolios y privilegios, ejerciendo presión para torcer el orden constitucional y asegurar beneficios a la costa del interés colectivo.
La Constitución, por encima de intereses particulares
El autor de la carta subraya que la Constitución es el pacto supremo del pueblo dominicano, y que ninguna facción, por influyente que sea, tiene derecho a vulnerar su letra ni su esencia. Recuerda que el Tribunal Constitucional tiene el mandato irrenunciable de velar por la integridad de esa norma fundamental, sin plegarse a presiones políticas ni a campañas orientadas a debilitar sus decisiones.
Advierte que hay sectores internos con fuertes intereses económicos y políticos que buscan influir en el curso de la justicia, promoviendo interpretaciones a la medida de sus negocios o estructuras de poder. Tales maniobras no solo amenazan el equilibrio institucional, sino que también pretenden imponer un orden paralelo, donde el peso de la ley se acomode a conveniencias particulares.
Ceder a esas presiones -dice el documento- implicaría un riesgo enorme para la República Dominicana: significaría renunciar al principio de igualdad ante la ley y consagrar un escenario donde unos pocos dictan las reglas del juego a expensas del bien común.
Seguridad jurídica: la confianza de inversionistas y ciudadanos
La carta coloca en el centro del debate por una inversión en el área aeroportuaria: la necesidad de preservar un clima de seguridad jurídica claro y predecible, esencial para proteger los derechos de todos los ciudadanos y para garantizar la confianza de quienes apuestan por el desarrollo del país.
El empresario advierte que la falta de certeza jurídica en República Dominicana sobre inversiones, desalienta el crecimiento económico y termina golpeando al empleo y la prosperidad general. Ningún empresario serio —sea local o extranjero— invertirá en un lugar donde los fallos puedan alterarse por la presión de grupos que defienden monopolios o buscan asegurar sus privilegios por vías extra institucionales.
Por eso, reafirma la estabilidad de los criterios del Tribunal Constitucional es indispensable para seguir siendo un país atractivo, con un sistema de justicia predecible, que inspire respeto y seguridad en todos los actores económicos.
Independencia judicial, baluarte de la democracia
Abraham Hazoury también enfatiza el papel insustituible del Tribunal Constitucional como guardián de la democracia y de la separación de poderes. Subraya que los jueces están llamados a hacer respetar la Constitución, incluso cuando sus decisiones puedan contrariar intereses influyentes que desearían un marco legal maleable a su antojo.
“Determinadas instituciones del sector aeronáutico y aeroportuario, que por mandato legal debieron velar por el fiel cumplimiento de los contratos y permisos otorgados, no solo incumplieron con sus obligaciones, sino que ignoraron de manera flagrante los acuerdos debidamente suscritos, atentando contra la seguridad jurídica y la confianza de los inversionistas”, dice el documento.
Destaca que la verdadera justicia no se negocia ni se somete a arreglos detrás de bambalinas. “El pueblo dominicano confía en ustedes —expresa la carta— y espera que actúen con la entereza que el momento histórico demanda, para proteger no solo el texto constitucional, sino la esencia misma de nuestra convivencia democrática.”
Un llamado a la dignidad y al futuro
En su cierre, la carta hace un llamado vibrante a la dignidad nacional, advirtiendo que este es un momento decisivo. Lo que está en juego no es un simple expediente jurídico, sino el futuro del país: si prevalecerá un Estado de derecho firme, capaz de garantizar la igualdad, la competitividad y el desarrollo; o si se permitirá que ciertos grupos continúen dictando normas paralelas para blindar sus intereses particulares.
Así, la misiva propone que la soberanía, la institucionalidad y el respeto a la ley son la única vía para asegurar el bienestar colectivo. Defender la Constitución —y hacerlo con valentía frente a presiones— es la mejor garantía para un crecimiento económico sostenible, para la llegada de inversiones responsables y para que cada dominicano, sin importar su condición, confíe en que la justicia es igual para todos.
A continuación la carta íntegra:
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