La reciente decisión del Tribunal de Ejecución de la Pena de San Cristóbal ha reabierto una herida que la sociedad dominicana se niega a cerrar: la aparente impunidad de los poderosos.
La autorización para que Donni Mayobanex Santana Cuevas, condenado a 20 años de prisión por incesto y violación sexual a una menor, salga de la cárcel para "impartir docencia" es, en el mejor de los casos, un crudo ejemplo de cómo la justicia puede ser doblegada y manipulada en beneficio de unos pocos.
Con solo siete años de una condena de 20, Santana Cuevas recibe un permiso que va más allá de un simple beneficio penitenciario; parece más bien una puerta giratoria diseñada para su conveniencia personal.
El juez José Manuel Arias justifica esta medida bajo la figura de una "salida temporal con fines laborales", un mecanismo que, en teoría, busca la reinserción social. Sin embargo, la pregunta que surge es: ¿qué mensaje envía la justicia cuando se le permite a un condenado por delitos sexuales enseñar en la Escuela del Colegio de Abogados?
Este hecho no solo resulta inconcebible, sino que también insulta la memoria de las víctimas y la integridad de la comunidad.
La indignación no radica únicamente en el hecho de que se le conceda el permiso, sino en la naturaleza del trabajo que se le asigna.
El Ministerio Público ha actuado con la premura que el caso exige, apelando la decisión y buscando su anulación definitiva. Su postura es clara: el permiso es improcedente. Y tienen razón. El sistema penitenciario tiene la obligación de resguardar la seguridad de la sociedad, no de abrirle las puertas a quienes han demostrado ser una amenaza.
Este caso levanta serias preguntas sobre la independencia de nuestros tribunales y la aplicación de la ley. ¿Acaso la reinserción social es un derecho que se otorga según el estatus social o las conexiones políticas?
La decisión del juez Arias no solo desafía el sentido común y la ética, sino que también pone en entredicho la credibilidad del sistema judicial. Es un golpe para las víctimas y para la ciudadanía en general, que observa con impotencia cómo la justicia se doblega ante los intereses de unos pocos.
Además, este episodio subraya la necesidad urgente de una revisión exhaustiva de los criterios que rigen las salidas laborales de los condenados, especialmente en casos de delitos tan graves.
Cabe preguntarse si realmente se están cumpliendo los principios de justicia y equidad, o si, por el contrario, se está perpetuando un sistema que favorece a los privilegiados en detrimento de las víctimas y de la comunidad en su conjunto.
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