Varios casos de corrupción, tanto de pasados como de actuales funcionarios, han sido investigados y, en muchos casos, llevados a la justicia con el resultado de imputados que han resultado culpables y condenados.
Este tipo de política pública, cuando se mantiene de forma sostenida, no solo responsabiliza a quienes cometieron actos ilícitos, sino que fortalece las instituciones y disuade a futuros infractores.
Un caso que, por su alcance y por las responsabilidades que implica, podría convertirse en una prueba decisiva de la seriedad con la que se persigue la corrupción: el relativo al deterioro financiero del Servicio Nacional de Salud ( SeNaSa).
El presidente Luis Abinader declaró el pasado lunes que habrá sanciones en la justicia para quienes sustraigan fondos públicos, especialmente de salud. Sobre el caso de SeNaSa, precisó que desde noviembre del 2024 el Gobierno instruyó al Ministerio Público, a la Cámara de Cuentas y a organismos de control para que investigaran lo ocurrido en esa empresa estatal de servicios de salud.
El caso de SeNaSa merece claridad, diligencia y exhaustividad en la investigación. El gobierno tiene que demostrar con claridad que no protege a nadie por encima de la legalidad y del interés público. No se trata solo de recuperar posibles recursos malversados o mal administrados; es urgente recuperar una entidad que fue entregada al presente gobierno con superávit y operando con los mejores indicadores.
Que la investigación sobre SeNaSa se conduzca con rigor, independencia y transparencia
Es imprescindible que el gobierno haga de este proceso una prioridad, investigar dentro y fuera del SeNaSa, sin importar de que se trate de actores del sector público o del sector privado.
La población exige, con razón, que se identifiquen responsabilidades, se apliquen los mecanismos de rendición de cuentas y que funcione el sistema de consecuencias.
El compromiso contra la corrupción no puede ser selectivo: debe abarcar a todos los sectores que incurran en este delito.
Si se logra avanzar con rapidez y rigor en el caso de SeNaSa, el gobierno consolidará ante la ciudadanía la credibilidad de su promesa, y enviará un mensaje claro a la nación y, de paso, a otros actores económicos, políticos y sociales: la corrupción no paga, y la justicia es igual para todos.
Que la investigación sobre SeNaSa se conduzca con rigor, independencia y transparencia, y que sus resultados sirvan para mejorar la calidad de la gestión pública.
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