Las auditorías de la Contraloría y la labor de informar sobre la gestión pública

Al inicio de septiembre pasado el presidente Luis Abinader impartió las instrucciones a la Contraloría General de la República de hacer públicos 28 informes de auditorías y otros tres informes de seguimiento a 25 instituciones estatales entre el agosto de 2020 y diciembre de 2025, que estaban reservadas a los funcionarios, a fin de lograr una mayor transparencia en la gestión pública de sus dos períodos de gobierno.

La decisión del presidente fue que la Contraloría entregara de manera progresiva esas auditorías a partir del día primero de octubre, en la medida que el  organismo estatal concluyera y remitiera sus informes.

Las auditorías son un procedimiento del sistema de control interno del Gobierno y no corresponden a las fiscalizaciones que pueda realizar la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, que es el auditor externo del gobierno.

De acuerdo con el presidente Abinader, él autorizó la divulgación de los resultados de estos hallazgos porque forman parte de su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas frente a la ciudadanía.

Desde el primer día que se dieron a conocer las auditorías, el pasado 5 de octubre, este diario ha publicado los informes que se entregan a través de la página web de la Contraloría General de la República.

En la nota de prensa publicada en la web de la presidencia de la República, la Contraloría General decía, el 5 de octubre, dice que: “Pese a que la ley no faculta a la Contraloría a realizar dichas publicaciones, el contralor general de la República, Geraldo Espinosa Pérez, explicó que esta nueva entrega dispuesta por el mandatario da continuidad a la divulgación progresiva de las auditorías correspondientes a períodos comprendidos entre agosto de 2020 y diciembre de 2025.

Acento no se caracteriza por acusaciones infundadas, ni por tergiversar, ni dañar alevosamente a nadie. Nos apegamos a los informes oficiales de la Contraloría General de la República. Recogemos los datos de los auditores.

En la nota se informa que “en ese marco legal, el contralor resaltó que la divulgación de estos informes se realiza por delegación del presidente de la República, como parte de las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo para facilitar el acceso público a los resultados de las auditorías y fortalecer los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas”.

Julián P. Herrera, nuestro periodista responsable del seguimiento de las auditorías, ha ofrecido informes bastante detallados de los hallazgos que reportan las auditorías de la CGR.

Algunos funcionarios -y exfuncionarios- auditados se han sentido afectados, atacados, injuriados y dañados por acusaciones maliciosas, alevosas, infundadas y por supuestamente incluir tergiversaciones y colocar títulos agresivos, que buscan lectores ansiosos por cuestiones escandalosas.

Acento no se caracteriza por acusaciones infundadas, ni por tergiversar, ni dañar alevosamente a nadie. Nos apegamos a los informes oficiales de la Contraloría General de la República. Recogemos los datos de los auditores. Y si hay réplicas de los auditados, como parte de los informes, las incluimos, y anotamos los aspectos subsanados o en proceso de subsanación de acuerdo con el informe.

En Acento asumimos con responsabilidad nuestra labor de informar lo que resulta de las auditorías oficiales, tanto de la Cámara de Cuentas como de la Contraloría General de la República.

En ambos casos, se trata de entidades estatales que tienen la labor de auditar de forma interna y externa las cuentas del gobierno.

Esas auditorías detectan incumplimientos en los presupuestos versus las ejecuciones. No determinan actos de corrupción, ni hacen señalamientos acusatorios. Si una entidad tiene un presupuesto de 5,000 pesos y ejecuta 10,000 pesos, la sobre ejecución se considera una irregularidad. No es Acento quien acusa ni señala ninguna irregularidad. Lo hacen los auditores en sus informes, y son ellos los que revisan documentos, cuentas, y luego hacen preguntas y determinan dónde hubo irregularidad y donde hubo cumplimiento.

De acuerdo con la Cámara de Cuentas y con la Contraloría General de la República ninguna institución pública cumple a la perfección el presupuesto asignado. Si el presupuesto queda ejecutado por debajo de lo planeado, el monto que queda sin ejecutar es considerado una irregularidad.

La decisión del presidente fue que la Contraloría entregara de manera progresiva esas auditorías a partir del día primero de octubre, en la medida que el  organismo estatal concluyera y remitiera sus informes.

Félix Reyna, vocero de la presidencia, dijo que la autorización del  presidente para publicar las auditorías de la CGR era "histórica y trascendental", y afirmó que, a su juicio, refleja un compromiso de la gestión de Abinader con la transparencia y el escrutinio público.

“Estos resultados de auditorías permitirán también tomar los correctivos de lugar para mejorar las áreas que así lo ameriten a favor de las buenas prácticas administrativas”, dijo el funcionario el pasado 8 de octubre.

Así de sencilla es la cuestión. Ni Julián P. Herrera ni Acento estamos fusilando a nadie. Estamos reportando unas auditorías que son relevantes para la transparencia pública, como ordenó el presidente Luis Abinader, al momento de autorizar la publicación de las auditorías desde agosto 2020 hasta diciembre del 2025.