La investigación de la tragedia del Jet Set y lo que se espera de las autoridades

Han pasado 12 días de la tragedia del Jet Set, y la Semana Santa ha sido impactada por este acontecimiento. El duelo es colectivo, muchas personas prefirieron quedarse en sus hogares, otros renunciaron a reservaciones y visitas a lugares de alta concentración, especialmente las playas.

La despedida de los cadáveres, y de lo que quedó de los cuerpos de muchas de las 231 personas fallecidas, finalizó con la sepultura de aquellos que a sus familiares fue posible hacerlo como la costumbre manda.

El duelo sigue latente, y se va transformando poco a poco, como había sido previsto por especialistas de la conducta. La parte más difícil y dolorosa viene unas semanas después del acontecimiento trágico que nos quitó a cientos de seres queridos, admirados y respetados.

Se comienza a reclamar justicia. Se comienza a observar conductas y decisiones de las autoridades responsables de la investigación, y de poner en marcha un proceso que ayude a resarcir los daños causados, identificar las irregularidades que posibilitaron la tragedia, y si hay datos, pruebas, indagaciones que ayuden a registrar negligencias que, de haberse atendido oportunamente, habrían evitado la desgracia del 8 de abril.

Especialistas de estructuras, dentro del campo de la ingeniería, han comenzado a ofrecer informes sobre las potenciales fallas de la estructura de la discoteca Jet Set. Habría que tomar esos documentos como hipótesis, como adelanto de conclusiones posibles de parte de los investigadores oficiales de la Oficina Nacional de Evaluación Sísmica y Vulnerabilidad de Infraestructura y Edificaciones (ONESVIE). Acento ha dado a conocer íntegramente dos informes, uno del ingeniero Piter J. Bonilla D. de Santiago, con más de 25 años de experiencia, y otro del ingeniero Francisco Soto, con una larga lista de investigaciones y trabajos realizados en diferentes lugares, especialmente en Venezuela.

Hasta ahora no hay conclusiones, ni puede haberlas, porque se requieren pruebas de laboratorios, composición química de los materiales colapsados, escenarios de la forma en que la estructura cedió, y revisión de los archivos sobre un incendio del 2023 en Jet Set, y los documentos que autorizaron el cambio del local, de un cine a una discoteca, además de los reportes sobre los pesos exteriores de los objetos colocados en el techo del lugar, y si aquello se permitió sobre la base de investigaciones y medidas de la capacidad de las columnas y soportes de la estructura.

Nada es definitivo, pero la gente quiere ya acciones de las autoridades sobre el responsable principal de este trágico suceso. Todo el mundo identifica al propietario del Jet Set, señor Antonio Espaillat. Su madre es parte de la empresa propietaria, y es posible que haya otras personas, pero el principal responsable es Antonio Espaillat, un empresario joven, agresivo en los negocios y en las alianzas para formar empresas y sociedades en diferentes áreas, muy especialmente en radiodifusión, restaurantes, empresas de publicidad, vallas, alimentos y de diversión, como en este caso la discoteca Jet Set.

La presión en las redes sociales es intensa, y cada día hay más agresividad y reclamos de que el señor Espaillat sea sometido a medidas de coerción, como ocurrió en el pasado con accidentes ocurridos en edificaciones. Ocurrieron en diferentes fechas en La Vega, Santiago y San Cristóbal. Se procedió de parte del Ministerio Público con medidas de coerción, por responsabilidad penal, en ocasión de accidentes ocurridos, que no atribuían intención de que ocurrieran a sus propietarios, pero que como tales tenían la responsabilidad de responder frente a los daños ocasionados.

La renuncia del abogado Jorge Luis Polanco a la condición de coordinador del equipo de abogados responsables de la recuperación de bienes públicos, en nombre del Estado, para asumir la defensa legal de la empresa Jet Set y de su propietario, ha generado múltiples interpretaciones, algunas que directamente vinculan al presidente Luis Abinader con el señor Antonio Espaillat.

Son parte de las especulaciones, y seguirán circulando más versiones, algunas verdaderamente insólitas, que ya dan por un hecho la impunidad del señor Espaillat. Sin embargo, habría que atender las razones que el abogado penalista explicó en sus dos cartas. Terminó su relación con el Estado, renunciando a su coordinación del equipo de abogados, por razones éticas, y se entiende para no vincular al Poder Ejecutivo con su decisión.

Jorge Luis Polanco ejerció un derecho como profesional, de acoger la defensa de una persona que está en el centro de una tragedia y que tendrá que acudir a los tribunales con imputaciones criminales, con reclamos de reparaciones civiles, por un suceso que quitó la vida a 231 personas y que dejó lesionadas a otras 200 personas.

El ejercicio legal que requiere el señor Espaillat es grueso, de gran trascendencia, y ha sido su decisión contratar los servicios de Polanco. Toda persona, por más deleznable que sea el crimen que se le impute, tiene derecho a ser defendido. En este caso se trata de una decisión del que necesita la defensa y del que puede ofrecer sus servicios como abogado. Incluso, la naturaleza de su acuerdo no es de la incumbencia de terceros, a menos que los que lo pactaron deseen darlo a conocer.

Antonio Espaillat tiene espacio para organizar su propia defensa, y está ejerciendo ese derecho. Pero hay otros derechos que son más dramáticos que los que ejerce Espaillat, que son los de las víctimas y sus familiares. Las autoridades del Ministerio Público están en la obligación de tener pendientes los derechos de las casi 500 víctimas, tienen que actuar con agilidad y prudencia, no descuidar su responsabilidad ni permitir que sea notorio ningún desgano, y que la condición de empresario de la comunicación de Espaillat, no le garantice ninguna impunidad ni un tratamiento con privilegios, que es lo que más se teme en este delicado caso, que urge de los actos de la investigación técnica y objetiva y de la imparcialidad de quienes deben tomar las decisiones que reclamen las víctimas y sus representantes.