Cuando un sistema colapsa el mismo día en que miles de maestros y maestras se presentan a ser evaluados, el mensaje que recibe la sociedad es devastador: el Estado no estaba listo. Y eso, en materia educativa, tiene un costo que va mucho más allá de lo administrativo.
Tiene un costo alto en la percepción del sistema más trascendental, cimiento del desarrollo: la educación.
La quinta etapa de la Evaluación de Desempeño Docente (EDD) 2025-2026, que debía marcar un hito en la consolidación de la carrera magisterial dominicana, comenzó el pasado 20 de abril entre reportes de fallas en la plataforma digital del Ministerio de Educación (MINERD), centros donde el sistema no respondió a tiempo y docentes que no pudieron iniciar sus pruebas en el horario establecido. La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) no tardó en calificarlo como una "falta de planificación", y difícilmente se puede argumentar lo contrario.
Desde ayer, postergada la quinta etapa, se anuncia la sexta. La visita a las aulas… Pero el correo que deben recibir los docentes, tampoco ha llegado. Por igual, nada se sabe del "drive" en el cual se debe colocar la planificación que será evaluada, tal como se explicó y se dispuso.
Continuar sin concluir un proceso, tal como debe ser reconocido por quienes llevan las riendas del sistema educativo, puede ser perjudicial, ya que no habrían garantías reales del panorama áulico que se busca renovar y convertir en el despegue del desarrollo del país.
Es decir, los vaivenes de la evaluación docente no es un problema menor. Estamos hablando del proceso que define incentivos salariales para el magisterio nacional. Una prueba que incide directamente en el bolsillo de los maestros y de las maestras y, en consecuencia, en su motivación para ejercer con excelencia. Fallar en la logística de este proceso no es solo un tropiezo técnico: es una señal de que el sistema aún no está a la altura de la ambición que el propio MINERD se ha planteado.
La evaluación docente no es simple un trámite burocrático. Es una apuesta de país. Y como tal, merece ser tratada con la seriedad, los recursos y la planificación que exige su importancia.
Dicho esto, sería un error mayúsculo dejar que las fallas operativas opaquen la importancia estructural de lo que se está construyendo. La Evaluación de Desempeño Docente es, en esencia, uno de los instrumentos más poderosos con los que cuenta el Estado dominicano para transformar la calidad educativa desde adentro.
Evaluar a los maestros y a las maestras no es desconfiar de ellos. Es reconocer que la enseñanza es una profesión que exige actualización permanente, que el aula es un espacio dinámico y que los estudiantes merecen docentes que sean medidos, acompañados y reconocidos por su desempeño real. Los países con sistemas educativos más sólidos del mundo —Finlandia, Singapur, Corea del Sur— tienen en común una cosa: tratan la profesión docente con rigor y con respeto al mismo tiempo.
La EDD dominicana, que integra múltiples dimensiones —desde la autoevaluación hasta la perspectiva de directivos, pares y familias—, apunta en la dirección correcta. El hecho de que el proceso haya alcanzado un 63% de avance en su cuarta etapa y que el MINERD reportara un 77% de ejecución antes de entrar a la quinta fase habla de una participación significativa del magisterio. Eso es un activo que no se puede desperdiciar.
Ahora bien, desde nuestra postura de apoyo al proceso, el Ministerio de Educación tiene ante sí una responsabilidad que no admite excusas. Si el Estado le exige a los docentes que se sometan a un proceso de evaluación —con todo lo que eso implica en términos de presión, tiempo y consecuencias salariales—, lo mínimo que puede garantizar es que la infraestructura tecnológica funcione.
Esto requería, en primer lugar, pruebas de estrés reales de las plataformas antes de cada etapa. No simulacros de escritorio, sino ensayos que repliquen la carga simultánea de miles de usuarios conectados desde distintos puntos del país. En segundo lugar, protocolos de contingencia claros: qué hace un centro educativo cuando el sistema falla, quién responde, en cuánto tiempo y cómo se garantiza que ningún docente quede fuera del proceso por causas ajenas a su voluntad. Y estos, al parecer, no quedaron claros.
En tercer lugar, el MINERD debe mejorar sustancialmente la comunicación con el magisterio. Los maestros no pueden enterarse de los ajustes y extensiones de plazo a través de los medios de comunicación o de rumores en los grupos de WhatsApp. La institucionalidad exige canales directos, oportunos y transparentes. Por igual, es de mejorar las horas de las publicaciones en las madrugadas en redes sociales… El descalabro de la quinta etapa debe dejar la enseñanza de que persiste la brecha digital, fundamental para la planificación de una estrategia de comunicación.
Finalmente, más ahora que nunca, es imprescindible que el Ministerio fortalezca su alianza con la ADP no solo en los momentos de crisis, sino en la planificación.
Cuando la EDD funcione como debe —y tiene que funcionar por el bien de nuestro desarrollo como nación—, los beneficios para el sistema educativo dominicano serán concretos y medibles. Tanto que el país deberá consolidar una cultura de evaluación en el sector educativo que puede extenderse a otras áreas del Estado: que el mérito importa, que la rendición de cuentas es posible y que la inversión en educación tiene que ir acompañada de mecanismos que garanticen su efectividad.
La evaluación docente no es simple un trámite burocrático. Es una apuesta de país. Y como tal, merece ser tratada con la seriedad, los recursos y la planificación que exige su importancia.
El MINERD tiene la oportunidad de convertir este proceso en un modelo de gestión pública eficiente. Pero para eso necesita asumir con honestidad lo que falló, corregirlo sin demora y garantizar que las próximas etapas transcurran con la fluidez que los maestros dominicanos merecen.
Los docentes pusieron de su parte. Ahora le toca al Ministerio estar a la altura.
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