España demuestra que sí es posible: regularizar es gobernar con inteligencia

Mientras medio mundo levanta muros, cava zanjas y organiza redadas, España acaba de hacer algo que muchos gobiernos consideran imposible o políticamente suicida: abrirle la puerta a la legalidad a cerca de medio millón de personas que ya viven, trabajan y contribuyen en su territorio, entre quienes se estima hay miles de dominicanos y dominicanas.

El 14 de abril de 2026, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto de regularización extraordinaria, que habilita a migrantes en situación irregular a solicitar permiso de residencia y trabajo hasta el 30 de junio próximo. Pedro Sánchez lo llamó, sin ambages, "un acto de justicia y de economía". Tenía razón en ambas cosas.

Para entender la magnitud de lo que España acaba de hacer, hay que mirar el contexto global. En Estados Unidos, la administración Trump ha convertido al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas —ICE, por sus siglas en inglés— en el símbolo más brutal de una política que criminaliza la pobreza. Según datos oficiales publicados apenas esta semana, Estados Unidos deportó 442,637 personas en el año fiscal 2025, y aun así la Casa Blanca considera esa cifra insuficiente.

Una coalición vinculada al movimiento MAGA presentó un plan llamado Mass Deportation Coalition Playbook que propone deportar un millón de personas en 2026, con redadas en fábricas, más cárceles y tolerancia cero. El ICE opera hoy en iglesias, hospitales y escuelas. El terror es la herramienta.

En Chile, el recién asumido presidente José Antonio Kast —en el poder desde el 11 de marzo— frenó de inmediato la regularización de 182,000 migrantes que había impulsado el gobierno anterior de Gabriel Boric, y lanzó el llamado "Escudo Fronterizo": zanjas de tres metros de profundidad en el norte del país, proyectos de ley contra el ingreso irregular y la promesa de expulsiones masivas. Un mes después de asumir, el gobierno de Kast no puede mostrar cifras concretas de expulsados, pero sí tiene las zanjas. La imagen lo dice todo. Recordemos que antes de asumir el poder, Kast realizó una visita a la frontera de la República Dominicana para —así lo expresó— aprender de lo que ha realizado la República Dominicana.

No se trata de abrir fronteras sin control. Se trata de gestionar con realismo lo que ya existe. Los migrantes irregulares no desaparecen con una orden de deportación; se esconden, se vuelven más vulnerables, alimentan economías informales y redes de explotación.

También en Ecuador, el gobierno ejecutó en marzo el llamado "Operativo Pandora", que detuvo a 144 personas migrantes —en su mayoría venezolanas y colombianas— en la provincia de Imbabura, sin notificación previa ni garantías procesales suficientes, según denunciaron organizaciones de derechos humanos. Ecuador, que firmó una declaración con la Unión Europea para fortalecer el control fronterizo, avanza hacia un modelo de gestión migratoria que prioriza la contención sobre la integración.

República Dominicana no puede quedar fuera de este análisis. La Dirección General de Migración (DGM) informó que en lo que va de 2026 han sido deportados 99,268 "indocumentados", de los cuales 99,250 son de nacionalidad haitiana. Solo en marzo fueron repatriadas 31,310 personas. Durante Semana Santa, más de 2,000 personas fueron deportadas en cuatro días. El presidente Abinader reforzó la vigilancia fronteriza en abril, en el marco de la crisis en Haití.

Nadie desconoce la complejidad de la situación dominicana. La frontera con Haití es una realidad geopolítica sin parangón en el hemisferio: compartimos isla con un Estado en colapso, y eso genera presiones migratorias que ningún gobierno puede ignorar. Pero la pregunta que debemos hacernos —y que España nos obliga a hacernos— es si la deportación masiva y permanente es una política o simplemente una postergación infinita del problema.

Desde Acento hemos reportado que el Consejo Económico y Social (CES) presentó al presidente Abinader una propuesta para reglamentar la mano de obra extranjera en sectores como la construcción y la agricultura —donde la dependencia de trabajadores haitianos es estructural y reconocida por todos—, y esa propuesta permanece sin avance. Esa parálisis tiene un costo: económico, social y moral.

El plan español no es un acto de ingenuidad. Es el resultado de un diagnóstico honesto: hay personas que ya están integradas en la sociedad, que pagan alquiler, que cuidan ancianos, que construyen edificios, que crían hijos en escuelas españolas, y que sin embargo no existen para el Estado. Regularizarlas no es premiar la irregularidad; es reconocer una realidad que la burocracia había decidido ignorar.

Los requisitos del decreto son claros: ser mayor de edad, haber permanecido en España al menos cinco meses continuos antes de la solicitud, no tener antecedentes penales y contar con un documento identificativo. No es una amnistía ciega. Es una política de Estado con criterios.

Y el argumento económico es contundente. La patronal española y la propia Iglesia Católica avalaron la medida. Porque regularizar trabajadores significa más cotizantes a la seguridad social, más consumidores en la economía formal, más contribuyentes al fisco. España tiene un problema demográfico severo —población envejecida, baja natalidad— y necesita mano de obra. Reconocerlo no es debilidad; es inteligencia.

El discurso dominante en América Latina y en el mundo dice que no hay alternativa: "o deportamos o nos desbordan". España acaba de demostrar que esa es una mentira política, no una verdad técnica.

No se trata de abrir fronteras sin control. Se trata de gestionar con realismo lo que ya existe. Los migrantes irregulares no desaparecen con una orden de deportación; se esconden, se vuelven más vulnerables, alimentan economías informales y redes de explotación. La regularización los saca de esa sombra y los convierte en actores visibles, con derechos y con obligaciones.

Desde Acento creemos que República Dominicana necesita con urgencia una política migratoria integral, que vaya más allá de los operativos y las cifras de deportación. Una política que reconozca la contribución real de los trabajadores migrantes a nuestra economía, que establezca mecanismos de regularización para quienes llevan años en el país, que proteja los derechos humanos en cada operativo y que trate la migración como lo que es: un fenómeno estructural que requiere soluciones estructurales.

El mundo mira a España con asombro porque esperaba que también eligiera el miedo. Eligió la inteligencia. Esa es la señal. Y vale la pena escucharla.