La propuesta presentada por el Consejo Económico y Social (CES) al presidente Luis Abinader, que busca establecer un plan para reglamentar la mano de obra extranjera en sectores como la construcción y la agricultura, sigue sin avanzar dentro de la agenda oficial del Gobierno.
La propuesta tiene como objetivo implementar mecanismos legales y administrativos que permitan y agilicen la emisión de permisos de trabajo temporales para migrantes, especialmente aquellos de nacionalidad haitiana. Fue entregada por la entidad al mandatario y a los principales líderes de los partidos de oposición, quienes, en ese momento, no manifestaron objeciones a la propuesta.
Desde que el Gobierno puso en marcha, en octubre de 2024, las deportaciones masivas de ciudadanos haitianos a través de la Dirección General de Migración, sectores como la construcción —tanto en proyectos públicos como privados— han sufrido una severa escasez de mano de obra extranjera. Esta medida también ha generado una caída considerable en la producción agrícola, además de provocar atrasos importantes en la construcción y entrega de viviendas, según han denunciado sectores afectados.
Las deportaciones de inmigrantes han alcanzado niveles sin precedentes: en los últimos dos años, las autoridades han repatriado a más de 500,000 extranjeros. El Gobierno sostiene que estas medidas son fundamentales para proteger el empleo de los dominicanos y garantizar la seguridad pública; no obstante, organismos internacionales y entidades defensoras de derechos humanos han lanzado severas críticas, cuestionando tanto la legitimidad como el impacto social de estas acciones.
Entre ellas, se destacan el Grupo de Apoyo a Retornados y Refugiados (GARR), la Plataforma Haitiana de Defensa para un Desarrollo Alternativo (PAPDA), la Plataforma de Organizaciones Haitianas de Derechos Humanos (POHDH), la Asamblea de los Pueblos del Caribe (APC/ALBA) y la Comisión Justicia y Paz de Haití. Estas entidades han denunciado lo que consideran una grave crisis humanitaria que enfrentan los migrantes haitianos en la República Dominicana.
De acuerdo con estas agrupaciones, el flujo migratorio entre Haití y República Dominicana está arraigado en una dinámica histórica y económica, donde Haití provee mano de obra barata a diversos sectores productivos dominicanos, especialmente en la agricultura y la construcción.
Impacto de las deportaciones
Las deportaciones de inmigrantes haitianos han generado un impacto negativo considerable en los sectores productivos dominicanos, afectando principalmente a los cultivos agrícolas y a los proyectos de construcción, tanto gubernamentales como privados. En el sector agrícola, la ausencia de trabajadores migrantes ha provocado una disminución significativa en la producción de cultivos esenciales como arroz, plátano y habichuelas.
Por otro lado, el sector de la construcción también se ha visto seriamente perjudicado. Los proyectos habitacionales han experimentado retrasos importantes en la entrega de viviendas, incrementos sustanciales en los costos de producción y una disminución en la capacidad de respuesta ante la demanda creciente.
Diversas organizaciones, entre ellas la Asociación de Productores de Constanza y la Confederación Dominicana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la Construcción (Copymecon), han manifestado su preocupación por el impacto negativo que estas políticas migratorias están generando en sus sectores. Han advertido que la reducción de la mano de obra extranjera afecta directamente el desarrollo y la productividad de sus actividades económicas.
La recomendación del CES
En septiembre de 2025, Rafael Toribio, quien encabeza el Consejo Económico y Social (CES), entregó al presidente Luis Abinader el informe final resultante del diálogo sobre Haití realizado junto a las principales fuerzas políticas de la República Dominicana.
El documento destaca, entre sus principales recomendaciones, la necesidad de poner en marcha un plan integral para la reglamentación de la mano de obra extranjera, con el objetivo de enfrentar los retos actuales y fortalecer áreas estratégicas como la construcción y la agricultura.
El informe también propone establecer un mecanismo de monitoreo para la implementación de las propuestas consensuadas. Este mecanismo, según la entidad, busca evitar que las recomendaciones se queden solo en el papel, asegurando un seguimiento real del cumplimiento de los acuerdos alcanzados por representantes de los sectores político, social, laboral y empresarial. Sin embargo, la propuesta sigue estancada.
Figuras como el expresidente Hipólito Mejía se han sumado a las voces que apoyan la implementación de un plan para la reglamentación de la mano de obra haitiana, especialmente en los sectores de la construcción y la agricultura. Mejía destaca la importancia de alcanzar acuerdos y contar con la participación activa de los actores productivos involucrados.
Una iniciativa que nunca avanzó
En ese mismo contexto, el ministro de Trabajo, Eddy Olivares, anunció en junio de 2025 que su dependencia estaba trabajando en la elaboración de un plan para regular de manera efectiva la presencia de trabajadores haitianos en el sector de la construcción. Olivares explicó en ese momento que, para alcanzar esta meta, se estaba coordinando una estrategia conjunta con la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi), con quienes había sostenido reuniones y reportaba avances alentadores.
La iniciativa del funcionario contrastó abiertamente con la postura oficial del Gobierno, ya que mientras el primero planteaba la necesidad de regularizar a los trabajadores extranjeros, la política migratoria gubernamental rechaza cualquier plan de regularización y, por el contrario, sostiene la continuidad de las repatriaciones.
Quienes se oponen al plan
La propuesta del Consejo Económico y Social para implementar un plan de reglamentación de la mano de obra extranjera ha generado fuertes objeciones por parte de distintos sectores sociales y políticos. Estos advierten que cualquier intento de regularizar o conceder permisos temporales de trabajo a ciudadanos extranjeros, especialmente haitianos, podría representar un riesgo para la institucionalidad y la soberanía nacional.
Abel Martínez, excandidato presidencial del PLD (2024-2028), ha señalado que abrir procesos de regularización laboral en sectores como la agricultura, la construcción o el turismo, sin establecer controles rigurosos y sin contar con un respaldo jurídico sólido, podría provocar un escenario de descontrol migratorio. Según Martínez, esta situación pondría en riesgo la capacidad del Estado para mantener el orden y proteger la soberanía nacional sobre su territorio.
Por su parte, Wilson Gómez, presidente del Instituto Duartiano, ha reiterado en diversos foros su firme rechazo a cualquier iniciativa que permita la regularización de extranjeros en situación migratoria irregular o sin la debida documentación. Esto incluye la expedición de permisos temporales de trabajo y la entrega de documentos de identidad personal a extranjeros. Gómez sostiene que la implementación de estas medidas podría llevar a las autoridades dominicanas a actuar fuera del marco legal y constitucional vigente.
De igual modo se ha pronunciado el líder de la Fuerza Nacional Progresista (FNP), Vinicio Castillo, al afirmar que la implementación de un nuevo plan de regularización o reglamentación para ciudadanos haitianos representaría, en la práctica, la anulación de las medidas “firmes y patrióticas” adoptadas por el presidente Abinader en defensa de la soberanía de la República Dominicana.
Sobre permisos temporales
Ante la escasez de trabajadores en el sector de construcción de viviendas y en las plantaciones agrícolas, empresarios y propietarios agrícolas han solicitado al Gobierno la expedición de permisos de trabajo temporales para migrantes haitianos. Según advierten, esta medida es esencial para evitar el colapso en las áreas consideradas fundamentales para la economía nacional.
Organizaciones de gran relevancia, como la Asociación Dominicana de Hacendados y Agricultores (ADHA) y la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), han venido solicitando al presidente Luis Abinader que autorice la emisión de permisos de trabajo temporales para empleados extranjeros en sectores clave como el agrícola, industrial y otras áreas estratégicas de la economía nacional. Según advierten, esta medida resulta indispensable para evitar el colapso de actividades esenciales que sostienen el desarrollo económico del país.
No obstante, hasta ahora Luis Abinader no ha emitido la autorización correspondiente para que la Dirección General de Migración implemente un proceso dirigido a la concesión de permisos laborales a los ciudadanos haitianos que se desempeñan en los sectores mencionados.
Mermas en cultivos agrícolas
La escasez de trabajadores extranjeros en las plantaciones agrícolas ha generado una caída notable en la producción de cultivos esenciales como arroz, plátano, habichuelas y otros productos del campo. La falta de mano de obra, integrada principalmente por migrantes haitianos que durante años han sustentado el sector agrícola, ha ocasionado retrasos en las cosechas, una reducción considerable en la cantidad de productos recolectados y serios problemas de abastecimiento de alimentos a nivel nacional.
Así lo plantean diversos sectores vinculados a la producción de alimentos, como los productores de banano y arroz de la región de la Línea Noroeste, que han manifestado que la política gubernamental de detener y repatriar a trabajadores haitianos ha generado un impacto negativo en el sector agrícola. Según estos grupos, la drástica reducción de la mano de obra migrante pone en grave riesgo la continuidad de las actividades agrícolas.
Esta situación ha elevado los costos para los productores, obligándolos a optar por alternativas más caras o reducir el área de siembra ante la falta de mano de obra. Como resultado, hay menos oferta de productos básicos, lo que impacta a consumidores y al sector agrícola, según han indicado entidades como la Asociación Selbami.
De acuerdo con sus análisis, actualmente alrededor del 90 % de los trabajadores del sector agrícola son originarios de Haití. Han señalado que se requiere con urgencia la incorporación de 15,000 jornaleros haitianos, advirtiendo que, si no se logra cubrir esa necesidad, el sector corre el riesgo de desaparecer.
Sector construcción semiparalizado
Los proyectos habitacionales, tanto públicos como privados, se han visto seriamente afectados por las deportaciones masivas de inmigrantes haitianos. Esta situación ha provocado una marcada escasez de mano de obra en el sector de la construcción, lo que se traduce en retrasos significativos en la entrega de viviendas, incrementos sustanciales en los costos de producción y una disminución en la capacidad de respuesta ante la creciente demanda habitacional, especialmente en zonas urbanas donde el déficit es mayor, consideran expertos en el tema.
Por ello, Eliseo Cristopher, presidente de la Confederación Dominicana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas de la Construcción (Copymecon), ha señalado en reiteradas ocasiones que la eliminación abrupta de la mano de obra haitiana en el sector construcción podría detener completamente las actividades de este sector.
En la misma línea, la Asociación de Constructores y Promotores de Viviendas (Acoprovi) ha manifestado su preocupación por los efectos negativos que enfrenta el sector de la construcción debido a la notable disminución de trabajadores haitianos. El gremio ha señalado una caída significativa en la disponibilidad de mano de obra haitiana, especialmente durante fases clave como las labores iniciales y de obra gris.
Mecanización agrícola y de la construcción
El presidente Luis Abinader ha mostrado resistencia a implementar un plan de regulación para la mano de obra extranjera, especialmente la haitiana, pese a las demandas y solicitudes persistentes de diversos sectores productivos, principalmente aquellos vinculados a la agricultura y la construcción.
En cambio, el Gobierno ha anunciado una inversión de RD$ 2,700 millones destinada a la mecanización tanto de la construcción como de la agricultura. Adicionalmente, se informó que ya se han invertido más de RD$ 2,800 millones en programas enfocados en fortalecer estos sectores estratégicos.
En consonancia con la decisión presidencial, el ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat, ha reiterado que el programa destinado a reducir la dependencia de la mano de obra haitiana en el sector agropecuario avanza con firmeza y sin retroceso. Ante esta realidad, Espaillat enfatizó la necesidad de impulsar la modernización del sector agrícola mediante la incorporación de tecnología avanzada, la mecanización de procesos y un acceso más eficiente al financiamiento.
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