Hay una escena que la procuradora Yeni Berenice Reynoso contó esta semana y que merece detenerse en ella. Un expediente de destitución. Una colaboradora que no cumplía metas ni horario. Al fondo de esas páginas frías: una madre soltera con un hijo que necesita terapias. Una mujer que, como tantas otras en República Dominicana, estaba librando dos jornadas simultáneas —la laboral y la del cuidado— sin que ninguna institución le tendiera la mano.

Que la máxima autoridad del Ministerio Público haya leído ese expediente de otra manera, que haya decidido que la respuesta correcta no era el despido sino el rediseño institucional, es un gesto que va mucho más allá de la gestión administrativa.

Es, en el fondo, un acto político.

No es un dato menor que la historia que motivó "Nosotros: Espacio Vital" sea la de una madre. Tampoco es casualidad. En República Dominicana, los datos oficiales son contundentes: las mujeres duplican la participación de los hombres en las labores de cuidado no remunerado, según reveló el propio Ministerio de la Mujer en abril de este año ante organismos regionales. Y el 80% de las dominicanas considera que esas labores limitan su crecimiento profesional y personal, de acuerdo con cifras presentadas por la ministra Gloria Reyes en marzo pasado.

Son números que describen una arquitectura de desigualdad construida ladrillo a ladrillo durante décadas: la idea de que el cuidado es una responsabilidad privada, femenina y silenciosa. Que las terapias, las citas médicas, los turnos en el hospital, los campamentos de verano y las noches de vigilia son asuntos que cada familia —léase: cada mujer— resuelve como puede, sin que el mundo laboral se inmute.

Cuando una institución del Estado dice "esto nos importa y lo vamos a financiar", está rompiendo ese pacto tácito. Está nombrando lo que existía pero nadie quería ver.

El programa del Ministerio Público contempla jornadas laborales especiales, permisos para terapias y consultas, un fondo permanente de asistencia y un campamento de arte en verano. Son medidas concretas, con presupuesto recurrente. No son promesas de campaña ni declaraciones de buenas intenciones.

Pero para que su impacto sea verdaderamente transformador, es necesario nombrarlo con precisión: esto no es un beneficio que la institución le otorga generosamente a sus empleados. Es corresponsabilidad. Es el reconocimiento de que el Estado —y los empleadores en general— han externalizado durante demasiado tiempo el costo del cuidado hacia las familias, y dentro de las familias, hacia las mujeres.

La flexibilidad laboral con perspectiva de género no es un lujo ni una concesión. Es una condición mínima para que la igualdad de oportunidades no sea solo un enunciado constitucional. De nada sirve que el 82.2% de los nuevos empleos creados en el último año correspondan a mujeres —como destacó la ministra Reyes— si esas mismas mujeres deben elegir entre su trabajo y el bienestar de sus hijos e hijas.

La procuradora Reynoso lo dijo con claridad: "La condición de un hijo o una hija jamás debe ser un techo de cristal para el crecimiento profesional de sus madres". La frase es poderosa. Y sin embargo, hay que leerla con honestidad de género: ese techo cae, de manera desproporcionada, sobre las madres.

Son ellas quienes con mayor frecuencia reducen sus horas, rechazan ascensos, abandonan el mercado laboral o aceptan empleos por debajo de su calificación para poder atender a hijos con necesidades especiales. Son ellas quienes, en ausencia de políticas institucionales, absorben el costo con su propio tiempo, su propio cuerpo y su propia carrera.

Por eso, cuando el Ministerio Público diseña un modelo de gestión que reconoce esa realidad, no está haciendo un favor a las madres. Está corrigiendo una injusticia estructural. Y está enviando un mensaje al resto del sector público y privado: que es posible ser eficiente y humano al mismo tiempo.

Sería ingenuo leer "Nosotros: Espacio Vital" como la solución definitiva. República Dominicana todavía no tiene un Sistema Nacional de Cuidados —aunque el Senado aprobó en primera lectura un proyecto de ley en ese sentido en abril pasado, un avance que merece seguimiento—. La reforma laboral que acaba de aprobar la Cámara de Diputados amplió la licencia por paternidad, pero aún queda un largo trecho para que la corresponsabilidad sea norma y no excepción.

Lo que hace el Ministerio Público es, en ese contexto, una señal. Una demostración de que las instituciones pueden anticiparse a la ley cuando tienen voluntad política. Que no hay que esperar a que el marco normativo cambie para empezar a tratar a los trabajadores como personas completas, con vidas que no se detienen al entrar a la oficina.

El periodista Fernando Quiroz, padre de un adolescente dentro del espectro autista, lo resumió con una frase que debería grabarse en la pared de cada departamento de recursos humanos del país: "Las familias necesitan acompañamiento… sienten que no están solas". 

En definitiva, una institución que persigue la justicia en los tribunales y no la practica con su propio personal tiene un problema de coherencia. El Ministerio Público, con esta iniciativa, está apostando a que la coherencia es posible. Que se puede construir una cultura organizacional donde el rendimiento no se mida solo en metas cumplidas, sino también en la capacidad de sostener a las personas que sostienen a otros.

Eso es, en definitiva, lo que significa tomarse en serio el cuidado: entender que detrás de cada servidor público hay una vida entera, y que cuando el Estado acompaña esa vida, también está haciendo justicia.

El tiempo que una madre dedica a llevar a su hijo a terapia no es tiempo robado al trabajo. Es trabajo. Y ya era hora de que alguien en una institución pública lo reconociera así. Ojalá que otras instituciones y empresas sigan este sendero que ha abierto la procuradora Reynoso.

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Ministerio Público crea “Nosotros: Espacio Vital” con horarios flexibles y fondo de apoyo para servidores con hijos con necesidades especiales | Acento