El sistema de partidos que nadie quiere auditar

El Gobierno del presidente Luis Abinader propone recortar a la mitad el financiamiento público a los partidos políticos. El sector empresarial aplaude. La oposición protesta. La Junta Central Electoral advierte. Y en medio de ese ruido, nadie hace la pregunta que realmente importa: ¿En qué se ha gastado ese dinero?

Desde el año 2000, el Estado dominicano ha transferido a los partidos políticos decenas de miles de millones de pesos. La Junta Central Electoral, el organismo constitucionalmente encargado de fiscalizar esos fondos, no realiza una auditoría formal a los partidos desde 2009, pero exige no recortes. Diecisiete años. Cuatro ciclos electorales. Cero rendición de cuentas pública.

Ese es el sistema que hoy está en el centro del debate. Y ese es el sistema que nadie, ni el Gobierno que recorta ni los partidos que protestan, ha propuesto reformar de verdad, pese a una sonada legislación que procuró un avance.

La República Dominicana reconoce actualmente 41 partidos, agrupaciones y movimientos políticos. La mayoría no tiene militancia real, no gana escaños, no articula propuestas. Existen, en lo fundamental, porque el financiamiento público los hace existir.

La Resolución 01-2026 de la JCE establece la distribución vigente: el PRM, el PLD y Fuerza del Pueblo reciben el 80% del total —RD$432 millones cada uno en 2026—, mientras los 38 partidos restantes se reparten el 20% restante. Es decir, decenas de organizaciones con representación mínima o nula reciben cientos de millones de pesos anuales del erario, sin que nadie verifique en qué se invierten.

No estamos ante un sistema de financiamiento político. Estamos ante un sistema de mantenimiento artificial de maquinarias electorales que el Estado paga y nadie fiscaliza.

El argumento clásico a favor del financiamiento público es que reduce la dependencia de los partidos respecto al dinero privado. Es un argumento válido en teoría. En la práctica dominicana, no ha funcionado así.

Participación Ciudadana ha señalado en reiteradas ocasiones que el financiamiento privado a los partidos y candidatos dominicanos es uno de los más opacos de la región. Las empresas y grupos económicos no canalizan sus aportes hacia los partidos pequeños (esos ya tienen su subsidio estatal). Los dirigen hacia los candidatos con posibilidades reales de ganar, en el momento en que más los necesitan: la campaña.

El resultado es un sistema doble: los partidos pequeños sobreviven del Estado. Los partidos grandes —y sus candidatos— se financian del sector privado. Y en ninguno de los dos casos hay transparencia efectiva, auditoría real ni consecuencias por el incumplimiento.

El financiamiento público no eliminó la influencia del dinero privado. Solo creó un piso de supervivencia para organizaciones que, de otro modo, no tendrían razón de existir.

El Gobierno tiene razón en señalar que el sistema es costoso e ineficiente. Tiene razón en que la crisis fiscal —agravada por el impacto del precio del petróleo en los mercados internacionales— exige ajustes reales. Y tiene razón en que la clase política debe dar señales visibles de que también siente el peso de la crisis.

Pero recortar a la mitad un financiamiento que ya estaba por debajo de lo que manda la ley —la Ley 20-23 establece el 0.25% de los ingresos nacionales; el Presupuesto 2026 ya lo había reducido al 0.12%— no es una reforma. Es una tijera de emergencia aplicada sobre un sistema que nadie ha tenido el coraje de revisar en profundidad.

La JCE fue directa en su comunicado del 8 de mayo: la medida vulnera el marco constitucional y legal vigente, afecta la certidumbre jurídica de organizaciones que contrajeron obligaciones con base en la ley promulgada, y pone en riesgo los principios de legalidad y equidad electoral. No lo dijo la oposición. Lo dijo el árbitro del sistema democrático.

El ahorro puede ser necesario. La ilegalidad no deja de serlo por eso.

El recorte a los partidos representa RD$810 millones —el 1.5% del ajuste total de RD$40,000 millones que busca el Ejecutivo. Es una cifra modesta en el balance fiscal. Y sin embargo, es la medida que más portadas ha generado, la que más declaraciones ha producido, la que más ha encendido el debate público.

Eso no es casualidad. Es comunicación política. Mientras el país discute si los partidos merecen más o menos dinero, el otro 98.5% del ajuste pasa sin el mismo nivel de escrutinio. ¿Cuánto se recorta en contratos del Estado? ¿Cuánto en el gasto discrecional de las instituciones? ¿Cuánto en los privilegios de la burocracia que no aparecen en ningún titular?

El ciudadano, la ciudadana,  que paga la gasolina más cara, que ve subir la canasta básica, que no tiene subsidio ni colchón de ahorro, merece respuestas a esas preguntas también.

Acento ha cuestionado históricamente el financiamiento público a los partidos tal como está concebido en República Dominicana. No porque la democracia no tenga costo —lo tiene, y hay que pagarlo—, sino porque ese costo debe ir acompañado de transparencia, auditoría y resultados verificables.

Lo que este país necesita no es un recorte de emergencia ni una defensa corporativa del statu quo. Necesita una reforma estructural del sistema de partidos que incluya:

• Auditoría obligatoria y pública de todos los fondos recibidos, tanto estatales como privados.
• Reducción del número de partidos con representación real como criterio de financiamiento.
• Redistribución más equitativa entre organizaciones mayoritarias y minoritarias, como ha propuesto el PRSC.
• Registro transparente del financiamiento privado a candidatos, con topes verificables y sanciones efectivas.
• Rendición de cuentas periódica ante la JCE y la Cámara de Cuentas, con consecuencias reales por incumplimiento.

Nada de eso se logra con una modificación presupuestaria. Todo eso requiere voluntad política, debate legislativo y, sobre todo, la disposición de los propios partidos —grandes y pequeños— de someterse a un escrutinio que hasta ahora han evitado con éxito.

Lo que no puede seguir siendo cierto es que el Estado transfiera cientos de millones de pesos cada año a organizaciones políticas sin exigir a cambio ni una sola auditoría, ni un solo informe de gestión, ni una sola consecuencia por el uso indebido de esos fondos.

Recortar sin reformar es patear el problema. Financiar sin fiscalizar es regalarlo.

La democracia dominicana merece más que eso.