Entre el 2017 y el 2021 la administración del presidente Donald Trump, de Estados Unidos, tomó muchas decisiones contra el gobierno de Nicolás Maduro, en Venezuela, y muy especialmente después del alegado fraude electoral del 2019, lo que conllevó que varios gobiernos del mundo se sumaran a dar la espalda al gobierno venezolano.

Además de desconocer el gobierno de Maduro, Trump reconoció oficialmente, como hicieron muchos otros gobiernos, a Juan Guaidó como presidente legítimo, pese a que no fue ganador de unas elecciones, sino que era un parlamentario a quien la oposición juramentó como gobernante mediante la interpretación de la Constitución venezolana.

Con la esperanza de que Nicolás Madura sería sacado de la presidencia de Venezuela, Se aplicaron sanciones diplomáticas, económicas y más de 50 gobiernos en el mundo dejaron de respaldar al gobierno que consideraron ilegítimo.

Trump también congeló los activos del gobierno de Venezuela en Estados Unidos, los activos de funcionarios de ese régimen y se impusieron restricciones financieras, además del bloqueo al Banco Central de Venezuela.

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos dispuso el bloqueo de los fondos de PDVSA, de alrededor de 7 mil millones de dólares, se prohibió a empresas de Estados Unidos importar crudo de Venezuela, excepto bajo condiciones que fueran favorables a Guaidó.

Se acusó al gobierno de Maduro de narcotraficante y terrorista. Se ofertó la suma de 15 millones por información que condujera a la captura de Maduro. Más recientemente, esa oferta subió a 50 millones de dólares. Diosdado Cabello y Tareck El Aissami también están incluidos en la búsqueda y captura que auspicia Estados Unidos. Se revocaron muchas visas a funcionarios y allegados al régimen de Maduro, además de que se congelaron los bienes personales, se procuró entregar fondos a Juan Guaidó, provenientes de activos de Venezuela, incluyendo el oro en Reino Unido, y se buscó respaldar una transición democrática.

Se utilizó a la OEA, a Naciones Unidas y todo el poder de los Estados Unidos para sacar a Nicolás Maduro, hasta que llegaron las elecciones de octubre de 2024 y nuevamente se denunció un fraude para que Maduro siguiera en el poder. Se aumentaron las sanciones, pero todos los esfuerzos de Estados Unidos han fracasado. Ni el bloqueo, ni la política migratoria de expulsión de venezolanos, ni las acusaciones sobre la supuesta jefatura del grupo llamado Tren de Aragua han servido para derrocar a Maduro.

El retorno de Donald Trump al poder en enero de 2025 representa un nuevo desafío para el régimen de Maduro. De inmediato se eliminaron las licencias a Chevron para operar en Venezuela, y así cortar ingresos al régimen. Se impuso aranceles del 25% a todos los bienes importados desde países que compren petróleo venezolano, se rescindió el TPS para más de 250 mil venezolanos en Estados Unidos, y se acaba de autorizar a la CIA para realizar operaciones que conlleven el derrocamiento del gobierno de Maduro e incluso a su asesinato.

Ahora se acusa al régimen de Maduro de enviar embarcaciones con drogas y fentanilo que llegue a los Estados Unidos y varias de ellas han sido atacadas, destruidas por el gobierno de Trump. El secretario de guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, anunció que su gobierno lanzó una nueva ronda de ataques, destruyendo cuatro barcos más en el océano Pacífico, y dijo que las embarcaciones transportaban drogas, base de una operación que ha causado la muerte de al menos 57 personas hasta la fecha.

Nada ha funcionado para destronar el fraude y los abusos de Maduro y su régimen. Incluso a los venezolanos opositores, de dentro y fuera del país, les perjudica el empeño del imperio para acabar con la dictadura. Ni siquiera la entrega del Nobel de la Paz a María Corina Machado ayuda en ese propósito.

El régimen luce resistente. Las sanciones no sirven para derrocar a un gobierno. En el caso de Venezuela, las consecuencias las paga el pueblo, que pasa hambre y penurias. Decenas de gobiernos han cuestionado a ese régimen, incluyendo Unión Europea. Le han expropiado varios aviones a Maduro, incluidos dos que estaban en República Dominicana, y no han logrado sacar del poder al chavismo en su versión madurista.

El uso de dirigentes opositores títeres, como Guaidó y María Corina Machado, últimos ejemplos, no legitima al régimen, pero le da razones para defender “la soberanía de Venezuela”.

Son los venezolanos los que están obligados a ponerse de acuerdo, a unirse, a defender la integridad de sus decisiones, sin un régimen extranjero que impulse las actuaciones para derrocar a Maduro.

Ya fracasaron con Cuba y con Fidel Castro. 65 años de bloqueo y ataques e intentos de eliminación del liderazgo cubano no pudieron poner fin al régimen socialista. Obama tomó el camino correcto, pero Trump destruyó todo cuanto se avanzó para lograr la Inclusión de Cuba, y ahora de Venezuela en un escenario de compartir experiencias y abrir puertas que pudieran ser menos traumáticas que las que existen ahora.

El despliegue militar de Estados Unidos en las costas de Venezuela es un gravísimo error del presidente Donald Trump. Esas maniobras endurecen la postura del régimen, y consolidan el apoyo de su población a un gobierno de muy escasa legitimidad. Los aliados de Estados Unidos tampoco están en condiciones de participar de una guerra fratricida, que sería una masacre contra un pueblo. Las maniobras de Maduro enseñando a la población a utilizar armas de guerra parecen ridículas, pero son el reflejo de una tensión que unifica a las personas con la dictadura. Por más odio a Maduro que la población sienta, siempre rechazará una intervención extranjera.

Y en el mismo camino está Trump contra Colombia y contra Gustavo Petro, su presidente, y se corre el riesgo de que ese régimen también se consolide basándose en la defensa de la soberanía, agredida por Estados Unidos.