Delitos de Opinión Pública y redes sociales

Hay tantas personas ejerciendo la labor de “Comunicar”, “orientar”, “opinar”, que busca apoyo, fama, credibilidad, y reclama esas bondades de los usuarios de los medios y las redes sociales con insultos y e infundios, muchas veces con ira y con odio.

La masificación de las redes sociales, igual que el acceso de las personas a los medios y las redes, por vía de teléfonos celulares inteligentes, ha representado una democratización de la comunicación. Todo el mundo puede hablar, y puede hacerlo desde sus respectivas visiones. Eso es muy positivo.

La exclusividad que tenían los periodistas, porque podían trabajar y escribir en los medios formales, llegó a su fin. Ahora todos somos emisores, todos podemos enviar mensajes, compartir nuestras vidas, poner videos y fotografías, y narrar nuestras intimidades. TikTok recoge los más locos videos de intimidades, como informaciones, comentarios y transmisión de mensajes positivos.

Ahora todo es posible. Por eso, en las redes los generadores independientes de contenidos representan más del 90 por ciento de cuanto circula en la web. Mucho del contenido en circulación genera ganancias económicas para quienes lo producen y colocan. Quienes tienen más vistas generan más ganancias.

Como no hay normas, y como las redes se reservan el derecho de proteger datos de los generadores independientes de contenidos, todo se puede divulgar. Si usted quiere fabricar bombas molotov, o quiere aprender las mejores formas de torturar a alguien, lo tiene disponible en las redes.

Si usted desea diseñar un método para asesinar a un ser humano, sin dejar huellas, en las redes le orientan para que pueda ejecutar su plan.

Tanta apertura ha destruido las normas y las formas. En República Dominicana existe una ley de 1961, la denominada Ley de Expresión y Difusión del Pensamiento o Ley de Prensa, que regula el ejercicio de la libertad de expresión. Es la ley 6132. Es obsoleta. También existe un reglamento de Espectáculo Público y Radiofonía, también obsoleto, que nadie cumple. Son legislaciones del pasado, que supuestamente defienden el orden público, la dignidad de las personas y la imagen de los ciudadanos.

Todo el andamiaje jurídico del pasado se fue a pique. Y está bien que sea así. Los gobiernos temen intervenir con regulaciones nuevas, que modernicen y sancionen las violaciones a la dignidad e intimidad de las personas.

El presente gobierno tiene en carpeta una propuesta de una comisión, bastante amplia amplia, que elaboró un proyecto de modernización jurídica de la regulación en los viejos y en los nuevos medios. Un gran acierto del proyecto es que incluyó la despenalización de los delitos de comunicación.

Sin embargo, que nadie se entusiasme mucho con la nueva legislación, si es que termina en el Congreso y fuera aprobada. El poder de los nuevos medios y su penetración es y seguirá siendo cada vez más poderoso. Se trata de redes que estimulan, mediante algoritmos, las contradicciones, la diferencia, el odio y la violencia entre las personas. Eso es el estímulo para que cada quien permanezca más tiempo en sus móviles y computadoras utilizando las redes, atendiendo a los reclamos que los generadores independientes de contenido colocan.

Reino Unido tiene en este momento un debate sobre cómo moderar el uso de las redes sociales por parte de adolescentes. Australia prohibió el acceso de los adolescentes a las redes.

En Netflix se presenta una serie de cuatro episodios, titulada Adolescencia, que presenta el drama de la investigación y la justicia, de un caso insólito: Un niño de 13 años, estudiante, asesina con un arma blanca a una compañera de escuela. Y lo niega. Otros casos parecidos han ocurrido en Reino Unido y en Europa. En Estados Unidos hay casos más horribles, que estudiantes toman armas a las que tienen acceso y asesinan a estudiantes y maestros. Y no hay explicación a las razones de esos crímenes. Podría ser demencia, podría ser estímulo de terceros por vías de las redes, o porque lo aprenden en sus contactos con personas perversas.

Aunque no sirva de mucho, la renovación de la legislación de los delitos de opinión pública, por los medios tradicionales o modernos, debe darse como una condición para que quienes resulten lesionados, ejerzan su derecho a defenderse en los tribunales. Por algún lado se puede comenzar.