Colombia en la mirilla de Trump por el discurso de Petro en la ONU

Colombia y su presidente, Gustavo Petro, han sido acusados directamente por el gobierno de los Estados Unidos, de presuntos vínculos con actividades de narcotráfico. Y después de la última Asamblea General de las Naciones Unidas, Donald Trump ha sistematizado sus ataques contra el presidente colombiano.

Una de las últimas decisiones incluye a Gustavo Petro en la lista gestionada por la Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos —popularmente conocida como “lista Clinton” —, lo que resulta de enorme gravedad institucional para Colombia y para sus relaciones internacionales.

Esta decisión se entrelaza con las declaraciones del senador estadounidense Bernie Moreno y las acusaciones del ex-embajador y actual ministro Armando Benedetti sobre la financiación de la campaña presidencial de Petro. Trump tiene la clara intención de cobrarle al presidente colombiano su duro discurso de cuestionamiento al poder y a las decisiones del mandatario de Estados Unidos.

Incluir a Petro en la lista Clinton, creada en los años 90 para identificar y perseguir a personas vinculadas con el tráfico de drogas, no es cosa sencilla, y Colombia deberá prepararse para decisiones trascendentes en el ámbito internacional.

La finalidad principal es designar a personas o entidades que, según el Gobierno de EE.UU., han participado, facilitado o financiado tráfico ilícito de drogas, lavado de activos, crimen organizado, terrorismo o armamento ilícito. Estar incluido implica el bloqueo de bienes bajo jurisdicción estadounidense, la prohibición de realizar operaciones con ciudadanos o empresas de EE.UU., y un fuerte daño reputacional internacional. En todo esto, sabemos, hay mucho de política y de propaganda, pero al mismo tiempo hay factores que los colombianos tendrán que ponderar.

La sanción contra Petro —y simultáneamente contra su esposa, el hijo mayor y el ministro de Interior Benedetti, según la OFAC— marca un punto de inflexión: por primera vez un presidente colombiano se encuentra incluido en esa lista.

Las implicaciones son múltiples:

•Cualquier activo o interés en bienes que dichas personas tengan en EE.UU. queda bloqueado o debe ser reportado.

•Empresas estadounidenses, o entidades que interactúen con EE.UU., deben abstenerse de realizar transacciones con los designados, so pena de sanciones civiles o penales.

•A nivel diplomático, supone un grave deterioro de la confianza bilateral con EE.UU., tradicional aliado estratégico en materia antidrogas.

•Internamente, abre una crisis de gobernabilidad para el mandatario, en tanto que su legitimidad, su política de “paz total” y sus resultados en la lucha antidrogas quedan sometidos a escrutinio y cuestionamiento público. La OFAC señala que “bajo el presidente Petro la producción de cocaína en Colombia se ha disparado a su nivel más alto en décadas”.

•Además repercute en el sistema financiero: bancos, instituciones de crédito y corresponsales podrían verse obligados a revisar relaciones con la entidad colombiana o incluso limitar acceso a servicios financieros.

En resumen: no se trata solo de una sanción simbólica sino de una «bomba diplomática y financiera» cuyo eco se extenderá también en la política doméstica colombiana.

Para comprender la magnitud de las acusaciones, aparte de la cuestión estrictamente política, conviene recordar que muchos narcotraficantes colombianos han sido o están incluidos en esta lista. Por ejemplo: los hermanos Gilberto Rodríguez Orejuela y Miguel Rodríguez Orejuela, cabecillas del cartel de Cali, están.  También miembros actuales del Cartel del Golfo, como alias “Chiquito Malo” figuran en la lista.

Hasta ahora, la inclusión de Petro, su entorno y un vínculo explícito con un jefe de Estado, es algo sin precedentes para Colombia. Eso añade otra dimensión de gravedad: no solo sancionar a funcionarios o relacionados al narcotráfico sino a un gobernante en pleno ejercicio.

El senador Bernie Moreno (R-Ohio) ya había advertido que el presidente Petro sería incluido en la lista, por sus vínculos con el narcotráfico, y Petro rápidamente reaccionó diciendo que  “Efectivamente la amenaza de Bernie Moreno se cumplió, yo y mis hijos y mi esposa entramos a la lista OFAC”.

El ministro colombiano de Interior, Benedetti, quien fue embajador de Colombia en Venezuela y es hombre de confianza de Petro, ha manifestado que cuando fue removido del cargo de embajador, mencionó que la campaña presidencial de Petro fue financiada en parte por narcotráfico. (Aunque los detalles públicos concretos son limitados).

Por otro lado la OFAC en su comunicado señala que el hijo de Petro, Nicolás Petro Burgos, ya había sido investigado por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito por canalizar dinero de narcotraficantes hacia la campaña de su padre.

En los medios colombianos se han divulgado grabaciones telefónicas —por ejemplo del Cartel del Golfo— en las cuales se afirmaba que en todo el territorio controlado por el cartel la gente debía votar por Petro o atenerse a las consecuencias. Estas grabaciones, aunque requieren verificación judicial, ya forman parte del corpus de sospechas que la OFAC menciona en su expediente de decisión.

Tanto el hijo como Benedetti habrían cambiado sus testimonios originales, lo que incrementa la gravedad política: una alteración del testimonio en medio de acusaciones de financiación ilícita en una campaña presidencial. Aunque no todos los elementos han sido probados por un tribunal, la acumulación de indicios es significativa.

La oposición colombiana se frota las manos, y siente que está recibiendo un gran apoyo de los Estados Unidos, y de su presidente Donald Trump. Pierden de vista que el daño se está haciendo a Colombia, su país y no solo al presidente que posiblemente esté en camino a salir del poder.

Donald Trump está desestabilizando el sistema político en muchas partes, y sigue en una campaña para destruir a los que ha identificado como sus adversarios. Y las acusaciones de todo tipo se realizan con gran alharaca y sin pruebas suficientes, y las decisiones que se adoptan resultan altamente lesivas.

El liderazgo colombiano tiene delante la dura tarea de tratar de torcer el pulso al obstinado Trump. Haga lo que haga el gobierno de Colombia, por más transparencia que demuestre y que no se le pueda probar que su presidente y parientes cercanos tuvieron o tienen algún vínculo con narcotráfico u otros ilícitos, la sanción de EE.UU. puede ser sólo el inicio de un deterioro de relaciones diplomáticas y políticas que impacte la inversión extranjeray la confianza ciudadana.