La actualización de la Ley 87-01 que regula el sistema de pensiones dominicano continúa en fase de discusión entre los distintos sectores involucrados, después de tener listo el borrador de actualizaciones y propuestas basadas en evaluaciones técnicas y análisis.
El superintendente de Pensiones, Francisco Torres, recordó que la Ley 87-01 establecía la realización de una revisión integral 10 años después de su entrada en vigor, proceso que no llegó a concretarse en el plazo previsto.
Según explicó, los trabajos de revisión comenzaron formalmente en 2020 y continuaron avanzando hasta que, en 2024, el Congreso Nacional emitió un informe que reconoció la necesidad de actualizar el marco legal para adecuarlo a las nuevas realidades demográficas, económicas y laborales del país.
Torres indicó que, tras las discusiones desarrolladas en el seno del Consejo Económico y Social (CES), las autoridades continuaron evaluando distintas propuestas con el acompañamiento técnico del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otros organismos especializados.
Asimismo, señaló que en 2023 se incorporó un modelo de evaluación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), herramienta que permitió analizar distintos escenarios de reforma y medir el impacto de las propuestas orientadas a mejorar las pensiones de los trabajadores.
“Después de numerosas discusiones y rondas de reuniones entre la SIPEN, la SISALRIL y los representantes de los sectores laboral, empresarial y de las entidades que participan en los sistemas de salud y pensiones, se ha elaborado un borrador de discusión que parte de una evaluación estrictamente técnica”, explicó el funcionario.
El superintendente precisó que el documento continúa siendo discutido entre los diferentes actores con el objetivo de construir una propuesta consensuada que fortalezca la sostenibilidad del sistema y mejore las prestaciones futuras para los afiliados.
El superintendente de Pensiones, Francisco Torres, aseguró que el principal objetivo de la reforma al sistema de pensiones es fortalecer las garantías para los trabajadores y mejorar el nivel de las pensiones futuras.
“Garantías y mejores pensiones es lo que queremos lograr con la nueva ley de pensiones”, afirmó el funcionario, al destacar que el proceso de discusión se ha concentrado en criterios técnicos para evaluar cada una de las propuestas presentadas.
Torres explicó que las iniciativas sometidas a consideración son recibidas, analizadas y debatidas entre los distintos actores vinculados al sistema, con el propósito de alcanzar consensos que permitan una reforma sostenible y beneficiosa para los afiliados.
En las discusiones participan representantes de los sindicatos, el sector empresarial, las administradoras de fondos de pensiones (AFP), gremios empresariales y otras instituciones relacionadas con el sistema de seguridad social.
El funcionario señaló que el presidente Luis Abinader está al tanto del proceso de diálogo y concertación que se desarrolla para actualizar el sistema de pensiones. Aunque indicó que desconoce el nivel de detalle con el que el mandatario sigue las conversaciones, consideró que probablemente esté informado sobre los avances de las discusiones debido a su cercanía con distintos sectores de la sociedad.
“Lo importante es que estamos construyendo una propuesta técnica basada en el diálogo y el consenso de todos los actores involucrados”, sostuvo.
Actualmente, el sistema de pensiones de República Dominicana está regido principalmente por la Ley 87-01, que creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social, y por la Ley 379-81, que establece el régimen de jubilaciones y pensiones para empleados públicos.
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