Hoy vence el plazo para pagar la contribución por residuos sólidos: qué deben saber las empresas

Este martes 30 de junio vence el primer plazo para que las empresas liquiden la contribución especial destinada a financiar la gestión integral de los residuos sólidos, un pago que coincide con el debate generado por la reciente reforma aprobada por el Congreso Nacional.

La contribución, creada mediante la Ley 98-25 que modificó la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, debe ser declarada y pagada ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII). La normativa permite realizar el pago anual en dos cuotas: una en junio y otra en diciembre.

Aunque la Cámara de Diputados aprobó el lunes nuevas modificaciones a esa legislación, el proyecto todavía debe ser remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación y publicación. Mientras ese proceso no concluya, las obligaciones tributarias continúan rigiéndose por la ley vigente.

La coincidencia entre el vencimiento del plazo y la aprobación de la reforma aceleró el debate entre el Gobierno y el sector privado, que durante los últimos días ha intensificado sus críticas tanto al contenido de la iniciativa como a la rapidez con que fue conocida en el Congreso.

¿Qué cambia con la reforma?

La modificación aprobada por el Congreso mantiene la contribución especial, pero introduce cambios importantes en la escala de aportes.

Entre ellos, reduce el aporte máximo que deberán pagar las empresas de mayor facturación, al pasar de los RD$ 3 millones aprobados por el Senado a RD$ 2.2 millones en la versión sancionada por la Cámara de Diputados.

También exonera del pago a las organizaciones sin fines de lucro, permite que las empresas más impactadas puedan deducir la contribución del Impuesto sobre la Renta (ISR) y establece un tratamiento especial para compañías cuyos ingresos provienen principalmente de comisiones.

Durante el debate, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, aseguró que la nueva escala beneficia a unas 145,000 empresas, mientras incrementa la contribución únicamente para 1,114 personas jurídicas.

Las críticas empresariales continúan

Pese a esos cambios, los principales gremios empresariales consideran que la reforma debió discutirse mediante un proceso más amplio de consultas y análisis técnico.

El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) afirmó que una reforma de esa magnitud no debió aprobarse mediante un trámite de urgencia, al entender que ello redujo los espacios para evaluar sus efectos económicos y escuchar a los sectores involucrados.

A esa posición se han sumado la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), la Red Nacional de Apoyo Empresarial a la Protección Ambiental (Ecored), la Organización Nacional de Empresas Comerciales (ONEC) y otros gremios, que han advertido sobre el impacto de las nuevas obligaciones económicas y han reclamado una mayor deliberación antes de modificar el marco legal.

En contraste, organizaciones como la Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Codopyme) respaldaron la reforma al considerar que corrige distorsiones que afectaban a las mipymes y distribuye las contribuciones de manera más proporcional.

Más allá del debate sobre los montos, especialistas en gestión municipal han señalado que el principal desafío sigue siendo garantizar recursos suficientes para enfrentar el déficit histórico en el manejo de los residuos sólidos, cerrar más de 200 vertederos a cielo abierto y financiar la infraestructura necesaria para una gestión ambiental sostenible.