A 48 horas de su promulgación, la Ley 30-26 de Medidas Procrecimiento Económico, Simplificación Fiscal y Mitigación de la Crisis Internacional ya enfrenta su primer ruido comunicacional.
El Ministerio de Hacienda y Economía se vio obligado a emitir una aclaración pública luego de que en redes sociales se difundieran interpretaciones inexactas que sugerían que la nueva normativa impondría cargas fiscales sobre los usuarios que pagan servicios como Netflix, Spotify o plataformas de almacenamiento en la nube.
La realidad, según la cartera que conduce Magín Díaz, es que la medida afecta exclusivamente a las empresas domiciliadas en el país que realizan pagos a proveedores extranjeros por licencias de software, regalías, derechos de autor, publicidad digital y servicios de almacenamiento en la nube.
La reducción: de 27 % a 15 % en retenciones corporativas
El cambio concreto que introduce la ley es una reducción de doce puntos porcentuales en la tasa de retención del Impuesto sobre la Renta (ISR) que deben aplicar las empresas dominicanas cuando giran pagos al exterior por determinados servicios tecnológicos.
Hasta la promulgación de la Ley 30-26, esa retención era del 27 %; ahora queda fijada en el 15 %.
El mecanismo funciona así: cuando una empresa local contrata, por ejemplo, una licencia de software a un proveedor estadounidense o europeo, es la empresa dominicana —no el proveedor extranjero— quien actúa como agente de retención y descuenta ese porcentaje antes de girar el pago.
El usuario individual que paga su propia suscripción mensual a una plataforma de entretenimiento o a un servicio de almacenamiento personal no interviene en esa cadena y, por tanto, no está alcanzado por esta disposición.
¿Por qué se generó la confusión?
La Ley 30-26 fue aprobada de urgencia por el Congreso Nacional el 18 de junio —en tiempo récord, en una sola jornada legislativa— y promulgada esa misma noche por el presidente Luis Abinader.
La velocidad del proceso, sumada a que la norma introduce más de veinte cambios al Código Tributario, abrió espacio para lecturas parciales o descontextualizadas del texto legal.
El diputado Tobías Crespo, de la Fuerza del Pueblo, fue uno de los legisladores que advirtió durante el debate que el alcance de la ley podría ser más amplio de lo que el Gobierno presentaba, al señalar que afectaría también a profesionales independientes, emprendedores y empresas tecnológicas.
Esa advertencia, aunque referida a otros artículos de la norma, contribuyó a alimentar la incertidumbre sobre el capítulo digital.
El argumento del Gobierno: competitividad regional
Hacienda y Economía encuadró la reducción arancelaria como una medida de modernización tributaria. El argumento central es que una retención del 27 % colocaba a las empresas dominicanas en desventaja frente a sus pares regionales, que operan con tasas más bajas al momento de contratar tecnología en el exterior.
Bajar al 15 % —sostiene la institución— acerca al país a los estándares vigentes en otras economías de América Latina y abarata el acceso de las compañías locales a herramientas digitales esenciales para su operación.
El ministro Magín Díaz había anticipado, días antes de la promulgación, que más del 90 % de la recaudación estimada por la ley provendría del 1 % más rico de la población.
La aclaración de este sábado apunta en la misma dirección: despejar la percepción de que la reforma fiscal toca los bolsillos de los ciudadanos de a pie.
Una ley de urgencia en un escenario de tensión global
Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán el 28 de febrero, matando al líder supremo iraní y a sus principales líderes militares, lo que llevó a las autoridades a tomar represalias con ataques contra Israel y bases estadounidenses en el Golfo. (Photo by Eyad Baba / AFP)
La Ley 30-26 nació en un contexto de turbulencia internacional. El Gobierno dominicano justificó su aprobación acelerada en los riesgos económicos derivados del conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán, que generó presiones sobre los precios del petróleo, el comercio y los mercados financieros.
Aunque las partes anunciaron un alto el fuego, las autoridades consideraron que la incertidumbre persiste y que el país necesitaba un marco legal que le diera margen de maniobra fiscal.
La norma también incluye una amnistía fiscal temporal, modificaciones al ISR para personas físicas y jurídicas, nuevas reglas para ganancias de capital inmobiliarias y una ampliación del Régimen Simplificado de Tributación, entre otras disposiciones.
Se estima que el paquete completo podría elevar los ingresos del Estado en hasta RD$ 50,000 millones,.
La aclaración de Hacienda llega en un momento en que la comunicación gubernamental sobre la reforma está en juego. Que una ley de esta envergadura —aprobada en horas y con más de veinte cambios tributarios— requiera una nota aclaratoria a las 48 horas de su promulgación dice tanto sobre la velocidad del proceso legislativo como sobre la necesidad de una pedagogía fiscal más robusta.
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