Embarazos en adolescentes deben abordarse desde la prevención, afirma World Vision

República Dominicana prohíbe las uniones a temprana edad desde el 2021, sin embargo, en las comunidades más vulnerables la realidad dista de lo que establece la norma. En estas zonas, las uniones tempranas “informales” siguen siendo vistas como una “salida” ante situaciones de pobreza monetaria, violencia basada en género o falta de oportunidades laborales.

Una de cada cinco féminas está casada o vive en uniones informales aun siendo menor de edad, de acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). Pero, los datos son más graves cuando la Oficina Nacional de Estadística (ONE) indicó que el 21.2 % de las mujeres dominicanas entre 20 y 24 años estaban casadas o mantuvieron una unión con un hombre mayor de edad antes de cumplir 18 años.

La directora de World Vision República Dominicana, Elicaury Bautista Bidó, explicó que aunque la Ley 1-21 representa un logro importante –incluso adelantado respecto a otros países como Colombia, que la aprobó en 2025– el desafío más complejo es transformar las prácticas culturales que “aún toleran o normalizan estas situaciones”.

“Una ley no cambia la cultura de la noche a la mañana. La transformación cultural requiere educación, denuncia, y un compromiso colectivo para erradicar estas prácticas”, enfatizó.

En el marco de la campaña “Toma el control y ponlo en pausa”, liderada por el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani), diversas organizaciones trabajan en la implementación de la política nacional para prevenir las uniones a temprana edad y los embarazos en adolescentes.

“Esta política se articula en cinco dimensiones, de las cuales la transformación cultural es una de las más complejas”, afirmó Batista.

La representante de la organización sin fines de lucro hizo énfasis en la reducción de la cantidad de embarazos en adolescentes, una situación que pone en peligro el desarrollo futuro de la niña. Asimismo, la Dirección de Información y Estadísticas de Salud del Ministerio de Salud Pública destaca que entre 2023 y 2024 hubo una reducción de 22.6 % en los embarazos en adolescentes, al pasar de 23,070 a 17,846.

“Todavía hay familias y comunidades que consideran “normal” que una menor de edad quede embarazada y conviva con un adulto como forma de mejorar su situación”, lamentó la directora, quien agregó que uno de los desafíos es garantizar que los casos sean denunciados.

“Muchas veces, ni siquiera las familias inician el proceso, lo que obliga a fortalecer el trabajo comunitario. Así como hemos fortalecido las redes de protección infantil, hay que capacitar a las comunidades para que comprendan que el embarazo adolescente es un hecho denunciable”, afirmó.

El sistema de salud también juega un rol clave. Existen protocolos para reportar casos de embarazo en niñas y adolescentes, pero hay que fortalecerlos. Citó que las consecuencias del embarazo adolescente no se limitan a la salud. Entre los efectos más graves están la deserción escolar y la reproducción del ciclo de pobreza y violencia.

“Solo dos de cada 10 adolescentes embarazadas logran llegar a la universidad. Las demás se quedan en el camino”, comentó.

La Vicepresidencia de República Dominicana realizó un estudio que indicó que el 50 % de las menores de edad unidas en matrimonio no terminará sus estudios; el 23 % contará con menos oportunidades de trabajo y 22 % sufrirá de violencia física y emocional.

En muchos casos, estas adolescentes también son víctimas de violencia basada en género. En uniones en matrimonio, las adolescentes entre 15 y 19 años son más propensas a sufrir de violencia intrafamiliar, con 42.8 %, comparado con las de 25 a 29 años con 39.6 %, y las de 20 a 24 años, 32.8 %.

De las 15-19 años, el 42.8 % ha sufrido violencia psicológica, el 0.6 % sexual y 0.6 % violencia física, flagelos que agravan su desarrollo social y económico a mediano y largo plazo.

“El embarazo adolescente puede ser consecuencia de violencia física, sexual o económica, y muchas veces deriva en feminicidio, cuando hay una gran diferencia de edad y una relación de poder desigual”, señaló.

El 68.8% de las mujeres mayores de 15 años han experimentado algún tipo de violencia a lo largo de su vida, de acuerdo con la última Encuesta Experimental sobre la Situación de las Mujeres de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE).

La ONE registró que el 51.9 % de las mujeres de 20 a 49 años casadas o unidas por primera vez antes de ser mayor de edad, estaba dentro del quintil más pobre, en 2019. A este les siguieron el 45 % y el 38 % de los quintiles segundo y medio, respectivamente, mientras que el cuarto quintil el porcentaje se situó en 27.3 %, casi menos de la mitad que el grupo más pobre.

La entidad estatal señala que el quintil más rico, apenas asciende al 18.3 % de las féminas casadas antes de cumplir la mayoría de edad, es decir, el 35.2 % del 51.9 % de las que se encuentran en situación de vulnerabilidad económica.

Romper el ciclo con un enfoque integral

World Vision trabaja con el sector privado para apoyar a mujeres adultas que fueron madres adolescentes, desarrollando habilidades socioemocionales y productivas. “Más del 70 % de estas mujeres que hoy trabajan en zonas francas, por ejemplo, fueron madres en su adolescencia”, afirmó Bautista.

La organización insistió en que la solución debe ser integral: desde educación sexual, hasta planes de vida, acceso a medios de sustento y reinserción educativa y laboral. “No podemos dejar solas a estas adolescentes. Aún cuando ya han sido madres, merecen una oportunidad de reescribir su historia”, señaló.

Destacó la importancia de incluir a iglesias, comunidades y escuelas en esta lucha. “Estamos viendo una mayor apertura de las iglesias para tratar estos temas no solo desde la fe, sino desde la prevención y la acción comunitaria”, apuntó.

De hecho, la eliminación de prácticas nocivas como el matrimonio infantil, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) lo establecen como una prioridad en la meta 5.3 de la Agenda 2030.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) estima que los gobiernos ganarían US$ 4,800 millones para la década del 2030 si se pone fin a las uniones a temprana edad.

Quisqueya no es eximida de esta realidad, pues el valor de los salarios adicionales que hubieran ganado estas mujeres en el 2015, si no se hubieran casado temprano, se estima en US$ 1,133 millones en paridad de poder adquisitivo.