Durante años, el cambio climático fue visto por buena parte del sector financiero como un asunto relacionado principalmente con responsabilidad social, reputación corporativa o financiamiento verde. Esa visión comienza a quedar atrás. Una inundación que paraliza una empresa, una sequía que reduce la producción agrícola, un hotel amenazado por la erosión costera o una garantía inmobiliaria ubicada en una zona altamente vulnerable no constituyen solamente problemas ambientales. Pueden transformarse en clientes incapaces de pagar, garantías deterioradas, pérdidas financieras y mayores necesidades de provisiones y capital.
Ese cambio de enfoque acaba de recibir un importante impulso regulatorio. Mediante la Carta Circular CCI-REG-2026000010, del 11 de agosto de 2026, la Superintendencia de Bancos publicó la Guía de buenas prácticas para la gestión de riesgos ambientales y sociales en el sector bancario de la República Dominicana. El documento promueve la implementación de Sistemas de Administración de Riesgos Ambientales y Sociales, conocidos como SARAS, y procura que estas variables comiencen a incorporarse a la gobernanza, la debida diligencia y el ciclo completo del crédito. Por ahora se trata de una guía de carácter referencial, pero representa claramente una señal sobre la dirección que está tomando la supervisión bancaria.
El objetivo no es convertir a los bancos en organizaciones ambientalistas ni restringir indiscriminadamente el financiamiento a actividades productivas. Se trata de algo mucho más cercano al negocio bancario: determinar cuándo un riesgo ambiental o social puede terminar afectando la capacidad de pago de un deudor, la continuidad de su actividad económica o el valor de las garantías que respaldan una operación.
Pensemos, por ejemplo, en un préstamo respaldado por un terreno contaminado. Si el cliente incumple y el banco termina adjudicándose ese inmueble, podría descubrir que el costo de remediación supera una parte importante de su valor comercial. Algo parecido puede ocurrir con un proyecto de construcción que carezca de permisos ambientales adecuados, una actividad agrícola excesivamente dependiente del agua o un establecimiento turístico localizado en una zona altamente expuesta a huracanes, inundaciones o deterioro costero. Lo que originalmente parecía un riesgo ambiental termina convirtiéndose en riesgo de crédito, legal, operacional, reputacional e incluso de mercado.
Precisamente por eso, la guía recomienda que las entidades establezcan políticas ambientales y sociales aprobadas por sus consejos de administración, definan actividades excluidas o restringidas, clasifiquen las operaciones de acuerdo con su nivel de impacto y desarrollen procesos de debida diligencia proporcionales al riesgo. Las operaciones pueden categorizarse como A, B o C, dependiendo de la magnitud y posibilidad de mitigación de sus impactos. Para las exposiciones más relevantes pueden requerirse estudios especializados, visitas de campo, planes de acción, cláusulas contractuales específicas y seguimiento posterior al desembolso.
La exposición sectorial también obliga a prestar atención. Agricultura, turismo, construcción, energía, minería y transporte son sectores fundamentales para la economía dominicana, pero también se encuentran entre aquellos potencialmente más sensibles a sequías, inundaciones, huracanes, cambios en disponibilidad de agua, regulación ambiental y conflictos sociales. Solo la cartera destinada al sector agropecuario superaba los RD$ 132,000 millones al cierre de 2025. La respuesta correcta no consiste en dejar de financiar estos sectores, sino en comprender mejor sus vulnerabilidades y promover inversiones que reduzcan su exposición.
Ahí aparece uno de los mayores desafíos: reconocer el riesgo es relativamente sencillo; medirlo adecuadamente resulta mucho más complejo. Una encuesta de la propia Superintendencia de Bancos realizada entre 43 entidades mostró que apenas alrededor del 26 % disponía de un SARAS. Además, algunas instituciones concentraban estas evaluaciones únicamente en operaciones corporativas de mayor tamaño. Esto revela que todavía existe una importante brecha entre las entidades que han desarrollado metodologías sofisticadas y aquellas que apenas comienzan a incorporar estos factores en sus procesos crediticios.
La experiencia del programa piloto de la Taxonomía Verde confirma esa dificultad. En una muestra de seis bancos fueron analizadas 2,460 operaciones elegibles por aproximadamente RD$ 158,731 millones. Sin embargo, se identificó que las entidades todavía no recopilaban todas las métricas ambientales necesarias para demostrar plenamente la alineación de las operaciones con los criterios de la taxonomía, y ahí está uno de los puntos centrales: llamar “verde” a un crédito no necesariamente significa que el riesgo ambiental esté adecuadamente medido.
El desafío regulatorio será pasar progresivamente de las buenas prácticas a mecanismos más sistemáticos de gestión y supervisión. Una ruta razonable podría comenzar exigiendo diagnósticos de brechas y mapas de exposición por actividad económica y ubicación geográfica. Posteriormente podrían incorporarse indicadores mínimos comunes: porcentaje de cartera evaluada mediante SARAS, operaciones clasificadas por categorías A, B y C, créditos sujetos a planes de mitigación y concentraciones en zonas particularmente vulnerables. En una etapa más avanzada, estos riesgos podrían formar parte de ejercicios de estrés climático y del proceso ordinario de supervisión basada en riesgos.
Los consejos de administración tampoco deberían tratar este asunto exclusivamente como responsabilidad del departamento de sostenibilidad. El riesgo ambiental y social debe llegar a los comités de riesgos, crédito y auditoría. El consejo debe conocer dónde están concentradas las principales exposiciones, aprobar políticas y apetitos de riesgo, exigir información periódica y asegurarse de que las conclusiones del SARAS tengan consecuencias reales sobre las decisiones de financiamiento.
También existen oportunidades para los clientes. Una empresa que invierta en drenaje, eficiencia energética, manejo responsable del agua, seguros adecuados o planes de continuidad debería representar un riesgo diferente de aquella que ignore esas vulnerabilidades. La banca puede acompañar ese proceso mediante asesoría, estructuras financieras apropiadas y condiciones vinculadas al cumplimiento verificable de determinadas mejoras.
La guía de la Superintendencia constituye, por tanto, un paso oportuno. El riesgo climático probablemente nunca aparecerá en los estados financieros con una línea que diga simplemente “pérdida por cambio climático”. Llegará disfrazado de mora, deterioro de garantías, interrupciones operacionales, litigios o pérdidas crediticias. Cuando llegue de esa manera, quizá ya sea demasiado tarde para prevenirlo.
La columna “La Banca Dominicana por Dentro”, es desarrollada por Jesús Geraldo Martínez, en el interés de aportar al fortalecimiento del Sistema Financiero Dominicano desde una perspectiva analítica y práctica orientada a la formación de conocimientos y divulgación de informaciones exclusivas de dicho sector. Para contactar con el autor. Email jesusgeraldomartinez@icloud.com, o seguir a @Jesusgeraldomartinez en Instagram
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