El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) no identificó vulnerabilidades ni riesgos significativos que puedan comprometer a corto plazo la provisión de servicios financieros o provocar la disolución de entidades de intermediación financiera de importancia sistémica.
Así lo establece el Informe de Estabilidad Financiera a mayo de 2026, publicado por la institución, que examina las condiciones del sistema financiero dominicano y sus perspectivas en medio de la incertidumbre de la economía internacional.
El documento señala que las pruebas de estrés realizadas a las entidades de intermediación financiera (EIF) muestran que estas cuentan con capital suficiente para absorber posibles pérdidas ante distintos escenarios macroeconómicos adversos.
El BCRD atribuye parte de la capacidad de respuesta del sector al manejo de los riesgos de crédito, mercado y liquidez, factores que han contribuido a mantener la financiación de las actividades productivas.
Activos financieros superan los RD$ 4.59 billones
De acuerdo con los datos preliminares citados en el informe, los activos de las entidades de intermediación financiera superaron los RD$ 4.59 billones a septiembre de 2026, para un crecimiento interanual de 10.7 %. Ese monto equivale al 53.9 % del producto interno bruto (PIB).
La cartera de crédito registró un aumento interanual de 8.3 %, impulsado por los préstamos al consumo, el comercio y la adquisición de viviendas, entre otros destinos.
Los depósitos del público, por su parte, sumaron más de RD$ 3.60 billones, un incremento de 12.6 % respecto a septiembre de 2025. Las captaciones representaron el 42.3 % del PIB.
El patrimonio neto de las entidades alcanzó los RD$ 567,219 millones, con un crecimiento interanual de 12.5 %, equivalente al 6.67 % del PIB.
En cuanto a la rentabilidad, el sector registró un retorno sobre los activos (ROA) de 3.0 % y una rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) de 23.1 %. El coeficiente de solvencia se situó en 18.9 %, según las informaciones de la Superintendencia de Bancos citadas por el BCRD.
Morosidad baja a 1.5 %
El índice de morosidad de la cartera de crédito se ubicó en torno al 1.5 % en septiembre de 2026, por debajo del máximo de 1.9 % registrado al cierre de 2025.
El informe relaciona esa evolución con la recuperación de la actividad económica de los hogares y las empresas, que habría favorecido su capacidad para cumplir con los compromisos financieros.
El desempeño también fue favorable en las instituciones financieras no depositarias, entre ellas los emisores e intermediarios de valores, las administradoras de fondos de inversión y de pensiones, las aseguradoras y las fiduciarias. Según el documento, no se identificaron vulnerabilidades que amenacen sus actividades de intermediación.
Cambios en la regulación financiera
El BCRD también destaca los cambios introducidos en el marco regulatorio dominicano para adecuarlo a las mejores prácticas internacionales y a las recomendaciones del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea.
Entre las medidas figura la aplicación, desde enero de 2026, de la metodología contable de valor razonable (mark-to-market) para registrar, clasificar y valorar los instrumentos financieros de las entidades de intermediación financiera.
Además, se establecieron nuevos límites para los créditos en moneda extranjera otorgados a sectores que no generan divisas y para la posición neta en moneda extranjera de las entidades.
Las disposiciones incluyeron la actualización por inflación del capital mínimo regulatorio de los intermediarios cambiarios, tomando como referencia la inflación acumulada entre 2019 y 2024.
También se ajustó el monto de cobertura del Fondo de Contingencia hasta RD$ 2,355,000 por depositante.
Perspectivas para 2026 y 2027
Para lo que resta de 2026 y principios de 2027, el informe no identifica factores de riesgo significativos que puedan comprometer la prestación de servicios financieros en el país.
No obstante, el Banco Central indicó que mantendrá la vigilancia sobre la evolución del sistema financiero y el entorno internacional, con el propósito de adoptar las medidas de política que considere necesarias para preservar la estabilidad financiera.
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