La Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) respondió este lunes al discurso del presidente Luis Abinader con un pronunciamiento que, leído con atención, va más allá del respaldo protocolar: reconoce la "franqueza" del mandatario al admitir que el choque externo es real, pero coloca sobre la mesa dos demandas concretas que el Gobierno no ha atendido formalmente: la creación de un espacio de concertación permanente con el sector industrial y la apertura de una discusión sobre el gasto público.
Lo que dijo Abinader y lo que escuchó la industria
El presidente habló al país en un contexto de creciente presión económica. La crisis petrolera derivada de la guerra en Medio Oriente ha disparado el precio del crudo de menos de 60 dólares al cierre de 2025 a niveles entre 95 y 100 dólares por barril, según reconoció el propio ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, tras el Consejo de Gobierno del pasado jueves 20 de marzo. Díaz calificó la situación como "grave" y con "impacto directo sobre la economía dominicana".
El alza del petróleo arrastra consigo los costos de energía, fletes y transporte —exactamente los factores que la AIRD menciona en su declaración— y golpea de lleno a un sector industrial que ya venía absorbiendo presiones inflacionarias sobre materias primas.
Abinader también hizo un llamado a fomentar el trabajo remoto, una propuesta que la AIRD recibió con cautela. Mario Pujols, vicepresidente ejecutivo del gremio, matizó que el modelo "puede implementarse cuando sea posible, siempre que la actividad productiva o las características de las industrias así lo permitan". En otras palabras: la industria manufacturera no se opera desde una laptop.
La demanda de fondo: sentarse a la mesa
El núcleo del pronunciamiento de la AIRD no está en lo que respalda, sino en lo que reclama. El gremio pidió "la activación inmediata de un espacio de concertación permanente entre el Gobierno y el sector industrial" para monitorear el impacto de la crisis sobre los costos de producción.
No es una solicitud menor. Implica que, a juicio de los industriales, los canales actuales de diálogo no son suficientes para enfrentar una coyuntura que el propio Gobierno ha calificado de grave. La AIRD quiere estar en la mesa donde se toman las decisiones, no enterarse después.
El gasto público: la frase que pesa
Pero quizás la línea más significativa del comunicado es la que introduce, casi de manera lateral, el debate sobre el gasto público. La AIRD señala que "para garantizar la sostenibilidad fiscal que el presidente resalta con razón, la conversación debe incluir, de manera transversal, una eventual discusión sobre el gasto público".
La frase es diplomática, pero el mensaje es claro: el sector industrial considera que la estabilidad macroeconómica no se protege solo con reasignaciones presupuestarias —como los RD$15,000 millones que Hacienda identificó para mitigar la crisis— ni con reservas internacionales cercanas a los US$16,000 millones. También requiere revisar la estructura del gasto.
Es una postura que el sector privado ha sostenido en distintos momentos, pero que cobra especial relevancia ahora, cuando el Gobierno enfrenta simultáneamente el encarecimiento de la factura petrolera, la necesidad de sostener los subsidios a los combustibles y el compromiso de no reducir la inversión pública, según declaró el propio ministro Díaz.
El contexto: una economía fuerte con flancos abiertos
El discurso de Abinader llega en un momento de señales contradictorias. Por un lado, República Dominicana cerró 2025 con indicadores sólidos: 133,915 nuevos empleos, una tasa de desempleo del 4.9% según la OIT y una reducción de la informalidad al 54.1%. El Consejo de Gobierno del jueves pasado evaluó los avances de la estrategia Meta RD 2036 con participación del sector productivo.
Por otro lado, el choque externo es innegable. El petróleo entre 95 y 100 dólares amenaza con trasladarse a los precios internos, encarecer la producción industrial y erosionar el poder adquisitivo de los hogares. El ministro Díaz adelantó que el Gobierno identificó una partida adicional de RD$10,000 millones para ampliar, de ser necesario, el subsidio a los combustibles, que ya contempla unos RD$12,000 millones en el presupuesto vigente.
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