Cada año, los eventos atmosféricos vuelven a dibujar una imagen conocida en República Dominicana. Calles convertidas en ríos, viviendas anegadas, familias evacuando con lo poco que pudieron rescatar y comunidades enteras esperando que el nivel del agua descendiera para comenzar, otra vez, desde cero.
Las lluvias de abril ocurridas este año, por ejemplo, no fue una sorpresa meteorológica. Fue la confirmación de lo que científicos, organismos internacionales y autoridades vienen advirtiendo desde hace años: República Dominicana es uno de los países del Caribe más vulnerables al cambio climático y, pese a los avances en políticas públicas, la infraestructura, el ordenamiento territorial y la gestión del riesgo siguen siendo insuficientes para enfrentar fenómenos cada vez más intensos.
La respuesta del Estado volvió a centrarse en la asistencia inmediata. El Gobierno anunció un bono de RD$ 7,000 para 10,000 hogares afectados por las inundaciones. Sin embargo, para expertos consultados por Acento, las ayudas económicas alivian las consecuencias inmediatas, pero no modifican las condiciones estructurales que hacen que las mismas comunidades sean afectadas una y otra vez.
Para Desiré del Rosario, abordar el cambio climático únicamente desde una perspectiva ambiental resulta insuficiente.
“El cambio climático afecta directamente derechos fundamentales: derecho a la vida, salud, vivienda, alimentación, agua, educación, seguridad, movilidad, identidad, participación y protección contra la violencia”, afirmó.
La investigadora advirtió que reducir el problema a emisiones o infraestructura invisibiliza las experiencias humanas. “Si lo tratamos solo como un problema ambiental, corremos el riesgo de reducirlo a árboles, emisiones o infraestructura, dejando fuera las experiencias humanas de pérdida, miedo, desarraigo, enfermedad, violencia y exclusión que viven las comunidades afectadas”, sostuvo.
Del Rosario Sosa explicó que el enfoque de derechos humanos obliga a cuestionar quiénes están más expuestos y quiénes quedan fuera de la ayuda. Desde el Centro de Estudios de Género, agregó, “sostenemos que la justicia climática debe ser también justicia de género, justicia territorial y justicia intergeneracional”.
El concepto de justicia climática cobra relevancia al plantear que las respuestas frente al cambio climático deben considerar no sólo la protección del ambiente, sino también la garantía de los derechos fundamentales y la reducción de las desigualdades sociales y territoriales.
Las inundaciones no afectan únicamente viviendas e infraestructura. También amplifican desigualdades que ya existían. Entre ellas, las brechas de género.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) advirtió desde su Informe sobre Desarrollo Humano que las desigualdades de género se entrecruzan con los riesgos climáticos y pueden ampliarse conforme aumenten la frecuencia e intensidad de los fenómenos extremos.
Las desventajas históricas que enfrentan muchas mujeres para acceder a recursos económicos, participar en espacios de decisión o ejercer plenamente sus derechos reducen también sus posibilidades de adaptación.
Pero el cambio climático también incrementa una carga que pocas veces aparece en las estadísticas económicas. Según ONU Mujeres, la escasez de agua derivada de las alteraciones climáticas obliga a millones de mujeres y niñas a dedicar más tiempo a buscarla, transportarla y garantizar su tratamiento para el consumo familiar.
La organización advierte que, si el mundo continúa por el escenario climático más severo, hasta 158.3 millones de mujeres y niñas adicionales podrían caer en la pobreza para 2050. Actualmente, alrededor del 10 % de las mujeres vive en pobreza extrema.
En el país, la pobreza monetaria general afectó al 18.6 % de las mujeres, frente al 15.9 % de los hombres, ampliándose la brecha de género de 2.3 puntos porcentuales en 2024 a 2.7 puntos porcentuales en 2025, según el Ministerio de Hacienda y Economía.
De igual forma, los hogares con jefatura femenina continúan presentando mayores niveles de vulnerabilidad: la pobreza en estos hogares alcanzó el 14.7 %, en comparación con el 10.9 % registrado en aquellos encabezados por hombres, para una diferencia de 3.8 puntos porcentuales.
Las mujeres, en el centro de la justicia climática
Para ONU Mujeres, el cambio climático amenaza con revertir décadas de avances en igualdad de género. Sin embargo, el organismo insiste en que las mujeres no deben ser vistas únicamente como víctimas.
La propuesta de ONU Mujeres sobre justicia climática plantea un modelo de desarrollo donde mujeres, niñas y personas de género diverso participen activamente en la construcción de soluciones para enfrentar la crisis climática.
Ese enfoque propone abandonar modelos de crecimiento centrados exclusivamente en la rentabilidad económica para avanzar hacia políticas que coloquen la igualdad, los derechos humanos y la sostenibilidad en el centro de las decisiones públicas.
“La resiliencia”, dijo ONU Mujeres, “solo puede construirse mediante relaciones basadas en el respeto y la igualdad de derechos”.
Por ello, las comunidades afectadas por el cambio climático deben participar en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas.
Acento consultó al Ministerio de la Mujer sobre este tema; sin embargo, luego de varias semanas de gestiones e intercambios con su departamento de Comunicaciones, la institución no respondió antes del cierre de esta edición.
Rosaura Pimentel, coordinadora del Observatorio de Cambio Climático, coincidió con esta visión. “El cambio climático no es un simple fenómeno atmosférico o de conservación de flora y fauna; es un multiplicador de amenazas que atenta directamente contra los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente: el derecho a la vida, a la salud, al agua potable, a la alimentación y a una vivienda digna”, afirmó.
La especialista advirtió además que, si no se aceleran las medidas de adaptación, se profundizarán los ciclos de pobreza y desigualdad.
“Cuando escasea el agua por sequías, habitualmente recae sobre las mujeres y las niñas la tarea de buscarla. Eso reduce sustancialmente el tiempo que deben dedicar a su educación o desarrollo económico”, explicó.
Asimismo, recordó que “tras el colapso económico y social posdesastre, como el paso de un huracán, aumentan las tasas de violencia intrafamiliar y el riesgo de explotación infantil”.
La crisis que pone en riesgo los derechos humanos de las poblaciones más vulnerables
Las estadísticas muestran que el cambio climático no afecta por igual a toda la población. En República Dominicana, el riesgo tiene un marcado rostro social.
El Banco Mundial advierte que uno de cada cuatro hogares pertenecientes al quintil más pobre enfrenta un alto riesgo de inundaciones, casi el doble que, entre los hogares con mayores ingresos, donde el porcentaje ronda el 13 %. Esta desigualdad convierte a los fenómenos climáticos en un factor que profundiza las brechas sociales existentes.
La explicación va más allá de la geografía. Las familias de menores ingresos suelen asentarse en terrenos más baratos, próximos a ríos, cañadas o laderas inestables, donde el riesgo es mayor. También tienen menor acceso a infraestructura, drenajes adecuados, servicios públicos y viviendas capaces de resistir eventos extremos.
Las consecuencias llegan rápidamente a la economía familiar. El Banco Mundial sobre las estrategias utilizadas por los hogares dominicanos entre 2019 y 2021 para enfrentar los efectos de inundaciones y tormentas tropicales encontró que las familias más pobres recurrieron a decisiones que comprometen su bienestar a largo plazo.
“Muchas redujeron el gasto destinado a alimentación, suspendieron consultas médicas, pospusieron tratamientos de salud y limitaron la inversión en educación para poder afrontar las pérdidas ocasionadas por los desastres”, informó el organismo internacional.
El organismo documentó que entre 2001 y 2016 los hogares afectados por tormentas e inundaciones registraron un aumento promedio de 2.5 puntos porcentuales en los niveles de pobreza respecto a aquellos que no experimentaron esos eventos.
Ante esto, desde el Centro de Estudios de Género (CEG) del Intec, agregaron que abordar el cambio climático únicamente como un problema ambiental invisibiliza el impacto que tiene sobre las personas.
“Porque el cambio climático afecta directamente derechos fundamentales: derecho a la vida, salud, vivienda, alimentación, agua, educación, seguridad, movilidad, identidad, participación y protección contra la violencia. Si lo tratamos solo como un problema ambiental, corremos el riesgo de reducirlo a árboles, emisiones o infraestructura, dejando fuera las experiencias humanas de pérdida, miedo, desarraigo, enfermedad, violencia y exclusión que viven las comunidades afectadas”, detalló.
La especialista señaló que incorporar el enfoque de derechos humanos obliga a analizar quiénes son las personas más expuestas a los impactos del clima, quiénes tienen menos capacidad para recuperarse, quiénes quedan excluidos de la asistencia y quiénes participan en la toma de decisiones.
Además, dijo a Acento que los eventos climáticos pueden aumentar la carga de cuidados, la violencia basada en género, la deserción escolar, la inseguridad alimentaria, el estrés psicosocial y el desplazamiento.
Del Rosario afirmó que las respuestas frente a la crisis climática deben reconocer el papel de las mujeres no solo como población expuesta, sino también como protagonistas de las soluciones.
“Insistimos en que la acción climática en República Dominicana debe ser feminista, interseccional, territorial y basada en derechos”.
Y no es para menos. La experta citó que las mujeres no son solamente víctimas del cambio climático: también son productoras de soluciones y lideresas y comunitarias de la resiliencia. La tarea del Estado es reconocer ese liderazgo, financiarlo, protegerlo y convertirlo en parte central de la planificación climática nacional.
Para Rosaura Pimentel, la crisis climática debe entenderse como un fenómeno que agrava múltiples vulnerabilidades existentes.
Su planteamiento coincide con la creciente evidencia de que los efectos del calentamiento global comprometen derechos esenciales y afectan con mayor severidad a quienes viven en condiciones de vulnerabilidad.
El Banco Mundial identificó factores que limitan la adopción de medidas preventivas por parte de las familias más vulnerables:
- Falta de recursos económicos: Muchas familias en situación de pobreza no cuentan con el dinero necesario para implementar medidas de prevención frente a los riesgos climáticos.
- Inseguridad sobre la propiedad de la vivienda: La incertidumbre respecto a la tenencia de sus hogares desincentiva la inversión en mejoras o acciones preventivas para reducir la vulnerabilidad.
La investigación también evidencia otra brecha: el acceso a seguros. En República Dominicana, únicamente los hogares urbanos con mayores ingresos suelen contar con seguros contra inundaciones, precisamente porque se ubican en zonas de menor riesgo. En las áreas rurales, donde la exposición suele ser mayor, la cobertura es prácticamente inexistente.
La visión de los especialistas coincidió en que los impactos climáticos no pueden analizarse de manera aislada del bienestar de las personas y de la protección de sus derechos.
¿Adaptación climática? Esto dice el Ministerio de Medio Ambiente
La recurrencia de estos eventos confirma que el país enfrenta una nueva realidad climática. El ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Paíno Henríquez, sostuvo que el cambio climático dejó de ser una advertencia sobre el futuro para convertirse en una realidad marcada por una “incertidumbre climática”.
Aunque la crisis climática lleva décadas desarrollándose, explicó, sus efectos se manifiestan con mayor frecuencia e intensidad.
Las estadísticas respaldan esa afirmación. Entre 1995 y 2024, República Dominicana registró 29 tormentas tropicales, 15 depresiones tropicales y 10 huracanes categoría 1. A estos se suman cuatro huracanes categoría 2, siete categoría 3, siete categoría 4 y tres categoría 5.
En términos generales, el 81.3 % de los eventos hidrometeorológicos registrados en las últimas tres décadas estuvo asociado a fenómenos tropicales. Otro 16 % correspondió a perturbaciones atmosféricas y apenas un 2.6 % a fenómenos extratropicales, de acuerdo con la Oficina Nacional de Estadística (ONE).
La vulnerabilidad del país no responde únicamente a su ubicación geográfica.
Según el Índice Mundial de Riesgo 2023, República Dominicana figura entre los 41 países con mayor riesgo del mundo, una condición determinada tanto por la exposición a amenazas naturales como por factores sociales, económicos e institucionales que limitan la capacidad de respuesta de la población.
La estrategia del Estado para fortalecer la adaptación climática
Los efectos del cambio climático también amenazan el crecimiento económico que el país ha experimentado durante las últimas décadas, que, de acuerdo con el Banco Mundial, los riesgos climáticos dificultarán alcanzar un desarrollo verdaderamente inclusivo y equitativo.
Durante la última década, República Dominicana ha desarrollado un conjunto de instrumentos para responder al cambio climático. La Ley 1-12, que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, incorpora como uno de sus cuatro ejes una sociedad capaz de gestionar con equidad los riesgos ambientales, promover el uso sostenible de los recursos naturales y fortalecer la adaptación al cambio climático.
A ello se suma el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC-RD 2015-2030), que reconoce que las inundaciones, sequías y tormentas afectan directamente los medios de vida de las comunidades, reducen ingresos y provocan pérdidas materiales.
Más recientemente, el país adoptó el Plan de Acción de Género y Cambio Climático, orientado a incorporar la igualdad de género en las políticas climáticas nacionales.
Mientras especialistas plantean la necesidad de incorporar un enfoque de derechos humanos en las políticas públicas, el Gobierno asegura que la nueva Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC 3.0) incorpora mecanismos para que las medidas de adaptación lleguen a las poblaciones más vulnerables.
El vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mercado de Carbono, Max Puig, explicó cómo la NDC 3.0 busca garantizar que las acciones de adaptación beneficien efectivamente a mujeres, niños y familias de las comunidades con mayores niveles de vulnerabilidad.
Entre ellos destacó la vinculación al Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) y a las finanzas públicas. Explicó que la NDC 3.0 se integró formalmente al Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) y al Plan de Inversión de Acción Climática (PIAC-RD), por lo que toda obra o subsidio público en el territorio debe pasar por un filtro de resiliencia climática.
La exposición al cambio climático tampoco es uniforme dentro del país. El índice de riesgo climático elaborado por el antiguo Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, basado en la metodología del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), concluye que todos los municipios dominicanos presentan niveles elevados de riesgo climático.
La incorporación de indicadores sociales y de derechos humanos también forma parte de los mecanismos de seguimiento contemplados en la estrategia climática nacional. No obstante, a pesar de algunos avances, la representación femenina continúa siendo limitada.
Entre 2012 y 2022, la participación de mujeres en las delegaciones nacionales ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático aumentó del 30 % al 35 %, pero únicamente una de cada cinco delegaciones estuvo encabezada por una mujer.
Un estudio de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional de 94 países reveló que solo 26 consideran los mecanismos nacionales de igualdad de género como elementos esenciales para la gobernanza climática.
Sin embargo, los especialistas coinciden en que la existencia de planes y financiamiento no garantiza por sí sola la reducción del riesgo.
La verdadera prueba consiste en transformar esos recursos en infraestructura resiliente, ordenamiento territorial, viviendas seguras, sistemas de alerta temprana, protección social y oportunidades para las comunidades que históricamente han permanecido al margen del desarrollo.
Compartir esta nota
Sigue leyendo
{{#volanta}}{{volanta}}{{/volanta}}