La Red Nacional de Apoyo Empresarial a la Protección Ambiental (Ecored) consideró que cualquier modificación a la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos debe realizarse mediante un proceso amplio de consultas, sustentado en criterios técnicos y en el consenso entre los sectores involucrados.
En un comunicado, la entidad sostuvo que la legislación, promulgada en 2020 y modificada posteriormente por la Ley 98-25, fue el resultado de más de una década de trabajo conjunto entre representantes de los sectores público, privado, académico y social.
A juicio de Ecored, ese proceso permitió construir una visión compartida sobre la gestión de los residuos sólidos y sentó las bases para impulsar un modelo de economía circular en el país.
"Por ello, cualquier reforma de alcance estructural debe preservar los principios de participación, transparencia y rigor técnico que caracterizaron su formulación", expresó la organización.
La entidad afirmó que los desafíos del manejo de los residuos sólidos requieren una visión integral que promueva la innovación, incentive las inversiones en infraestructura, fortalezca los mercados de materiales recuperados y fomente la educación ciudadana y la corresponsabilidad de todos los actores de la cadena de valor.
Asimismo, señaló que la sostenibilidad ambiental y la competitividad de los sectores productivos son objetivos complementarios, por lo que entiende necesario evaluar con objetividad los impactos económicos que podrían derivarse de nuevas obligaciones regulatorias antes de su aprobación.
Ecored también destacó la importancia de garantizar mecanismos de gobernanza, transparencia e independencia en la administración de los recursos destinados a la gestión de residuos, con el propósito de fortalecer la confianza de los actores que integran el sistema.
La organización sostuvo que República Dominicana tiene la oportunidad de fortalecer su marco legal para impulsar una economía circular, enfrentar de manera sostenible los desafíos asociados a los residuos sólidos y, al mismo tiempo, promover la protección ambiental, la competitividad, la seguridad jurídica y la confianza institucional.
Finalmente, reiteró su disposición de aportar sus capacidades técnicas al proceso de reforma, al considerar que las mejores soluciones para el país se construyen mediante el diálogo, la colaboración y una visión compartida de desarrollo sostenible.
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