"Una sociedad se mide por la forma en que honra a sus creadores y por el respeto con que despide a sus muertos. Cuando un país falla en cualquiera de esas dos responsabilidades, no solo les falla a sus artistas y a sus ciudadanos; también les falla a sus propios valores y a la esencia de su humanidad."
Un grito que el Estado decidió ignorar
Hace menos de un año publiqué en Acento un artículo titulado «Que no muera otro maestro en silencio». No era solamente un homenaje a nuestros actores y bailarines; era un llamado de atención frente a un Estado que parecía haber olvidado a quienes dedicaron su vida a enriquecer el patrimonio cultural de la República Dominicana.
Advertía entonces que no podíamos seguir permitiendo que nuestros artistas enfrentaran la enfermedad, la precariedad o la muerte dependiendo únicamente de la solidaridad de sus compañeros. Hoy me duele comprobar que aquel llamado cayó en el vacío.
La reciente muerte del joven actor Stuart Ortiz nos obliga a mirar nuevamente una realidad que continúa esperando respuestas.
No escribo estas líneas únicamente por la tristeza que provoca la partida de un artista talentoso. Las escribo porque su muerte ha dejado al descubierto, una vez más, profundas debilidades institucionales que el país no puede seguir ignorando.
La solidaridad honra al gremio; no sustituye al Estado
Es justo reconocer que, en esta ocasión, la Dirección General de Bellas Artes asumió los gastos correspondientes a los servicios funerarios de Stuart Ortiz. Ese gesto merece ser reconocido.
También merece destacarse la solidaridad espontánea de compañeros, amigos y miembros de la comunidad teatral, quienes ofrecieron su apoyo a la familia como una expresión de afecto y compañerismo. Esa respuesta demuestra que el teatro dominicano continúa siendo una comunidad profundamente humana.
Pero la solidaridad nunca debe sustituir las responsabilidades de las instituciones públicas.
Precisamente porque el cuerpo de Stuart fue entregado por el INACIF en circunstancias tan difíciles, este dejó de ser un caso ordinario. El Ministerio de Cultura, a través de la Dirección General de Bellas Artes, debió asumir una respuesta igualmente extraordinaria.
No bastaba con cubrir los gastos funerarios. Correspondía coordinar integralmente las honras fúnebres, procurar las mejores condiciones posibles para la despedida y acompañar a la familia con la sensibilidad y la capacidad de gestión que exigía un momento tan doloroso.
Las decisiones administrativas no pueden imponerse sobre la dignidad humana.
Stuart Ortiz no era un expediente más ni un trámite burocrático. Era un artista dominicano que merecía que el Ministerio de Cultura agotara todas las gestiones necesarias para ofrecerle una despedida acorde con su trayectoria y con las difíciles circunstancias que rodearon su fallecimiento.
Reconocer lo que se hizo bien no significa renunciar al derecho de exigir que las instituciones actúen con mayor sensibilidad, previsión y excelencia.
La verdadera discusión no gira alrededor del dinero.
La verdadera discusión es por qué la República Dominicana continúa sin una política pública de protección social para sus artistas y por qué, cuando las instituciones intervienen, no siempre logran ofrecer una respuesta integral, humana y eficiente.
La cultura no se defiende únicamente sobre los escenarios.
También se defiende cuidando a quienes dedican su vida a hacerla posible.
El INACIF no puede administrar excusas; su deber es preservar la dignidad humana
El Instituto Nacional de Ciencias Forenses no es una institución cualquiera. Es el organismo técnico auxiliar del sistema de justicia dominicano, responsable de realizar los levantamientos de cadáveres, practicar las autopsias, preservar las evidencias y garantizar la adecuada conservación de los cuerpos humanos que llegan bajo su custodia.
Precisamente por esa razón resulta inadmisible que una institución con semejante responsabilidad pretenda justificar el deterioro de un cadáver alegando que sus cámaras frigoríficas estaban averiadas.
Las averías de equipos no eximen de responsabilidad a una institución cuya misión exige previsión, mantenimiento permanente y protocolos de contingencia.
Cuando el INACIF recibe un cuerpo, asume una obligación legal, técnica y moral. La dignidad del fallecido no puede depender del funcionamiento de una cámara de refrigeración ni de una explicación administrativa ofrecida después de ocurrido el daño.
Si las cámaras frigoríficas estaban fuera de servicio, corresponde responder preguntas fundamentales: ¿desde cuándo?, ¿qué medidas de contingencia se adoptaron?, ¿quién era responsable de corregir esa situación?, ¿por qué se permitió que una falla de esa naturaleza afectara un servicio tan sensible?
No se trata únicamente de una deficiencia administrativa. También puede verse comprometida la preservación de evidencias necesarias para la administración de justicia y, sobre todo, el derecho de las familias a despedir con dignidad a sus seres queridos.
Las autoridades del INACIF tienen el deber de ofrecer una explicación pública, transparente y verificable. Y si las denuncias se confirman, corresponde establecer las responsabilidades administrativas que procedan.
Porque preservar un cuerpo humano no es una opción.
Es una obligación indelegable del Estado.
Y la dignidad humana no puede convertirse en la primera víctima de la ineficiencia institucional.
La deuda pendiente del Ministerio de Cultura
La responsabilidad institucional no termina en el INACIF.
El Ministerio de Cultura debe preguntarse si está cumpliendo plenamente con la misión para la cual fue creado. Promover la cultura no consiste únicamente en organizar festivales, inaugurar exposiciones, presentar espectáculos o rendir homenajes póstumos. También significa proteger a quienes dedican su vida a crear esa cultura.
Un artista necesita el respaldo de las instituciones cuando la enfermedad limita su capacidad de trabajar, cuando enfrenta situaciones de vulnerabilidad y, también, cuando su muerte deja una familia que continúa necesitando protección.
¿Cómo es posible que la República Dominicana aún no cuente con una política pública permanente de protección social para los trabajadores del arte?
No hablamos de privilegios.
Hablamos de justicia.
Hablamos de gratitud hacia hombres y mujeres que han contribuido a construir la identidad cultural de la nación.
Hasta aquí no podemos seguir
La muerte de Stuart Ortiz no debe convertirse en una noticia más.
Debe marcar un punto de inflexión.
No podemos aceptar que otro artista dominicano fallezca dejando incertidumbre sobre el futuro de su familia.
No podemos aceptar que el tratamiento digno de un cadáver dependa del funcionamiento de un equipo averiado.
No podemos aceptar que instituciones llamadas a servir con profesionalidad respondan con explicaciones burocráticas cuando fallan en el cumplimiento de sus responsabilidades.
Este es el momento de revisar protocolos, fortalecer instituciones y crear políticas públicas que protejan a nuestros artistas y garanticen el respeto a la dignidad humana, incluso después de la muerte.
La cultura también se defiende cuando baja el telón
La partida de Stuart Ortiz deja un profundo vacío entre quienes compartieron con él el escenario, los ensayos y la pasión por el teatro.
Pero también nos deja una responsabilidad.
La responsabilidad de no guardar silencio.
Es justo reconocer la actuación de la Dirección General de Bellas Artes al asumir los gastos funerarios y la solidaridad ejemplar de la comunidad teatral dominicana.
Pero reconocer lo que se hizo bien no nos obliga a callar lo que debe corregirse.
La verdadera discusión no gira alrededor de un servicio funerario ni de los gestos solidarios de compañeros y amigos.
La verdadera discusión consiste en preguntarnos si el Ministerio de Cultura está cumpliendo con su deber de proteger a quienes entregan su vida al arte y si el INACIF está honrando la responsabilidad legal, científica y moral que el país le ha confiado.
Stuart Ortiz ya no puede levantar su voz.
Nos corresponde hacerlo a nosotros.
No para alimentar una indignación pasajera, sino para exigir decisiones concretas, responsabilidades claras y cambios institucionales que impidan que otra familia vuelva a vivir una experiencia semejante.
Comencé este artículo afirmando que una sociedad se mide por la forma en que honra a sus creadores y por el respeto con que despide a sus muertos.
Hoy, después de la partida de Stuart Ortiz, solo puedo reafirmarlo con mayor convicción.
La dignidad no debe morir después de la muerte.
Mientras nuestras instituciones no comprendan esa verdad elemental, la deuda del Estado con sus artistas y con la propia condición humana seguirá siendo una herida abierta.
Porque proteger la cultura también significa proteger a quienes la hacen posible.
Y porque el respeto por los muertos comienza, siempre, con el respeto por los vivos.
Compartir esta nota
Sigue leyendo
{{#volanta}}{{volanta}}{{/volanta}}