El brutal asesinato de Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, el 25 de noviembre de 1960, conmocionó a la sociedad dominicana.
Pese a las narrativas que siempre han existido para intentar desvincular a Rafael Leónidas Trujillo de la autoría intelectual del hecho, el historiador Alejandro Paulino desmontó las teorías exculpatorias en una entrevista con el periodista Fausto Rosario, presentando pruebas de que el dictador ordenó personalmente el crimen.
A través de su libro El camino de la muerte, el investigador refuta las versiones que intentan exculpar al dictador, asegurando que la eliminación de las hermanas fue una decisión personal y no una iniciativa aislada de sus subordinados.
Paulino cita testimonios que reconstruyen el momento exacto en que Trujillo contactó a Johnny Abbes García, jefe del SIM, para instruirle: "Oye, tenemos que salir de este problema, el problema de las Mirabal".
El autor confronta las memorias escritas por Abbes en 1963, donde este intentó exculparse atribuyendo falsamente la decisión final a Román con la frase: "Johnny, tú haces todas las cosas, quien tiene que actuar entonces es Pupo Román, es decir, quitarle la vida a las hermanas".
El autor detalla que la sentencia de muerte fue transmitida a los agentes en el Cibao con una directriz literal y escalofriante: "Hay una orden, tenemos que matar a las hermanas Mirabal sin dejar huellas".
Durante el diálogo con Rosario, Paulino contextualizó que el odio hacia las heroínas nació en 1949, cuando Minerva rechazó las insinuaciones de Trujillo en una fiesta, un desaire inaudito para la época.
La investigación subraya que el régimen identificó a Minerva no solo como una opositora, sino como la verdadera líder ideológica y "la principal" del Movimiento 14 de Junio, por encima de Manolo Tavárez.
El historiador explica que la "Operación Mirabal" fue un crimen de Estado planificado, que incluyó el traslado de los esposos a Puerto Plata para obligar a las mujeres a transitar una carretera vulnerable.
Paulino relata la crueldad posterior al hecho, denunciando cómo el gobernador de Salcedo obligó a la madre de las víctimas, Doña Chea, a firmar una carta exculpatoria mientras escuchaba el llanto de su familia.
Finalmente, el experto lamenta ante Rosario que los asesinos materiales fueran liberados en 1965 por acuerdos políticos, y aboga por una Comisión de la Verdad que impida el olvido de estos hechos.
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