Hace unos meses advertíamos sobre un fenómeno inquietante: la vulgaridad había dejado de ser un exceso marginal para convertirse en norma. Hoy es necesario decirlo con mayor claridad: no solo se ha normalizado la vulgaridad, se ha institucionalizado el empobrecimiento del lenguaje.
Y no estamos ante un problema de forma.
Como advirtió Pedro Henríquez Ureña, el lenguaje es el sistema mediante el cual organizamos nuestra percepción del mundo. No es un simple instrumento: es la estructura misma del pensamiento.
Por eso, lo que enfrentamos no es una crisis formal.
Es una crisis de pensamiento.
Porque cuando una sociedad pierde la precisión de sus palabras, comienza a perder también la capacidad de comprenderse, de debatirse y, finalmente, de gobernarse a sí misma.
Lo más grave no es la expansión del fenómeno, sino la renuncia de quienes tienen el deber de contenerlo.
La degradación que observamos no es espontánea ni aislada. Es el resultado de una cadena de omisiones, tolerancias y conveniencias en la que confluyen medios, plataformas, patrocinadores y, de manera decisiva, las autoridades responsables del orden cultural y educativo de la nación.
Aquí no hay ingenuidad.
Hay permisividad.
Y, en algunos casos, una forma de complicidad estructural.
Ahí está el ejemplo de Zaida Ginebra de Lovatón, designada en 1978 por el presidente Antonio Guzmán Fernández al frente de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía. Durante cerca de ocho años ejerció una regulación firme de la radio y la televisión, haciendo valer las normas con carácter.
El lenguaje público se ha degradado hasta niveles alarmantes: la agresión sustituye al argumento, la obscenidad reemplaza la idea, la burla desplaza la reflexión. Más preocupante aún es que esta situación no encuentra resistencia institucional efectiva.
No se regula.
No se orienta.
No se corrige.
Se invoca la libertad de expresión como coartada para la inacción, olvidando que toda libertad pública conlleva responsabilidad pública. No se trata de censurar, sino de establecer criterios que protejan el espacio común donde se forma la conciencia colectiva.
En gran medida, los medios —tradicionales y digitales— operan hoy bajo la lógica del impacto inmediato. No porque carezcan de normas, sino porque estas han dejado de aplicarse frente a un ecosistema que premia la atención rápida, la emoción primaria y la rentabilidad del escándalo. A ello se suma un sistema educativo que no logra contrarrestar, con suficiente fuerza, esta avalancha de simplificación y ruido.
No siempre fue así. Hubo momentos en que la sociedad dominicana contó con voces e instituciones capaces de trazar límites claros entre libertad y degradación. Ahí está el ejemplo de Zaida Ginebra de Lovatón, designada en 1978 por el presidente Antonio Guzmán Fernández al frente de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía. Durante cerca de ocho años ejerció una regulación firme de la radio y la televisión, haciendo valer las normas con carácter.
Su actuación no respondía al capricho, sino a una convicción: el espacio público no podía convertirse en territorio de degradación.
No se trata de replicar aquel modelo en una sociedad distinta y más compleja. Se trata de recuperar su principio esencial: la responsabilidad pública sobre el lenguaje como bien común.
El contraste es inevitable: en un contexto más exigente, hubo autoridad; hoy, en plena democracia, predomina la renuncia a ejercerla.
El Estado parece haber adoptado una postura cómoda: observar, tolerar y, en ocasiones, beneficiarse indirectamente del espectáculo. Porque la vulgaridad también produce capital, influencia y control.
Un pueblo que no piensa con claridad es más fácil de conducir.
Un ciudadano sin criterio es más fácil de manipular.
Una sociedad sin palabras es una sociedad sin defensa.
Sin defensa frente a la manipulación.
Sin defensa frente a la mediocridad.
¿A quién le importa el país?
¿Quién asume la responsabilidad de lo que estamos formando?
Cuando el lenguaje se empobrece, se estrecha la conciencia. Y una sociedad sin conciencia crítica queda expuesta, no solo culturalmente, sino también políticamente.
¿A quién le importa la juventud?
¿Es este el modelo que queremos convertir en referencia?
La sustitución del lenguaje por el ruido no solo empobrece la conversación pública: debilita la democracia. Sin palabras precisas no hay pensamiento complejo; sin pensamiento complejo no hay deliberación; y sin deliberación, la democracia se vacía de contenido.
Una nación que no puede nombrarse con claridad comienza, lentamente, a desdibujarse desde dentro.
Es en este contexto donde la llamada “alofokización” del país deja de ser una etiqueta coyuntural para convertirse en un síntoma estructural. No se trata simplemente de vulgaridad, sino de un modelo de producción cultural basado en el impacto inmediato, la simplificación extrema y la sustitución del pensamiento por la reacción.
Mientras tanto, se sigue premiando la superficialidad con contratos, difusión y respaldo económico. Se legitima lo trivial y se amplifica lo grotesco. Esta lógica alcanza incluso escenarios de reconocimiento nacional, como los Premios Soberano organizados por Acroarte, donde con frecuencia el impacto termina desplazando al contenido.
Sin embargo, incluso dentro del propio movimiento urbano han surgido voces que llaman a la revisión. El artista Mozart La Para lo ha señalado con claridad al reconocer la necesidad de elevar el contenido para sostener una carrera duradera. Su testimonio demuestra que el éxito no depende de la degradación del lenguaje, y que es posible alcanzar popularidad sin renunciar a la responsabilidad.
En medio de este panorama, también emergen señales en otra dirección. Comunicadores y creadores digitales están demostrando que es posible construir audiencia sin degradar el lenguaje. En ellos, la palabra recupera su función esencial: orientar, formar y aportar criterio.
Estas posturas, aunque aún minoritarias confirman que no estamos ante un destino inevitable, sino ante una elección cultural.
No es casualidad lo que ocurre.
Es el resultado de una sociedad que ha dejado de exigir y de un Estado que ha dejado de asumir.
La pregunta ya no es si el lenguaje está en crisis,
sino por qué quienes deben intervenir han decidido no hacerlo.
¿Incapacidad?
¿Miedo?
¿Conveniencia?
Permitir que el lenguaje se degrade es permitir que se degrade el pensamiento. Y con ello, se renuncia a la posibilidad misma de una ciudadanía crítica.
No hay neutralidad en este proceso.
Hay abandono.
Y el abandono, en materia cultural, siempre deja huellas profundas.
Las naciones no colapsan de golpe.
Se vacían lentamente.
Primero pierden el rigor.
Luego el lenguaje.
Finalmente, el criterio.
Y cuando eso ocurre, lo que queda no es una sociedad libre, sino una sociedad conducida por el ruido.
No se trata de volver al pasado ni de imponer controles anacrónicos. Se trata de reconstruir una autoridad cultural capaz de armonizar libertad y responsabilidad en el espacio público. Regular no es censurar; es proteger el lugar donde se forma la conciencia colectiva.
Porque, como nos recordó Pedro Henríquez Ureña, es a través del lenguaje que una sociedad organiza y comprende su realidad.
Cuando ese sistema se degrada, no solo se empobrecen las palabras:
se empobrece la capacidad misma de entender el mundo.
Y una nación que pierde la claridad de su lenguaje
comienza, inevitablemente, a perder la claridad de su destino.
Porque las naciones no comienzan a desaparecer cuando pierden su territorio,
sino cuando pierden su lenguaje.
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