El derecho a imaginar otro país

La imaginación con sentido de rigor

Si en la primera parte nos preguntábamos qué país estamos entregando a las próximas generaciones y en la segunda nos acercamos a la realidad cotidiana de quienes viven sus consecuencias, ahora debemos plantearnos una interrogante todavía más exigente: ¿qué país estamos dispuestos a construir?

Imaginar otro país no es un ejercicio de evasión poética ni un refugio en el optimismo ingenuo. Tampoco significa desconocer las dificultades económicas, las desigualdades, la debilidad institucional o los problemas que condicionan nuestra vida colectiva.

Imaginar con rigor significa mirar de frente la realidad y reconocer que no estamos condenados a repetirla. Significa comprender que las sociedades pueden modificar su rumbo cuando sus ciudadanos dejan de aceptar pasivamente lo establecido y comienzan a organizar sus capacidades alrededor de objetivos comunes.

La imaginación adquiere verdadero sentido cuando se convierte en voluntad, cuando encuentra dirección y cuando se traduce en decisiones. Soñar con un país diferente es apenas el comienzo. Lo verdaderamente importante es identificar qué debemos cambiar, cómo podemos hacerlo y quiénes tienen la responsabilidad de impulsar esa transformación.

No basta con desear otra realidad. Hay que construir las condiciones para que pueda existir.

Educación, cultura y diáspora: los pilares del cambio

En cualquier proyecto de transformación nacional, la educación y la cultura deben ocupar un lugar central. No pueden continuar tratándose como capítulos secundarios del presupuesto público ni como actividades ornamentales destinadas a acompañar las grandes decisiones económicas y políticas.

La educación debe formar ciudadanos capaces de pensar, investigar, preguntar y disentir. No puede limitarse a transmitir contenidos ni a preparar estudiantes para superar evaluaciones. Debe desarrollar la curiosidad, el pensamiento crítico, la creatividad y la capacidad de comprender los problemas de la sociedad.

Necesitamos escuelas que despierten vocaciones, maestros respaldados y reconocidos, universidades conectadas con las necesidades del país y una formación que prepare a los jóvenes para participar en la construcción de su propio futuro.

Pero debemos ir más allá de las reformas curriculares y de los resultados académicos. Necesitamos revisar la calidad de la gestión educativa, fortalecer la formación docente, garantizar condiciones dignas de enseñanza y establecer mecanismos de evaluación que permitan corregir deficiencias y reconocer los avances.

La educación no puede seguir siendo una promesa que se repite de generación en generación sin que sus resultados correspondan a las expectativas que despierta.

La cultura, por su parte, no es un lujo ni un entretenimiento reservado para determinados sectores. Es una dimensión esencial de la vida nacional. En ella reconocemos nuestras raíces, interpretamos nuestra historia, expresamos nuestras contradicciones y construimos referentes de identidad y convivencia.

Un país que no invierte en su educación ni protege su patrimonio cultural debilita las herramientas con las que puede comprenderse y transformarse.

La cultura debe estar presente en las políticas educativas, en los programas de desarrollo comunitario, en la formación ciudadana y en las estrategias de prevención de la violencia. Debe dejar de ser considerada un complemento de la gestión pública para convertirse en una parte sustancial de cualquier proyecto de nación.

Esto exige políticas culturales con continuidad, presupuestos transparentes, instituciones profesionales, participación de los artistas y mecanismos que permitan que la creación llegue a toda la población.

También exige reconocer el trabajo de quienes producen cultura. Los artistas, investigadores, gestores, educadores y trabajadores culturales no pueden continuar dependiendo exclusivamente de relaciones circunstanciales con las instituciones o de decisiones administrativas que cambian con cada gestión.

La cultura necesita planificación, formación, infraestructura, oportunidades laborales y una política pública que comprenda su contribución al desarrollo.

También debemos mirar hacia nuestra diáspora. Los dominicanos que viven en el exterior no son únicamente una fuente de remesas. Constituyen una comunidad con conocimientos, experiencias profesionales, capacidades empresariales y vínculos internacionales que pueden contribuir de manera significativa al desarrollo nacional.

Los más de tres millones de dominicanos registrados por el INDEX en 129 países y territorios representan una dimensión humana y cultural que merece una política de vinculación mucho más ambiciosa.

Es necesario crear mecanismos que permitan aprovechar ese capital humano, facilitar la inversión productiva, promover el intercambio de conocimientos y fortalecer los vínculos entre quienes viven fuera y quienes permanecen en el territorio nacional.

Podríamos impulsar programas de cooperación profesional, redes de mentoría para jóvenes, intercambio académico, apoyo a emprendimientos, promoción cultural y mecanismos de participación de la comunidad dominicana en el exterior en proyectos de desarrollo territorial.

La distancia no debería convertirse en una forma de exclusión. El dominicano que reside en el exterior también tiene derecho a participar en la construcción del país al que pertenece.

El desierto político a dieciocho meses de las urnas

Pero ningún proyecto de transformación puede desarrollarse al margen de la política. Son las decisiones públicas, las instituciones y los liderazgos los que, en buena medida, determinan las prioridades de una nación y la manera en que se administran sus recursos.

A dieciocho meses de las próximas elecciones presidenciales, legislativas y municipales, el país debería encontrarse inmerso en una discusión seria sobre su futuro. Sin embargo, el debate político todavía tiene pendiente mostrar con suficiente claridad la profundidad de las propuestas que reclama la sociedad.

Escuchamos aspiraciones, declaraciones y movimientos propios de la competencia electoral, pero seguimos esperando que los potenciales candidatos presenten proyectos nacionales capaces de responder a los grandes desafíos del país.

¿Dónde están las propuestas para transformar la educación? ¿Qué plantean sobre la calidad del gasto público, el endeudamiento y la sostenibilidad fiscal? ¿Cómo piensan enfrentar la desigualdad, fortalecer la seguridad ciudadana, modernizar las instituciones y generar oportunidades para los jóvenes? ¿Qué lugar ocuparán la cultura, la ciencia, la innovación y el desarrollo territorial en sus programas de gobierno?

Pero hay una pregunta que debería atravesar todos esos programas: ¿cómo mejorará la vida del dominicano común?

No basta con presentar cifras de crecimiento, anunciar grandes inversiones o enumerar proyectos de infraestructura. La ciudadanía necesita saber cómo esas decisiones se traducirán en mejores salarios, reducción de las desigualdades, servicios públicos eficientes, seguridad, oportunidades de empleo y mayor tranquilidad para las familias.

¿Cómo se propone aliviar la presión económica que soportan los hogares? ¿Qué políticas permitirán que trabajar sea una vía efectiva para salir adelante? ¿Cómo se recuperará la confianza en las instituciones? ¿Qué se hará para mejorar la convivencia ciudadana y enfrentar las distintas manifestaciones de violencia e intolerancia?

La política necesita volver a encontrarse con la vida real de las personas.

Un proyecto nacional no puede construirse exclusivamente desde los despachos, las estadísticas o los cálculos electorales. Tiene que escuchar al trabajador, al pequeño comerciante, al maestro, al estudiante, al agricultor, al profesional independiente y a las familias que cada día enfrentan las dificultades de sostener sus hogares.

El ciudadano no necesita únicamente que le hablen de un país que crece. Necesita experimentar que ese crecimiento también le pertenece.

No basta con administrar las urgencias ni con ofrecer respuestas parciales a problemas estructurales. El país necesita una discusión política que vaya más allá de las estrategias electorales y de las promesas que desaparecen después de las votaciones.

La ciudadanía merece conocer qué propone cada aspirante, con qué equipo pretende hacerlo, cuáles serían sus prioridades, cómo financiaría sus compromisos y qué mecanismos de evaluación y rendición de cuentas estaría dispuesto a aceptar.

Una candidatura no debería medirse solamente por su capacidad para conquistar votos, sino también por la calidad de las ideas, la preparación de quienes la acompañan y la seriedad de sus compromisos con la nación.

Y aquí aparece una responsabilidad que no admite postergaciones: la manera en que administramos los recursos públicos y las obligaciones que dejamos a quienes vendrán después.

La deuda pública no pertenece al presidente que la contrata. Es una responsabilidad del país que debe justificarse ante quienes tendrán que pagarla.

No podemos gobernar pensando exclusivamente en la próxima elección cuando las consecuencias de nuestras decisiones alcanzarán a las próximas generaciones.

Cada presupuesto, cada endeudamiento y cada inversión pública deberían responder a una pregunta fundamental: ¿qué capacidad estamos dejando instalada para que el país pueda vivir mejor mañana?

Gobernar también significa asumir responsabilidades frente a un futuro que no nos pertenece exclusivamente.

La corrupción también empobrece nuestra cultura

La corrupción produce pérdidas económicas, distorsiona las decisiones públicas y puede privar a la sociedad de recursos necesarios para atender sus necesidades.

Pero existe otro daño menos visible.

Cuando la deshonestidad parece no tener consecuencias, se debilita el valor social de la integridad.

Cuando las influencias parecen abrir caminos que permanecen cerrados para otros ciudadanos, se deteriora la confianza en el mérito.

Cuando determinados expedientes desaparecen de la conversación pública sin que la sociedad comprenda su desenlace, se fortalece el desencanto.

Y cuando la ciudadanía comienza a considerar que la política es inevitablemente un territorio de privilegios, la democracia pierde parte de su autoridad moral.

Por eso, combatir la corrupción no puede limitarse a perseguir delitos.

También exige transformar una cultura política que, en ocasiones, ha tolerado el clientelismo, confundido lealtad partidaria con obediencia personal y aceptado que los recursos públicos se utilicen como instrumentos de influencia.

Necesitamos instituciones capaces de prevenir, investigar y sancionar. Pero también necesitamos una sociedad que deje de admirar el enriquecimiento sin explicación, que exija transparencia a sus propios dirigentes y que no justifique una irregularidad porque haya sido cometida por alguien cercano a sus simpatías.

La honestidad no puede depender del color de una bandera política.

No podemos reclamar transparencia solamente cuando gobiernan quienes no son de nuestra preferencia. La exigencia ética debe ser la misma para todos, independientemente de la posición política, las relaciones personales o los intereses particulares.

La integridad en la vida pública no es una virtud opcional ni un atributo que deba celebrarse como una excepción. Es una obligación inherente al ejercicio de cualquier responsabilidad pública.

Una sociedad que aspira a transformarse necesita recuperar el valor de la palabra, la coherencia entre lo que se proclama y lo que se practica, y la convicción de que el interés colectivo debe prevalecer sobre las ventajas particulares.

Porque la corrupción no solamente compromete recursos: también compromete la confianza, debilita las instituciones y educa negativamente a las nuevas generaciones cuando transmite la idea de que el éxito puede alcanzarse al margen de la honestidad.

La política necesita recuperar su sentido cultural

La política y la cultura no son territorios separados.

Una política que desprecia la educación, la memoria, la sensibilidad y el pensamiento crítico termina reduciendo su horizonte a la administración del poder.

Y una sociedad que renuncia a formar ciudadanos capaces de cuestionar y participar termina debilitando los fundamentos de su democracia.

No podemos seguir entendiendo la cultura como un conjunto de actividades destinadas a acompañar las ceremonias oficiales.

La cultura debe contribuir a formar la conciencia crítica de la nación.

Debe ayudarnos a comprender de dónde venimos, quiénes somos y qué aspiramos a ser. Debe permitirnos reconocer nuestra diversidad, examinar nuestra historia sin prejuicios y desarrollar una sensibilidad capaz de reconocer las necesidades y aspiraciones de los demás.

Una política cultural verdaderamente democrática no debería limitarse a organizar espectáculos, festivales y actos conmemorativos. También debe crear las condiciones para que los ciudadanos accedan al conocimiento, participen en la creación artística, desarrollen su pensamiento y encuentren espacios para expresar sus inquietudes.

El teatro, la literatura, la música, el cine, las artes visuales y las demás expresiones creativas pueden convertirse en instrumentos de reflexión y participación ciudadana.

El arte no sustituye a las instituciones ni resuelve por sí solo los problemas económicos y sociales. Pero contribuye a formar personas capaces de interpretar la realidad, cuestionar las injusticias, reconocer otras experiencias humanas y comprender que la convivencia requiere respeto y sensibilidad.

Por eso, invertir en cultura es también invertir en ciudadanía.

Necesitamos una política que comprenda que la formación de un país no termina en la preparación de trabajadores para el mercado laboral. También requiere seres humanos con memoria, criterio, imaginación, sensibilidad y capacidad para participar en la vida democrática.

La cultura no debe estar subordinada a la conveniencia política de cada gobierno. Debe ser reconocida como una responsabilidad permanente del Estado y como un derecho de la ciudadanía.

La espera de un liderazgo comprometido

La República Dominicana necesita un liderazgo capaz de comprender la dimensión de sus desafíos y de convocar a la sociedad alrededor de un proyecto nacional.

No se trata de buscar un salvador ni de depositar todas nuestras expectativas en una figura individual. Los países no se transforman únicamente por la voluntad aislada de un gobernante. Se transforman cuando existen instituciones sólidas, equipos preparados, ciudadanos comprometidos y una dirección política capaz de articular esos esfuerzos.

Necesitamos hombres y mujeres que se atrevan a presentar propuestas diferentes, que expliquen cómo piensan ejecutarlas y que estén dispuestos a rendir cuentas por sus resultados.

Un liderazgo que no tema revisar lo que no funciona, que no confunda popularidad con capacidad de gobierno y que entienda que administrar un país implica tomar decisiones difíciles, establecer prioridades y actuar pensando más allá del próximo período electoral.

Las experiencias de otros países, como El Salvador y Colombia, pueden ofrecernos elementos para el análisis, pero no modelos que debamos reproducir mecánicamente ni transformaciones que debamos calificar anticipadamente como ejemplares.

Cada sociedad tiene circunstancias históricas, instituciones, estructuras económicas y desafíos particulares. Lo responsable es estudiar sus decisiones, examinar los resultados, identificar las condiciones que hicieron posibles determinados cambios y evaluar también sus costos, limitaciones y consecuencias.

El Salvador y Colombia ofrecen experiencias diferentes en materia de seguridad, institucionalidad, participación política, desarrollo social y gestión pública. Su estudio puede ayudarnos a formular mejores preguntas sobre nuestras propias posibilidades.

No se trata de copiar respuestas ajenas, sino de desarrollar la capacidad de aprender, comparar y decidir con criterio propio.

La República Dominicana necesita encontrar su propio camino, con respuestas construidas desde nuestra realidad y orientadas a mejorar la vida de nuestros ciudadanos.

De la inconformidad al compromiso

A dieciocho meses de las elecciones, todavía estamos a tiempo de exigir que la contienda política se convierta en un verdadero debate sobre el país que queremos.

Ojalá podamos ver aparecer en el escenario electoral candidatos capaces de formular propuestas que nos permitan vislumbrar, aunque sea inicialmente, una esperanza renovada. Aspirantes que no se limiten a administrar el desencanto, sino que se atrevan a presentar una visión de futuro; que no busquen solamente conquistar el poder, sino demostrar para qué quieren ejercerlo y qué están dispuestos a transformar.

Pero esa responsabilidad no corresponde exclusivamente a quienes aspiran a gobernar. También nos pertenece a los ciudadanos, a los educadores, a los artistas, a los empresarios, a los trabajadores, a los jóvenes y a todos aquellos que reconocen que el destino nacional no puede quedar reducido a una disputa entre partidos.

Necesitamos recuperar la participación, fortalecer la exigencia pública y comprender que la democracia no termina cuando depositamos un voto. Continúa en la vigilancia ciudadana, en la defensa de las instituciones, en la demanda de transparencia y en nuestra disposición a involucrarnos en los asuntos que afectan a la colectividad.

También debemos comprender que el país que aspiramos a construir no será diferente solamente porque cambien los gobernantes. Será diferente cuando aprendamos a exigir instituciones responsables, pero también a asumir nuestras propias responsabilidades; cuando dejemos de justificar la corrupción, la intolerancia y la agresividad; cuando entendamos que la convivencia comienza en nuestras casas, continúa en las escuelas y se expresa en cada espacio público.

No podemos reclamar una sociedad más justa mientras reproducimos cotidianamente las conductas que la deterioran.

El cambio institucional y el cambio cultural no son caminos separados. Se necesitan mutuamente. Las leyes pueden establecer obligaciones, las instituciones pueden garantizar derechos y los gobiernos pueden ejecutar políticas públicas, pero una sociedad también necesita ciudadanos dispuestos a respetar, participar y defender el bien común.

Imaginar otro país exige abandonar la comodidad de la queja permanente, pero también rechazar la resignación. Exige convertir la inconformidad en propuestas, las ideas en compromisos y los compromisos en acciones.

República Dominicana tiene talento, memoria, creatividad y una extraordinaria capacidad para levantarse. Tiene hombres y mujeres que, desde distintos oficios y responsabilidades, trabajan cada día por un país mejor. Tiene artistas que mantienen viva nuestra identidad, maestros que sostienen la esperanza en las aulas, jóvenes que buscan nuevas oportunidades y ciudadanos que no han renunciado a creer en el valor de lo colectivo.

No estamos, por tanto, ante una nación desprovista de capacidades ni de posibilidades. Tenemos recursos humanos, experiencias, conocimientos, patrimonio, creatividad y una historia que nos ha enseñado a enfrentar dificultades.

Lo que necesitamos es convertir esas posibilidades en un proyecto compartido. Un proyecto sostenido por principios que no cambien según las conveniencias, por instituciones que estén al servicio de la gente y por una ciudadanía que comprenda que el futuro no puede quedar exclusivamente en manos de quienes gobiernan.

Tal vez el primer paso sea entender que imaginar otro país no significa rechazar el que tenemos. Significa reconocerlo, amarlo lo suficiente para no resignarnos ante sus limitaciones y asumir la responsabilidad de transformarlo.

Porque el país que soñamos no aparecerá por sí solo en el horizonte. Tendremos que construirlo en nuestras escuelas, en nuestras familias, en nuestras instituciones, en nuestros espacios culturales, en nuestras decisiones políticas y en la manera en que tratamos a los demás.

El derecho a imaginar otro país es también el deber de trabajar para hacerlo posible.

No se trata solamente de imaginar una República Dominicana diferente. Se trata de comenzar, desde ahora, a merecerla y construirla.

El país que soñamos no aparecerá por generación espontánea. Tendremos que pensarlo, discutirlo, defenderlo y construirlo.

Ese es nuestro desafío. Y también nuestra responsabilidad.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES

Pensamiento filosófico, educación y desarrollo humano

• Freire, Paulo. Pedagogía de la esperanza. Para fundamentar la educación como práctica de transformación social y construcción de una conciencia crítica.
• Nussbaum, Martha C. Sin fines de lucro. Por qué la democracia necesita de las humanidades. Para sustentar la importancia de las artes, las humanidades y el pensamiento crítico en la formación ciudadana y el fortalecimiento democrático.
• Sen, Amartya. Desarrollo y libertad. Para comprender el desarrollo como ampliación de las capacidades, oportunidades y libertades reales de las personas.

Fuentes estadísticas e institucionales

• Registro Sociodemográfico de los Dominicanos Residentes en el Exterior. Quinta edición, 2026.
• Oficina Nacional de Estadística (ONE). Nuevas proyecciones de población de la República Dominicana.