¿Cómo pudiera afectar la fusión MINERD/MESCYT a la educación superior pública?

La discusión en torno a la posible fusión del Ministerio de Educación (MINERD) y el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT) no es un debate meramente administrativo ni una simple reorganización del Estado. Se trata, en esencia, de una decisión política con profundas implicaciones simbólicas, jurídicas, académicas y presupuestarias para el presente y el futuro de la educación superior pública dominicana, particularmente para la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

La eventual desaparición del MESCYT como órgano rector específico de la educación superior envía, de entrada, un mensaje negativo y preocupante: la idea de que la educación universitaria, la investigación científica y el desarrollo tecnológico pueden ser tratados como un apéndice menor dentro del amplio y complejo sistema educativo nacional, como si fuera algo más de lo mismo. En términos simbólicos, esta fusión parece sugerir que la educación superior es “cualquier cosa”, prescindible como espacio autónomo de pensamiento crítico, producción de conocimiento y formación avanzada del capital humano.

Desde una perspectiva académica y comparada, los sistemas educativos que han apostado al desarrollo sostenible y a la competitividad internacional suelen fortalecer —no diluir— las instancias especializadas en educación superior, ciencia e innovación. Diluir la gestión de la educación universitaria en la preuniversitaria es un capricho burocrático que niega el reconocimiento de que se trata de niveles con misiones, lógicas, tiempos y necesidades radicalmente distintas. La educación superior no solo enseña: investiga, crea conocimiento, cuestiona el orden establecido y forma ciudadanía crítica.

En el plano jurídico, la fusión MINERD/MESCYT plantea interrogantes aún más delicantes. La Ley de Autonomía Universitaria, el fuero académico y el régimen presupuestario de la UASD no son concesiones graciosas del Estado, sino conquistas históricas y derechos adquiridos, respaldados por un marco legal específico. Cualquier nuevo proyecto de ley que no garantice explícitamente estos principios corre el riesgo de vaciarlos de contenido, subordinándolos a una estructura administrativa que no reconoce la especificidad ni la tradición de la universidad pública.

La autonomía universitaria no es un privilegio corporativo; es una condición indispensable para la libertad de cátedra, la investigación independiente y la función crítica de la universidad frente a la sociedad y al poder. Diluir esa autonomía en un ministerio centrado, de manera legítima, en la educación inicial, básica y media, podría abrir la puerta a formas sutiles —o no tan sutiles— de injerencia política y administrativa en la vida universitaria.

Uno de los aspectos más preocupantes de esta propuesta es el impacto presupuestario. La UASD, como universidad estatal, enfrenta ya enormes desafíos financieros para cumplir con su misión docente, investigativa y de extensión en todo el territorio nacional. Colocar su presupuesto en un limbo jurídico, o subordinarlo al ya comprometido 4 % del PIB destinado a la educación preuniversitaria, supone una amenaza directa a su sostenibilidad. No se trata de oponer niveles educativos entre sí, sino de reconocer que la educación superior requiere una política de financiamiento propia, estable y suficiente.

La subordinación presupuestaria de la universidad pública al MINERD podría traducirse, en la práctica, en una competencia desigual por recursos escasos, donde la educación superior siempre lleve la peor parte frente a las urgencias —reales y visibles— del sistema preuniversitario. El resultado previsible sería el debilitamiento progresivo de la investigación, la precarización del trabajo académico y la reducción de oportunidades para miles de estudiantes de escasos recursos.

Ahora bien, cierta posición ecuánime obliga a reconocer que toda reforma del Estado puede partir de buenas intenciones: mayor eficiencia administrativa, reducción de duplicidades o mejor articulación del sistema educativo. Sin embargo, las buenas intenciones no deben sustituir el análisis riguroso ni el diálogo amplio con los actores directamente involucrados. Una reforma de esta magnitud no puede imponerse sin escuchar a las universidades públicas, a los docentes, a los investigadores y a los estudiantes.

La educación superior dominicana —con todas sus limitaciones— ha sido un pilar fundamental para la movilidad social, la formación profesional y la construcción de ciudadanía. La UASD, en particular, ha desempeñado un papel histórico en la defensa de la democracia, la soberanía y el pensamiento crítico. Cualquier reforma que afecte su estatus debe partir del respeto a esa historia y de la garantía plena de sus derechos institucionales.

En definitiva, la pregunta no es solo cómo afectará la fusión MINERD/MESCYT a la educación superior pública, sino qué modelo de país estamos dispuestos a construir. Un país que minimiza su universidad pública es un país que renuncia, silenciosamente, a su capacidad de pensarse a sí mismo, de producir conocimiento propio y de proyectarse con dignidad hacia el futuro. La prudencia, el diálogo y el respeto a la autonomía universitaria no son obstáculos al desarrollo; son, precisamente, sus condiciones de posibilidad