Jennifer Vasquez Sura
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Jennifer Vasquez Sura, esposa de Kilmar Ábrego, en el centro de la imagen, ha estado exigiendo el retorno de su marido.

A la jueza federal Paula Xinis se le está acabando la paciencia con el gobierno de Donald Trump en el caso de Kilmar Ábrego García, el inmigrante salvadoreño que fue deportado ignorando la orden judicial que impedía enviarlo a su país porque su seguridad corre peligro allí.

Ábrego se ha convertido en el centro de un pulso entre el poder judicial y el ejecutivo de Trump en torno a las dudas sobre la legalidad y la falta de garantías de su ofensiva contra la inmigración.

La jueza le ha dado al gobierno dos semanas para que presente pruebas de cómo esta intentando que Ábrego regrese a Estados Unidos y advirtió que "no habrá tolerancia para los juegos ni el fanfarroneo". También indicó que en ese plazo decidirá si el gobierno está actuando de buena fe o si está incurriendo en desacato.

Ábrego fue detenido en Maryland y enviado a El Salvador, donde ha sido recluido en la megacárcel construida por el gobierno de Nayib Bukele para albergar sospechosos de pertenecer a las bandas criminales y sobre la que pesan denuncias de hacinamiento y maltrato.

El gobierno de Trump recurrió la orden de la juez Xinis que le impuso hacer las gestiones necesarias para permitir su regreso a Estados Unidos y el Tribunal Supremo falló la semana pasada que la orden de Xinis era válida, por lo que el Ejecutivo debe "facilitar" la liberación de Ábrego.

Pero el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, de visita oficial el lunes en Washington dijo junto a Trump en el Despacho Oval que no tenía "el poder" para devolverlo a Estados Unidos y calificó como "terrorista" a Ábrego pese a que no tiene antecedentes criminales.

Kilmar Ábrego.
Jennifer Vasquez
Kilmar Ábrego está preso en El Salvador pese a que no tiene antecedentes criminales.

"No se ha hecho nada"

La jueza Xinis amonestó a los abogados del Departamento de Justicia: "Hasta la fecha, lo que indican los registros es que no se ha hecho nada".

"Cancelen vacaciones, cancelen otras citas; espero que se pongan todas las manos a la obra", dijo a los abogados del gobierno.

Drew Ensign, abogado del Departamento de Justicia, dijo que las autoridades cumplirían con la orden del Tribunal Supremo de facilitar el regreso de Ábrego si se presenta en algún punto de entrada a Estados Unidos.

Pero poco después, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) dijo lo contrario.

Joseph Mazzarra, consejero del DHS, indicó en un documento judicial que Ábrego sería detenido de volver a intentar entrar en Estados Unidos. Entonces, el gobierno lo enviaría a otro país o le pediría a un juez de Inmigración que revocara la protección concedida hace seis años a Ábrego.

El gobierno de Trump ha dado varias versiones sobre lo sucedido con Ábrego.

Primero indicó que su deportación se había debido a un "error administrativo". También señaló que tenía vínculos con la banda criminal salvadoreña MS-13, lo que tanto sus abogados como su familia niegan.

El jefe de Gabinete adjunto de la Casa Blanca, Stephen Miller, dijo el lunes sobre su deportación que Ábrego "era la persona correcta enviada al lugar correcto".

Unas manos sujetan un cartel que pide el retorno de Kilmar Ábrego a Estados Unidos.
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Manifestantes han pedido el retorno de Ábrego ante la Casa Blanca.

Un proceso migratorio de años

Ábrego es un trabajador de la industria metalúrgica y padre de familia salvadoreño que vivía en el estado de Maryland con su esposa y sus hijos hasta que, a mediados de marzo, fue detenido y enviado al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la megaprisión de El Salvador.

De acuerdo con documentos judiciales, Ábrego llegó indocumentado a Estados Unidos en 2011. Tenía 16 años.

Según su abogado, Simón Sandoval-Moshenberg, llegó a país huyendo de las amenazas en su contra de las pandillas en El Salvador. "Desde 2006, miembros de las pandillas lo habían acosado, golpeado y amenazado con secuestrarlo y matarlo con el objetivo de coaccionar a sus padres para que sucumbieran a la extorsión".

Aunque en 2019 un juez de Inmigración consideró a Ábrego García un posible miembro de la MS-13, el joven apeló la decisión y alegó que la acusación se basaba solo en una denuncia anónima.

El tribunal finalmente estableció que no debía ser deportado a El Salvador, al considerar que era creíble su temor a ser perseguido y torturado allí.

Como resultado de esa decisión, el joven salvadoreño fue liberado y desde entonces había vivido en Maryland con su esposa, una ciudadana estadounidense, y el hijo de ambos.

Fue su mujer la que lo reconoció en un video del traslado al Cecot distribuido por el gobierno de El Salvador y compartido por el propio Bukele en las redes sociales.

Raya.
BBC

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