Solo 4 de cada 10 adolescentes dominicanos se siente seguro en internet, y las niñas son las más expuestas

Apenas el 37 % de los adolescentes en República Dominicana afirma sentirse seguro en los espacios digitales que utiliza a diario. Entre las chicas, esa cifra cae a un 25 %. Los datos, recogidos en el marco de una consulta nacional coordinada por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), junto a Safe Online, ECPAT International, INTERPOL y el Ministerio de Justicia, dibujan un escenario donde la conectividad creció más rápido que la protección.

Una generación conectada, pero desprotegida

Para la mayoría de los adolescentes dominicanos, internet no es una opción: es el lugar donde estudian, se relacionan y se entretienen. Sin embargo, esa presencia constante en el mundo digital no viene acompañada de las herramientas necesarias para navegar con seguridad.

La mitad de los adolescentes accede a internet únicamente a través del teléfono celular, lo que limita sus posibilidades de aprendizaje y participación. La situación se agrava en los hogares de menores ingresos: 7 de cada 10 jóvenes de esos estratos dependen exclusivamente del móvil, frente a 3 de cada 10 en hogares de nivel medio y alto. La brecha digital, en este caso, no es solo de acceso: es también de calidad y de seguridad.

Aunque suelen ser catalogados como "nativos digitales", los propios adolescentes reconocen que crecer rodeados de tecnología no equivale a saber protegerse en ella. Esa percepción, recogida en estudios como Kids Online y Adolescentes y el uso de Internet de UNICEF, contradice uno de los mitos más extendidos sobre esta generación.

 La brecha de género, el dato más preocupante

Que solo una de cada cuatro adolescentes mujeres se sienta segura en línea no es un dato menor. Refleja una realidad documentada a nivel regional: las niñas y adolescentes enfrentan formas específicas de violencia digital —acoso, grooming, sextorsión, difusión no consentida de imágenes— que los marcos legales y las respuestas institucionales aún no logran contener con eficacia.

La consulta nacional reunió a instituciones con roles clave en la protección de la niñez: el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), la Procuraduría General de la República, el Poder Judicial, el Ministerio de Interior y Policía, INDOTEL y la OGTIC, entre otras. El ministro de Justicia, Antoliano Peralta, reconoció en el encuentro que "el Estado dominicano tiene la responsabilidad de prevenir, investigar y sancionar toda forma de violencia sexual en línea que afecte a niños, niñas y adolescentes".

Respuestas en marcha, pero insuficientes ante una amenaza que evoluciona

El país no parte de cero. En las últimas semanas, la Procuraduría Especializada contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (PEDATEC) participó en el operativo internacional "Aliados por la Infancia VI", que ejecutó más de 266 allanamientos simultáneos en 16 países y resultó en el arresto de más de 80 personas vinculadas a la explotación sexual infantil en línea. En República Dominicana, la acción se extendió a cinco provincias.

UNICEF, junto al Ministerio de Educación, ha desarrollado plataformas como E-mentores y E-pana, orientadas a fortalecer las capacidades de adolescentes y familias para un uso más seguro de internet. El país también forma parte del programa multinacional Disrupting Harm, que articula actores nacionales e internacionales para enfrentar la explotación y el abuso sexual infantil facilitados por la tecnología.

Sin embargo, el representante de UNICEF en el país, Carlos Carrera, fue claro al señalar que estos esfuerzos deben escalar: "La violencia sexual en línea es una amenaza creciente que exige respuestas integrales y coordinadas".

El avance de la inteligencia artificial generativa complejiza aún más el panorama. Las nuevas tecnologías no solo amplifican los riesgos existentes, sino que introducen formas inéditas de violencia y manipulación que los marcos legales vigentes no estaban diseñados para enfrentar. La velocidad con que evoluciona el entorno digital supera, por ahora, la capacidad de respuesta del Estado.

Que el 63 % de los adolescentes todavía perciba internet como un espacio con contenidos positivos para su edad es, quizás, la señal más clara de que la apuesta por entornos digitales seguros no está perdida. Pero lograrlo exige algo más que consultas y declaraciones de intención: requiere políticas públicas con presupuesto, legislación actualizada y una institucionalidad que responda a la velocidad del problema.