El pleno de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) conocerá este jueves la recusación interpuesta contra la jueza especial Isis Muñiz, quien dirige el proceso de medida de coerción contra el fiscal Aurelio Valdez Alcántara, detenido en flagrante delito el pasado 28 de marzo mientras recibía un soborno de 10 mil dólares. La alta corte sesionará en cámara de consejo para decidir si la magistrada continúa al frente del caso o si se designa a otro juez.
El recurso fue presentado por los abogados Alberto Delgado y Valentín Medrano, defensores del imputado, y ha logrado lo que ningún argumento de fondo ha podido conseguir hasta ahora: detener el proceso. Desde el 10 de abril, cuando la recusación fue planteada en plena audiencia, el caso permanece suspendido. El Ministerio Público espera que la SCJ despeje el camino para que pueda conocerse la solicitud de prisión preventiva de un año que pesa sobre el exfuncionario.
Un fiscal que perseguía la corrupción, ahora perseguido por ella
Aurelio Valdez Alcántara no era un fiscal de escritorio: era un operador de primera línea de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), la unidad de élite del Ministerio Público creada precisamente para combatir los delitos que él ahora enfrenta. Participó en investigaciones de alto perfil como los casos Los Tres Brazos, Fodearte, Ministerio de Agricultura, Operación Medusa y, con particular ironía, el propio caso Senasa, que es el expediente desde el cual se habría originado el soborno que lo llevó a prisión.
Según el Ministerio Público, Valdez Alcántara habría recibido los 10 mil dólares de Roberto Antonio Canaán, exgerente de Atención al Usuario del Seguro Nacional de Salud (Senasa), quien estaba bajo investigación. El fiscal habría planteado de manera explícita que podía alterar el curso de esa investigación a cambio de un pago económico. La Procuraduría organizó una entrega vigilada del dinero y lo detuvo en el acto.
La jueza designada, ahora cuestionada
Apenas dos días después del arresto, el 29 de marzo, la magistrada Isis Muñiz —de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional y presidenta de la Asociación de Jueces y Juezas— fue designada como jueza de instrucción especial para controlar las investigaciones. Era una designación de alto perfil para un caso de alto perfil.
Pero la defensa convirtió esa misma designación en el argumento central de su estrategia. Delgado y Medrano alegaron que la magistrada había perdido objetividad porque, en su rol de jueza de instrucción, autorizó previamente las diligencias investigativas del Ministerio Público, incluyendo la "entrega vigilada" del dinero presuntamente utilizado en el soborno. Ese "contacto previo con las pruebas", según la defensa, la inhabilita para conocer ahora la medida de coerción.
La jueza Muñiz rechazó inhibirse voluntariamente, al entender que su imparcialidad no estaba comprometida. Eso obligó a elevar el incidente ante la SCJ, como establece el procedimiento.
Una maniobra que el MP llama "desesperada"
El director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, no midió sus palabras al calificar la recusación. La llamó "absurda" y la enmarcó como parte de un "litigio temerario" destinado a dilatar el proceso. "Ante la imposibilidad de defenderse de los hechos y de las evidencias irrefutables con que cuenta el Ministerio Público, han venido hoy con un grito desesperado", declaró Camacho tras la audiencia del 10 de abril.
La lectura del Ministerio Público es directa: si las pruebas son tan sólidas como afirman —una detención en flagrante delito, una entrega controlada documentada, una solicitud de coerción de 49 páginas—, la recusación no es un argumento jurídico sino una táctica de tiempo.
La SCJ en el centro del tablero
El expediente llegó al pleno de la SCJ luego de que el magistrado Francisco Jerez Mena, presidente de la Segunda Sala del alto tribunal, rindiera un informe técnico tras ser designado por el presidente Henry Molina para estudiar el caso. La sesión en cámara de consejo de este jueves definirá si la recusación prospera o si Muñiz retoma el proceso.
Lo que está en juego no es solo la continuidad de una jueza. Es la velocidad con que la justicia dominicana responde cuando uno de los suyos es el acusado. "Cada semana que pasa sin que se conozca la medida de coerción es una semana en que un fiscal detenido en flagrante delito permanece sin que un tribunal haya determinado formalmente su situación procesal", precisa la defensa.
El sistema que Valdez Alcántara ayudó a construir desde adentro ahora debe demostrar que funciona también cuando el imputado conoce sus engranajes mejor que nadie.
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