Reiteran preocupación por afectaciones al derecho a la salud de personas migrantes

El Colectivo Migración y Derechos Humanos expresó su profunda preocupación ante las afectaciones al derecho a la salud de personas migrantes en situación irregular, en el contexto de la implementación de recientes medidas de control migratorio, particularmente en centros de salud públicos.

Según el Colectivo, la aplicación de las denominadas “15 medidas” ha generado un clima de miedo e incertidumbre que está impactando el acceso efectivo a la atención médica, especialmente en el caso de mujeres embarazadas, recién nacidos, niños y niñas.

Reducción de mujeres extranjeras en hospitales

La organización señaló que la disminución en la presencia de mujeres extranjeras en maternidades y otros servicios hospitalarios reportada recientemente por el presidente del Colegio Médico Dominicano coincide temporalmente con la entrada en vigencia de dichas medidas. Si esta reducción responde al temor de ser detenidas o deportadas al acudir a un centro de salud, se trataría de una señal alarmante desde el punto de vista sanitario y humanitario.

“Cuando una población vulnerable deja de buscar atención médica por miedo, se incrementan los riesgos individuales y colectivos”, indicó el Colectivo en un comunicado.

En relación con las declaraciones sobre supuestas “negociaciones soterradas” vinculadas a la atención de personas indocumentadas, el Colectivo sostuvo que cualquier irregularidad administrativa o posible acto de corrupción debe ser investigado con transparencia y rigor. No obstante, advirtió que investigar faltas administrativas no puede traducirse en la instalación de la idea de que los servicios de salud brindados a personas indocumentadas —en particular a mujeres embarazadas— son en sí mismos sospechosos.

Derechos humanos y salud pública

Desde una perspectiva de derechos humanos y salud pública, la atención materna no constituye una concesión migratoria, sino un deber del Estado. La Ley 42-01 General de Salud establece la obligación de garantizar servicios en todos los niveles y reconoce prioridad en la atención para mujeres embarazadas, niños y niñas, sin introducir distinción por nacionalidad o estatus migratorio en el momento de la prestación del servicio.

Negar o dificultar el acceso a controles prenatales o a servicios hospitalarios no solo pone en riesgo la vida de la madre, sino también la del recién nacido. La salud materna y neonatal es un asunto de salud pública colectiva y no una variable subordinada al debate migratorio.

Asimismo, el Colectivo recordó que la Ley 136-03 y la Convención sobre los Derechos del Niño establecen que el interés superior del niño debe prevalecer en toda decisión que les afecte. Ese principio no distingue nacionalidad ni estatus migratorio. Un recién nacido, independientemente del origen de su madre, es sujeto de protección reforzada por parte del Estado.

Para la organización, la disminución de embarazadas extranjeras en los centros hospitalarios debe analizarse con responsabilidad. Si responde al miedo o a la percepción de exclusión, se estaría ante una barrera indirecta al ejercicio de derechos fundamentales que requiere atención urgente.

El debate sobre las políticas migratorias es legítimo, así como la exigencia de transparencia en la gestión hospitalaria. Pero convertir la atención médica en un espacio de sospecha o insinuar que brindar asistencia constituye una anomalía puede alimentar la estigmatización hacia mujeres y niños que ya viven en situación de extrema vulnerabilidad, puntualiza el comunicado.

Finalmente, el Colectivo subrayó que la ética médica, la Ley 42-01, la Ley 136-03 y los compromisos internacionales asumidos por la República Dominicana convergen en un principio inequívoco: frente a la maternidad y la niñez, la primera obligación es proteger.