En 2021, el entonces ministro de Salud, Daniel Rivera, advirtió al país sobre un gran reto para nuestro sistema sanitario: las parturientas haitianas. Según declaró en su momento, estas eran responsables del 70 % de los partos en hospitales de Santiago y Valverde, consumían RD$10 mil millones anuales y empujaban al sistema de salud hacia un colapso inminente. La culpa, claro está, no se atribuyó a los años de abandono estructural, sino a esas parturientas que, en sus palabras, “nos estaban cogiendo el espacio”.
El presidente Abinader incluyó entre sus 15 medidas de “seguridad y soberanía” un protocolo hospitalario: exigir a los extranjeros identificación, prueba de domicilio y carta de trabajo para recibir atención médica, además de fijarles una tarifa. Quienes no cumplan, serán atendidos, pero repatriados una vez estabilizados, con agentes migratorios instalados en cada hospital para vigilar el cumplimiento. La justificación oficial: garantizar que los dominicanos no sean “desplazados” en su propio sistema de salud.
Avancemos hasta agosto de 2025. El director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Mario Lama, anunció que, gracias al “protocolo migratorio” implementado en los hospitales, la atención a ciudadanos haitianos se desplomó hasta en un 67 %. Se proclamó una victoria administrativa, argumentando que ahora sí se podía “aliviar” la presión sobre el sistema y concentrarse en la población dominicana.
¿O no?
Aquí comienzan las preguntas que demandan respuesta. Si la reducción fue tan dramática, ¿en qué partidas concretas se materializaron los ahorros? ¿Se gastó menos en material médico, electricidad, agua o en equipos? ¿Se redujo la nómina en salud?
El colapso no lo trajeron las parturientas haitianas, lo trajo el propio sistema.
Y más allá de las cifras: ¿en qué se invirtieron los recursos liberados? ¿En mejorar las salas de internamiento, que siguen abarrotadas? ¿En adquirir medicamentos que aún escasean? ¿En garantizar la disponibilidad de sangre, equipos en condiciones o quirófanos aptos para trabajar? ¿Se ha reforzado la atención primaria? ¿O la gran hazaña se limitó a rechazar parturientas haitianas y maquillar las estadísticas?
Porque, a falta de pruebas que demuestren lo contrario, los usuarios dominicanos siguen denunciando esperas interminables, carencia de insumos básicos y un servicio ineficiente. La pregunta entonces se vuelve inevitable: si en 2021 la precariedad era culpa de las parturientas haitianas, y en 2025 su presencia se redujo drásticamente, ¿qué justificación queda para la persistente mala calidad del servicio de salud en los establecimientos públicos?
El argumento de la saturación migratoria fue útil, sin duda, como cortina de humo. Y ahora, con menos parturientas haitianas y una red pública de salud cuya percepción sigue siendo desastrosa, ya no queda dónde esconder la verdad: el colapso no lo trajeron las parturientas haitianas, lo trajo el propio sistema. Y ese, lamentablemente, no hay protocolo migratorio que lo saque del país.
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