El abogado Waldo Paulino informó que presentó una querella con constitución en actor civil contra el alcalde de Santiago, José Ulises Rodríguez Guzmán, y la encargada de Planeamiento Urbano del Ayuntamiento, Génesis Elena Cruz, por presunto robo agravado, desacato judicial y sustracción y retención ilegal de bienes pertenecientes a dos empresas de telecomunicaciones.
La acción judicial involucra a las compañías Star Satellite Cable and Communications, S.R.L., y Centric Mobility (CEMO), S.R.L., cuyos equipos, según el jurista, fueron incautados el 27 de mayo de 2026, mientras técnicos realizaban trabajos para reparar una avería en la avenida Circunvalación Sur, próximo a la Fortaleza San Luis, en Santiago.
Paulino relató que siete personas a las que identificó como empleados del Ayuntamiento interrumpieron los trabajos y retiraron un camión en cuyo interior había herramientas especializadas, equipos de fibra óptica y otros instrumentos utilizados en las operaciones de telecomunicaciones.
El abogado explicó que, tras reclamar judicialmente la devolución de los bienes, la Presidencia de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago emitió la Ordenanza Civil núm. 0514-2026-SORD-00460, del 28 de agosto de 2026.
La decisión ordenó al Ayuntamiento devolver el camión y las herramientas incautadas en un plazo de cinco días laborables, bajo una astreinte de RD$ 2,000 por cada día de retraso. También dispuso la ejecución provisional de la ordenanza sobre minuta.
Sin embargo, Paulino sostiene que el cabildo no ha cumplido íntegramente con la disposición judicial y mantiene en su poder varios equipos, entre ellos dos fusionadoras de fibra óptica marca Fujikura, dos analizadores OTDR y un rollo de aproximadamente 2,000 metros de fibra óptica.
«El alcalde no da respuesta sobre qué ha hecho con los instrumentos de nuestra patrocinada», manifestó el abogado, quien calcula en unos RD$30 millones el valor de los bienes que, según su denuncia, fueron sustraídos o permanecen retenidos.
Paulino indicó que la querella fue depositada ante la Procuraduría General de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago. Agregó que esperan la citación para que los señalados comparezcan a una audiencia de conciliación.
Asimismo, informó que solicitó medidas de coerción contra el alcalde, entre ellas presentación periódica, impedimento de salida del país y una garantía económica de RD$ 100 millones.
Respecto a la encargada de Planeamiento Urbano, el jurista pidió que se investigue su posible participación en los hechos y se determinen las responsabilidades correspondientes.
El abogado afirmó que continuará el proceso judicial hasta conseguir la devolución de los equipos y la reparación de los daños que reclaman las empresas.
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