La comunicadora Claudia Pérez Ramírez, conocida como La Tora, fue arrestada tras una orden emitida por la jueza Diana Moreno Rodríguez, de la Octava Sala Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional.
La detención fue dictada debido a su rebeldía en un proceso judicial.
La Tora enfrenta cargos de difamación e injuria interpuestos por el diputado Sergio Moya de la Cruz (Gory).
Declaraciones relacionadas con que Moya, representante de la circunscripción 3 del Distrito Nacional por el PRM, ha tenido múltiples enfrentamientos con la justicia dominicana desde 1998, cuando fue sometido por lavado de dinero vinculado al narcotráfico, aunque fue absuelto en 2000.
La acusación a La Tora se basa en publicaciones realizadas a través de medios electrónicos, infracción que se encuentra penada por los artículos 21 y 22 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
A finales de abril, el abogado de Moya solicitó la orden de conducción de Pérez Ramírez, luego de que ella no se presentara a la citación judicial.
El 30 de abril, la jueza Moreno Rodríguez fundamentó su decisión de arresto en el artículo 100 del Código Procesal Penal, modificado por la Ley 10-15.
La normativa establece que si un imputado no comparece sin justificación, el Ministerio Público o el querellante pueden solicitar la declaración de rebeldía y la emisión de una orden de arresto.
En ese sentido, Francisco Familia, abogado de La Tora, aseguró que la resolución judicial que ordenó el arresto es falsa.
Según Familia, la jueza fue recusada y no podía celebrar audiencias hasta que la Corte de Apelación resolviera sobre la impugnación presentada.
El abogado afirmó que la jueza no podía fijar audiencia mientras se decidía la recusación y se presentó al tribunal para levantar la rebeldía, según el acta número 046-2025-TREB-00312.
Acta de rebeldía
Según el acta emitida el pasado 30 de abril, el tribunal convocó a todas las partes del proceso, pero la imputada no se presentó, lo que llevó al abogado acusador a solicitar que se declarara su rebeldía.
La jueza Diana Moreno Rodríguez, quien presidió la audiencia, explicó que la imputada había sido debidamente citada y que su defensa no presentó una justificación para la inasistencia.
Durante la audiencia, el abogado de la parte acusadora, el abogado José Altagracia Fis Batista, destacó que la imputada se había manifestado en contra del tribunal en su programa de televisión, asegurando que no acudiría a la cita.
El juicio se lleva a cabo en el contexto de una acusación por presunta difamación e injuria contra el legislador, quien se encuentra en un proceso judicial por otros asuntos legales, como su implicación en la Operación Calamar.
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