Piolín, apodo que lleva desde joven, ha sido sujeto a procesos penales desde temprana edad. La venta de sustancias ilícitas desde los 14 años, lo llevó a la cárcel varias veces, y hoy, que afirma estar reformado y “tranquilo con su familia”, asegura que el buen trato y acompañamiento de los defensores públicos, lo ayudaron a salir de “ese lugar donde nadie quiere estar”.
Una persona involucrada en un conflicto con la ley penal, pero sin recursos económicos suficientes para pagar un abogado puede acceder al servicio de asistencia legal sin costo, mejor conocido como defensa pública gratuita, que, amparado en el artículo 176 de la Constitución, se debe ofrecer, no solo gratis, sino con igualdad, eficiencia y calidad, lo que permita el acceso a la justicia y respeto a sus derechos fundamentales.
Este servicio es brindado por el Poder Judicial a través de la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP), institución que recibe un promedio de 25,000 nuevos casos por año, lo que evidencia el conocimiento de su existencia y labor, pero que también adolece de mayor cantidad de abogados defensores y la ampliación de su oficina a nivel nacional, entre otras carencias.
Al cierre del año 2024, la Oficina Nacional de Defensa Pública tenía acumulados aproximadamente 175,000 casos a nivel nacional. Hoy cuenta con 331 profesionales, entre defensores públicos de carrera y abogados contratados. Esto significa que, en promedio, cada colaborador tiene asignado alrededor de 529 casos.
De acuerdo con el director de la ONDP, Rodolfo Valentín Santos, para cubrir el déficit se necesitan por lo menos unos 500 defensores públicos de carrera.
El presupuesto asignado a la Defensa Pública asciende a RD$ 836,669,483.00, monto que su titular afirma resulta insuficiente frente al trabajo y la carga laboral que asume la ONDP.
El 87% del presupuesto se destina únicamente al pago de salarios, lo que impide cubrir las plazas de técnicos y personal administrativo que se requieren.
Actualmente existe un déficit de aproximadamente 250 defensores públicos, además de la necesidad de reestructurar y ampliar oficinas en todo el territorio nacional. El abogado explica que a esto se suma que cinco de sus sedes operan en locales rentados, debido a que el personal ya no cabía en los espacios asignados dentro de los Palacios de Justicia.
“La Defensa Pública es un servicio esencial que funciona de manera continua, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con defensores disponibles en todas las oficinas de Atención Permanente del país, garantizando que ninguna persona se presente por primera vez ante un juez sin contar con representación legal. Este nivel de servicio constituye una expresión de eficiencia, pero demanda recursos adecuados”, planteó
Recordó que el Tribunal Constitucional, mediante la decisión TC/0056/2022, estableció que el Estado debe garantizar a la ONDP un presupuesto suficiente para cumplir con su rol, dado que se trata de la protección de un derecho fundamental: la defensa. Sin embargo, dice, la falta de recursos ha obligado a contratar abogados adscritos, quienes no cuentan con la misma formación ni ingresan mediante concurso de oposición en la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ) como ocurre con los defensores de carrera.
Es por esto, que entiende, que la ONDP requiere un presupuesto que permita contar con defensores públicos en todas las jurisdicciones del país, evitando la dependencia de abogados externos y asegurando un servicio de calidad uniforme a nivel nacional.
“En este sentido, reclamamos que se asigne a este órgano constitucional los fondos necesarios, en proporción a su misión y al alcance nacional de sus funciones, lo que no ocurre con otros órganos constitucionales que manejan presupuestos mucho más elevados sin prestar un servicio de esta magnitud”.
Actualmente, la Defensa Pública cuenta con 31 oficinas operativas abiertas en todo el país, garantizando cobertura en la mayoría de los distritos judiciales. Sin embargo, aún existen lugares donde se brinda el servicio de manera limitada y no se dispone de oficinas propias, como es el caso de Nagua, Samaná, Constanza, Jimaní, Dajabón, Santiago Rodríguez entre otros.
Justicia desde la solución y la reintegración
Piolín y Chikitin no les avergüenza su pasado. Ambos, desde jóvenes, experimentaron la consecuencia de sus actos delictivos, la mayoría por venta de sustancias ilícitas. Aunque no justifican sus actos, de los cuales afirman ya se alejaron, si plantean la realidad de la sociedad y los jóvenes en los barrios, la vulnerabilidad y la pobreza, y ese querer buscar “el dinero fácil” que se queda impregnado en la mente de los adolescentes.
Afirman que, sin la ayuda de los defensores públicos que le asistieron en cada uno de sus procesos, hoy estarían aún privados de libertad. “Corrieron con la suerte de que les tocó abogados buenos”, porque también se ven casos de estigmatización por ser o parecer “delincuentes”.
“En el último duré un año y seis meses. Preferiría morirme antes de volver”, cuenta Piolín, cuyo último proceso penal fue en 2017. Dice que los defensores siempre buscaban una solución mediante acuerdos o fianza, y que agradece, la “buena voluntad” y que hoy goza de una familia y alejado del mundo delictivo.
En el caso de Chikitin, dice que tiene 10 años “retirado de la calle”. Ha sido imputado por posesión de drogas y violencia intrafamiliar. Asegura que los abogados de oficio le han ayudado y desde su experiencia siendo defendido tanto por públicos como privados, afirma que hay defensores del Estado mucho mejores, aunque, también dice que ha visto la discriminación de algunos hacia acusados por “estar fichados”.
Cuando se dio apertura al Programa de Formación de Aspirantes a Defensores Públicos de este año, con la integración de 83 profesionales del derecho, las palabras del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Henry Molina, se basaron en que la prisión preventiva no puede ser la regla, sino excepción. “La solución no puede ser siempre más cárcel, más tiempo, más castigo, sino que se debe pensar la justicia desde la solución, reintegración, trato digno y el debido proceso”.
| En el año 2024 se impusieron 20,209 medidas de coerción en la jurisdicción penal ordinaria. La prisión preventiva fue la medida más aplicada con le 35 %. |
Lo que se busca, es expandir el cuerpo de defensores públicos a nivel nacional, ya que el 80% de los casos penales en el país son atendidos por la defensoría pública. Sin embargo, desde el 2002 hasta junio de 2025 solo han egresado 343 aspirantes, de acuerdo con estadísticas de la Escuela Nacional de la Judicatura (ENJ).
En el programa de formación de aspirantes se han realizado 14 promociones, con un total de 449 inscritos. De estos el 16,24 % mujeres (186) y 22,97 % hombres (263).
El robo, el tipo penal más frecuente
Hasta junio de este 2025, la institución ha recibido un total de 13,151 casos a nivel nacional. De estos, aproximadamente 800 casos involucran a niños, niñas y adolescentes, “reflejando la atención especializada que la institución brinda a las poblaciones más vulnerables”, de acuerdo con Valentín Santos.
En cuanto al tipo penal más frecuente, los casos de robo representan la mayor parte de los procesos ingresados.
De acuerdo con el informe estadístico anual de la ONDP, el robo alcanzó el 27.8 % de los casos ingresados de la jurisdicción ordinaria en 2024, es decir, unos 6,921. Luego le sigue la violencia intrafamiliar con 4,990 casos y la Ley Drogas Agravado, con 2,649 procesos.
En el orden continúan golpes y heridas, sumando 1,841 casos y Ley de Drogas Simple, con 1, 407 casos.
Entre el 5 de enero de 2003 hasta el 31 de diciembre de 2024, en la Oficina Nacional de la Defensa Pública han ingresado 490,262 casos en materia penal a nivel nacional. De estos, 452,087 corresponden a la jurisdicción ordinaria y los 38,175 restantes a la jurisdicción de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA).
Sobre los ingresos por oficinas (31 oficinas a nivel nacional), la ubicada en Santo Domingo es la que más registra. En 2024 recibió 2,986 casos, seguido de Santiago, con 2,234 y la oficina de Distrito Nacional, alcanzando los 1,929.
De estos casos ingresados en 2024 (26,377), 24,703 fueron hombres y 1,674 mujeres. El 5.6 % del total corresponden a niños, niñas y adolescentes.
Sobre los servicios a personas extranjeras, el 4.8 %, es decir, unos 1,275 corresponden a casos de adultos y un 4.6 % (68) de menores de edad. La mayoría de ellos son de nacionalidad haitiana con el 95.2 % de los casos.
Un servicio gratuito, pero con un costo operativo
Si el ciudadano tuviera que contratar un abogado privado, el costo del servicio de defensa en un proceso penal sería considerable. La justicia, como la salud y la educación en República Dominicana es costosa cuando se adquiere a través de un servicio privado; en el caso de la justicia, cada audiencia, traslado, recurso y acciones a realizar representa un gasto significativo que muchas personas no podrían asumir, lo que evidencia la importancia de la Defensa Pública como un servicio gratuito y accesible para todos.
Así lo considera el titular de la ONDP, sobre la importancia de que dicha institución se fortalezca.
¿Qué costo representa un caso o asistir a un ciudadano para la Defensa Pública? El costo que implica para la Defensa Pública llevar un caso no ha sido aún establecido ni cuantificado de manera oficial por la entidad. Esto se debe a que cada proceso presenta particularidades: algunos son simples, mientras que otros resultan altamente complejos y demandan mucho más tiempo y recursos.
Según la entidad, actualmente se encuentra en proceso de investigar y determinar cuál es el costo real de la asistencia que brinda.
"El trabajo de un defensor público no se limita a estudiar el expediente. Incluye la elaboración de la teoría del caso, investigaciones realizadas por el equipo de apoyo, y el análisis de las pruebas presentadas por el Ministerio Público o por la parte querellante", explica Valentín Santos.
Los defensores públicos deben visitar todos los viernes los centros penitenciarios para mantener contacto con los usuarios, lo que conlleva gastos de traslado y tiempo significativo. Para ello, la institución renta vehículos que permiten cubrir tanto los centros de privación de libertad como los destacamentos policiales.
Otra parte del costo corresponde al tiempo que el defensor dedica a recibir y orientar al usuario sobre su proceso, así como al esfuerzo invertido en las precitadas visitas a los centros penitenciario, que suelen extenderse desde las 9:00 de la mañana hasta el mediodía. "Todo ello representa un gasto adicional para la institución", destaca el abogado.
El costo varía en función del grado de complejidad del caso, del número de imputados y de víctimas involucradas, así como del tiempo que requiere cada etapa procesal.
La defensa de Svetlana Poezzhara
Un caso que conmovió la sociedad dominicana fue el de la joven rusa Svetlana Poezzhara, de unos 25 años, condenada a 10 años de prisión por el año 2000.
Valentín Santos, lo recuerda. Afirma que como defensor público, con más de 20 años de ejercicio y 31 dentro del sistema de justicia, han sido muchos los casos que lo han marcado, pero en particular el de Svetlana.
La joven Svetlana Poezzhara llegó a República Dominicana tras vender un apartamento en Rusia, con la intención de invertir en un negocio de estilismo. Trajo consigo alrededor de 97 mil dólares y a su hija de cuatro años. Al instalarse en Boca Chica, contrató los servicios de una abogada para constituir una empresa, pero a la semana le sustrajeron todo el dinero y la expulsaron del lugar donde se hospedaba. Sin recursos, ni familia, comenzó a deambular con su hija.
En esa situación, conoció a un hombre de Los Alcarrizos, quien la acogió en su casa. Sin embargo, tras dejarla embarazada y ella dar a luz, la echó nuevamente a la calle, quedándose él con el bebé. La joven continuó vagando sin ningún tipo de apoyo institucional. Durante ese tiempo, su hija sufrió un golpe en la cabeza mientras jugaba; fue llevada al hospital Robert Reid Cabral, donde la atendieron y dieron de alta, pero sin ningún acompañamiento, regresando a la misma condición de calle.
La niña se quejaba constantemente de dolores de cabeza, y Svetlana, sumida en una profunda depresión, terminó por quitarle la vida en un solar baldío en Villa Mella, con unas 52 puñaladas.
"El hecho conmovió a la sociedad dominicana. Tras cometerlo, Svetlana intentó suicidarse lanzándose al mar en el Malecón de Santo Domingo, pero fue impedida por transeúntes. El caso llegó a la Tercera Sala de Ciudad Nueva, donde me fue asignado como abogado de oficio. Al revisar las evidencias, especialmente las fotografías, experimenté un fuerte impacto emocional y lo último que deseaba era defenderla. Sin embargo, entendí que una madre en condiciones normales no habría cometido tal acto, por lo que solicité que una junta de psiquiatras la evaluara, convencido de que actuó bajo una crisis mental severa", cuenta el abogado
Durante más de un año, dijo que buscó infructuosamente una evaluación psiquiátrica, ya que las instituciones especializadas exigían pagos que ella no podía costear. Finalmente, el proceso llegó a juicio sin el peritaje requerido, recuerda.
"El Ministerio Público solicitó 30 años de prisión, aunque durante el juicio Svetlana se encontraba totalmente desconectada de la realidad: no articulaba palabras, no entendía el proceso y mostraba signos claros de enajenación mental", detalla el servidor público
"A su drama se sumaba otro hecho desgarrador", afirma. Mientras estaba recluida había sido violada por un interno, quedando embarazada nuevamente. "En el tribunal, incluso con traductora, el cuadro era devastador y conmovió a todos los presentes".
El juez, valorando las circunstancias, impuso una pena de 10 años de prisión en lugar de los 30 solicitados.
En la cárcel, Svetlana permanecía desnuda, se untaba con sus propios excrementos y vivía en condiciones deplorables, con un deterioro mental irreversible.
Con el tiempo, se gestionó su deportación. Se logró contactar a sus familiares en Rusia a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, se le actualizó el pasaporte y, tras cumplir la mitad de la condena, obtuvo libertad condicional y fue enviada a su país. "Nunca recuperó la cordura, permaneciendo en un estado de demencia profunda", lamenta Valentín Santos.
"Este ha sido uno de los casos que más me ha conmovido en mi carrera como defensor público, dentro de las más de 46 mil horas de litigación que he acumulado en la República Dominicana".