Un jurado federal declaró culpable al pastor dominicano Richard Reinaldo García, de 53 años, por organizar un esquema de fraude inmobiliario y de inversiones que ocasionó pérdidas superiores a seis millones de dólares a más de 70 personas en Estados Unidos, República Dominicana, Colombia y México.
El veredicto fue emitido el 19 de noviembre, después de un juicio de cuatro días ante el juez federal Mark T. Pittman. García fue encontrado culpable de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico y otros tres cargos de fraude electrónico, según informó la Fiscalía del Distrito Norte de Texas.
La investigación sitúa el esquema entre agosto de 2021 y abril de 2025. Durante ese período, García y otras personas captaban recursos para supuestos proyectos de compra, remodelación y reventa de propiedades destinadas a iglesias, así como para la organización de conciertos de música cristiana.
La Fiscalía sostiene que el acusado prometía importantes ganancias a los inversionistas, pero destinaba parte del dinero a gastos personales y costos operativos de sus negocios. Cuando las personas reclamaban los beneficios que esperaban recibir, García les decía que las ganancias habían sido reinvertidas en otros proyectos.
¿Cómo operaba el esquema de fraude?
De acuerdo con las pruebas presentadas durante el juicio, García utilizaba su posición como pastor para captar recursos entre miembros de las congregaciones y otras personas que confiaban en él. En los proyectos inmobiliarios, solicitaba dinero y mano de obra para remodelar propiedades vinculadas a iglesias, con la promesa de venderlas posteriormente y repartir los beneficios.
La Fiscalía también presentó acuerdos de inversión relacionados con conciertos internacionales de música cristiana. A los participantes se les ofrecían ganancias a partir de la venta de entradas y de supuestos acuerdos de patrocinio, aunque los fondos recibidos terminaban destinados a otros gastos.
Otro mecanismo consistía en solicitar dinero para supuestos viajes religiosos a Kenia, África. Según el expediente judicial, se pedían alrededor de 2,000 dólares por persona, pese a que García no tenía intención de reservar o realizar los viajes anunciados.
Las pruebas también mostraron que algunas inversiones eran transferidas a cuentas vinculadas a entidades religiosas y registradas como donaciones a Gracia Church, aunque el dinero había sido solicitado para proyectos de inversión.
Entre las entidades mencionadas en el proceso figuran Ministerio Gracia, Iglesia Gracia de Texas, Gracia Church of Texas y A Pesar de Todo, LLC. La Fiscalía sostuvo que García controlaba cuentas relacionadas con esas organizaciones y dirigía a los inversionistas para que enviaran allí los fondos.
Más de US$200,000 anuales en cuentas personales
Durante el juicio, los fiscales presentaron pruebas sobre el beneficio económico que García habría obtenido de las operaciones. Entre aproximadamente 2023 y octubre de 2025, el pastor dirigió más de 200,000 dólares anuales a sus cuentas bancarias personales, según la información divulgada por la Fiscalía.
Las autoridades también señalaron que conducía un vehículo Mercedes-Benz SUV eléctrico de 2023 y residía en una propiedad en Mansfield que fue vendida por más de 1.6 millones de dólares.
Los documentos judiciales indican que las pérdidas acumuladas por las víctimas superaron los seis millones de dólares. El caso involucró a personas residentes en Estados Unidos, República Dominicana, Colombia y México.
¿Cuándo recibirá sentencia?
García enfrenta una pena de hasta 20 años de prisión federal por cada uno de los cuatro cargos por los que fue declarado culpable. La audiencia para dictar sentencia fue programada para el 4 de marzo de 2027.
La investigación fue realizada por la oficina del FBI en Fort Worth y el proceso estuvo a cargo de los fiscales federales Mac McDonald y Colin Duffy, de la división de Fort Worth.
El FBI habilitó un cuestionario en inglés y español para que posibles afectados por el esquema aporten información a las autoridades. La Fiscalía del Distrito Norte de Texas pidió que quienes crean haber sido víctimas del caso se comuniquen mediante esos canales oficiales.
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