A 14 meses del colapso del techo de la discoteca Jet Set, que dejó 236 personas fallecidas y 186 heridas, el padre Rogelio Cruz reiteró este lunes el reclamo de justicia de familiares y sobrevivientes de la tragedia, al tiempo que solicitó que la calificación jurídica del caso sea modificada de homicidio involuntario a homicidio voluntario.
Las declaraciones fueron ofrecidas durante una misa celebrada en la denominada “zona cero”, donde familiares de las víctimas y sobrevivientes se congregaron para recordar a quienes perdieron la vida en el desplome ocurrido el 8 de abril de 2025.
Durante la actividad, organizada por el Movimiento Justicia Jet Set, Cruz sostuvo que la magnitud de la tragedia exige una respuesta judicial distinta a la planteada hasta el momento por el Ministerio Público.
“El código no recoge la magnitud del caso. Pedimos que se personalice la responsabilidad por cada fallecido y cada víctima, que cambien la tipificación y que el proceso sea juzgado tomando en cuenta cada una de las vidas afectadas”, expresó.
El religioso afirmó que durante el primer año posterior al colapso, los esfuerzos de los familiares han estado centrados en exigir justicia y denunciar las debilidades del sistema judicial frente a un caso de tal dimensión.
“Estamos exigiendo un cambio en la justicia dominicana y también la variación de la medida impuesta a los hermanos Espaillat”, manifestó.
El próximo 15 de junio, el tribunal deberá decidir si existen elementos suficientes para enviar a juicio de fondo a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat López, señalados en el proceso judicial derivado del desplome de la estructura.
Pese al tiempo transcurrido, Cruz aseguró que los familiares mantienen la esperanza de que se haga justicia. “Lo último que se pierde es la fe y la esperanza, porque la magnitud del caso es enorme. En cualquier lugar del país donde se habla del caso Jet Set, las personas reaccionan porque es una herida abierta para toda la sociedad”, indicó.
El sacerdote señaló que será en un eventual juicio de fondo donde el sistema judicial tendrá la responsabilidad de determinar las consecuencias legales correspondientes, en medio de uno de los casos más impactantes de la historia reciente del país.
Por su parte, el sobreviviente Renverto Guzmán cuestionó la calificación jurídica presentada por el Ministerio Público, que acusa a los imputados de homicidio involuntario.
Según Guzmán, informaciones conocidas públicamente tras la tragedia debieron motivar una ampliación de las investigaciones. “El Ministerio Público pidió la pena de homicidio involuntario y un mes después del suceso el país conoció la realidad a través de Gregory, y aun así eso no se ha tomado en cuenta. El Ministerio Público debió iniciar una investigación a partir de esas declaraciones”, afirmó.
Guzmán sostuvo que, de acuerdo con los señalamientos realizados por Gregory, aproximadamente 40 minutos antes del colapso del techo se habría advertido sobre la necesidad de suspender la fiesta que encabezaba el merenguero Rubby Pérez.
“Gregory le había avisado a Maribel Espaillat que se debía cesar la fiesta del merenguero Rubby Pérez”, declaró el sobreviviente.
Los familiares de las víctimas y sobrevivientes mantienen su exigencia de que el expediente sea revaluado y que se determinen responsabilidades acordes con la magnitud de una de las mayores tragedias ocurridas en la historia reciente del país.
Luis Custodio, representante del Movimiento de Justicia del Jet Set, afirmó que las víctimas y familiares esperan que se aplique una justicia proporcional a la magnitud de la tragedia ocurrida con el colapso del techo de la discoteca Jet Set.
“Nosotros esperamos que se ejecute una justicia proporcional. Estamos haciendo todo lo que es debido para que la sociedad entienda que hay que ponerle carácter jurídico a este caso”, expresó.
Custodio recordó que el desplome del techo del establecimiento provocó la muerte de 236 personas, por lo que consideró que el hecho no puede ser tratado como un simple accidente.
“El techo del edificio Jet Set se desplomó y mató a 236 personas. No es posible que esto se quede como un accidente de tránsito; las pruebas están ahí”, sostuvo. Asimismo, denunció que el movimiento no ha recibido el respaldo de las autoridades estatales, pese a las múltiples acciones realizadas para reclamar justicia.
“No tenemos ese apoyo del Estado. Hemos hecho marchas, manifestaciones y vigilias; hemos enviado cartas al presidente y no nos han recibido”, señaló.
¿Cuál es el siguiente paso?
Para el próximo 15 de mayo se espera que el juez Raymundo Mejía, del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, emita su decisión sobre si existen o no elementos suficientes para enviar el caso a juicio de fondo.
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