El Ministerio Público ejecutó una orden judicial de arresto en contra de un hombre imputado de cometer una estafa en perjuicio de dos personas, en un hecho ocurrido el pasado año en el municipio Santo Domingo Este, en la provincia Santo Domingo.
El imputado Ruvil De León fue arrestado por incurrir en falsificación de documentos, uso de documentos falsos, asociación de malhechores y estafa.
La Unidad de Captura de Prófugos, Rebeldes y Condenados del Ministerio Público (Ucaprec), dirigida por la fiscal Andry De Los Santos, ejecutó la orden judicial de arresto No. 973-2025-EMES-08689 contra el imputado durante una labor desarrollada en Santo Domingo Este.
La orden judicial de arresto fue emitida por Máximo C. Roa Saint Hilaire, juez coordinador en funciones de los Juzgados de Instrucción del Distrito Judicial de Santo Domingo Este, considerando, que de acuerdo a lo establecido en el artículo 225, del Código Procesal Penal, en cuanto a la solicitud del Ministerio Público, procede autorizar el arresto, ya que fueron aportados elementos de pruebas que permiten sostener, razonablemente, que el imputado podría ser autor o cómplice de la infracción que se le atribuye y que puede ocultarse, fugarse o ausentarse del lugar.
El Ministerio Público le ha otorgado al caso la calificación jurídica de violación a los artículos 147, 148, 150, 151, 265, 266 y 405 del Código Penal Dominicano.
Según se informó, De León será sometido a la justicia en las próximas horas en la jurisdicción de Santo Domingo Este para conocerle medidas de coerción.
Ministerio Público captura mujer condenada por robo a repostería
El Ministerio Público arrestó a una mujer condenada a seis años de prisión por incurrir en los ilícitos penales de uso de documentos falsos y robo asalariado en perjuicio de una repostería de la provincia Santiago.
La procesada, Belkis Ramírez Mézquita, se entregó en el Palacio de Justicia de Santiago, donde quedó bajo arresto, para la ejecución de la sentencia condenatoria en materia penal.
La Unidad de Captura de Prófugos, Rebeldes y Condenados del Ministerio Público (Ucaprec), bajo la dirección de la fiscal Andry De Los Santos, ejecutó la orden judicial de captura y arresto.
Ramírez Mézquita fue condenada en primer grado a una pena de diez (10) años de reclusión por los ilícitos penales de “uso de documentos falsos y robo asalariado”, previstos y sancionados en los artículos 148, 151, 379 y 386-3 del Código Penal dominicano, cometidos en perjuicio de la pastelería, según consta en la sentencia número 371-04-2023-SSEN-00037, del 13 de marzo del 2023, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia de Santiago.
La encartada recurrió en apelación, siendo modificada la sanción privativa de libertad que le condena a una pena de seis años de reclusión mediante la sentencia 972-2024-SSEN00157, emitida en fecha 16 de diciembre del año 2024, por la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santiago.
Mediante la sentencia número SCJ-SS-25-01657, emitida en fecha 22 de diciembre del año 2025, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, se rechazó el recurso de casación presentado por Ramírez Mézquita, por lo que la condena de seis años de prisión se hizo ejecutoria e irrevocable.
El juez Julio César Araujo Díaz, de la Primera Sala del Tribunal de Ejecución de la Pena del Departamento Judicial de Santiago, autorizó a la Unidad de Captura de Prófugos, Rebeldes y Condenados del Ministerio Público y al Departamento de Captura de Prófugos, Rebeldes y Condenados de la Fiscalía de Santiago proceder con la captura y arresto de la condenada.
El magistrado Araujo Díaz dispuso que el Ministerio Público proceda a enviar a la condenada, directamente y sin trámite judicial adicional, al Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Rafey Mujeres, de Santiago, que es el lugar destinado para el cumplimiento de la pena impuesta.
Condena de 20 años de prisión para hombre que abusó sexualmente de una adolescente en Puerto Plata
Un tribunal condenó a 20 años de prisión a un hombre enjuiciado por abusar sexualmente de una adolescente en un hecho ocurrido en la provincia Puerto Plata.
Leocadio Cruz Peralta (Papo) fue condenado tras ser declarado culpable de cometer los hechos en perjuicio de la joven de 16 años de edad.
La investigación, dirigida por la fiscal Carmen Daynisa Rosario, demostró de manera irrefutable que el procesado incurrió en violaciones graves a varios artículos del Código Penal Dominicano y la Ley 136-03 que crea el Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de Niños Niñas y Adolescentes.
Durante el juicio, el fiscal Jesús Ernesto Valenzuela presentó pruebas sólidas que demostraron que el procesado sometió a la víctima a un patrón de abuso sexual continuado, ocasionándole daños físicos, psicológicos y emocionales de gran magnitud.
El tribunal, presidido por la jueza Jakayra Veras, establece que Cruz Peralta deberá cumplir la condena en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) San Felipe, en Puerto Plata.
Corte ratifica sentencia condenatoria contra hombre por fraude eléctrico
La Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ratificó la sentencia condenatoria a un hombre que cometió fraude eléctrico.
La decisión confirma la sentencia dictada el 17 de mayo de 2018 por los jueces de la Octava Sala del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional en contra de Manuel Abel Rodríguez Reyes, quien cometió el delito en perjuicio del Estado dominicano y de la empresa distribuidora de energía Edesur Dominicana.
El Ministerio Público, representado por el procurador fiscal José Lenin Hernández, procurador fiscal adscrito a la PGASE, demostró que Rodríguez Reyes incurrió en la violación de los artículos 125, literales A y B, 125-2, numeral 3, de la Ley 125-01, General de Electricidad.
Ante la contundencia de los elementos probatorios, los jueces Ramona Rodriguez López, Rafael A. Báez García y Daisy Indhira Montás Pimentel, ratificaron la sentencia consistente en 20 días de prisión, bajo la modalidad de pena suspendida, condicionando su libertad a abstenerse del porte y tenencia de cualquier tipo de armas, así como también del abuso de sustancias alcohólicas y mantener un domicilio fijo.
Rodríguez Reyes también deberá pagar la suma de RD$115,589.40 por concepto de energía tasada y no facturada debido al fraude, de conformidad con el artículo 125, numeral 3 de la Ley 125-01.
Asimismo, el procesado fue sentenciado al pago de una indemnización de RD$200,000.00 a favor de la empresa Edesur Dominicana, S.A., para resarcir los daños y perjuicios ocasionados por la manipulación e ilegalidad en el consumo energético.
En su acusación, el Ministerio Público estableció que Rodríguez Reyes fue atrapado en flagrante delito, mediante una investigación realizada por los fiscales de la Pgase, tras la denuncia realizada por Edesur Dominicana, S.A.
Al acudir a la calle Bernardo Correa y Cidrón, en la Zona Universitaria, al apartamento propiedad de Rodríguez Reyes, fue detectada una línea directa de 120 voltios desde el panel de Edesur a un local comercial del procesado, sin contrato y sin medidor.
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