Ministerio Público asegura que investigación del caso Senasa sigue activa y no descarta nuevos sometimientos

El Ministerio Público aseguró que las investigaciones relacionadas con el caso Senasa continúan activas y que no se circunscriben únicamente a los imputados presentados inicialmente durante el proceso de medida de coerción.

La posición fue expresada por la fiscal Mirna Ortiz al salir del tribunal, luego de que el juez Deybi Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, conociera la solicitud de prórroga presentada por el órgano persecutor.

Al ser cuestionada sobre empresarios que presuntamente aún no han sido sometidos a la justicia, Ortiz aseguró que el alcance de la investigación se conocerá cuando el Ministerio Público deposite formalmente la acusación.

«Nuestras investigaciones son vivas, nuestras investigaciones son activas y no se circunscriben a los imputados que se presentaron en la medida de coerción. Así que esperemos el depósito de la acusación y ahí ustedes verán el alcance de la misma», expresó.

Sobre las demás líneas de investigación y la posibilidad de nuevos sometimientos, la representante del Ministerio Público indicó que continúan trabajando en la recopilación de las pruebas necesarias.

«Se sigue trabajando y tengan por seguro que desde que estemos listos con las pruebas necesarias estaremos presentando el caso como corresponde», manifestó.

Entre los imputados figura el exdirector del Seguro Nacional de Salud (Senasa), Santiago Hazim, junto con Rafael Luis Martínez Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez y Ada Ledesma.

También están acusados Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, quienes cumplen medidas de arresto domiciliario.

De acuerdo con el Ministerio Público, la presunta red habría defraudado al Estado dominicano por más de 15,000 millones de pesos, una cifra que, según el contenido del expediente, investigaciones posteriores habrían elevado a más de 19,000 millones de pesos.

Las autoridades sostienen que la estructura habría operado entre 2020 y 2025 y afectado el sistema público de riesgos de salud.

A los imputados se les atribuyen los delitos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, cobro de sobornos, lavado de activos, falsificación y uso de documentos falsos.