La exministra de Cultura Milagros Germán solicitó a Acento revisar y ampliar una publicación sobre la auditoría de la Contraloría General de la República correspondiente a septiembre de 2021-diciembre de 2023, al considerar que la suma de RD$ 304.8 millones presentada en el artículo reúne conceptos que deben explicarse por separado.

En una comunicación dirigida a Acento este 13 de octubre, Germán señala que las partidas incluidas en el monto difundido tienen naturalezas diferentes y que su agrupación puede llevar a interpretar que todas corresponden a pérdidas patrimoniales o fondos sustraídos.

También solicita distinguir entre las observaciones formuladas por el órgano auditor, las explicaciones presentadas por la institución y los hallazgos que fueron retirados, subsanados o permanecieron pendientes.

Sin embargo, la carta no plantea que todas las observaciones hayan sido revocadas. Germán reconoce que el informe definitivo mantuvo el hallazgo relacionado con las compras y señala que algunas medidas correctivas reportadas por el Ministerio de Cultura quedaron pendientes de validación.

Qué integra la cifra de RD$ 304.8 millones

La publicación de Acento desglosó el total en seis partidas:

  • RD$144,596,174 por subejecución presupuestaria. Corresponde a la diferencia entre el presupuesto vigente del Ministerio de Cultura y el monto devengado durante el período auditado. La propia publicación precisó que esta cantidad representa disponibilidad presupuestaria no ejecutada, no necesariamente dinero líquido devuelto.
  • RD$56,275,256 en anticipos financieros para actividades culturales. La cifra está asociada a recursos destinados a actividades como el Desfile Nacional de Carnaval, la Feria Internacional del Libro y el Festival del Libro y la Cultura de Puerto Plata. Germán sostiene que el informe identifica esos anticipos, pero que esa identificación no equivale por sí misma a declarar que los fondos se perdieron o desviaron.
  • RD$55,603,601 en diferencias entre los estados financieros y el Sistema de Administración de Bienes (SIAB). La auditoría registró una diferencia entre los valores reflejados en ambos sistemas. Germán pide precisar si los activos relacionados fueron adquiridos durante su gestión o si algunos ya existían cuando asumió el ministerio.
  • RD$47,767,020 por adquisiciones de bienes que no aparecían registradas en el SIAB. El monto resulta de comparar la ejecución presupuestaria en bienes muebles e inmuebles con las adiciones registradas en ese sistema. La diferencia señala una falta de correspondencia documental que debe distinguirse de una conclusión sobre el destino final de cada bien.
  • RD$526,756 en procesos de compra señalados por posible fraccionamiento. La Contraloría observó adquisiciones tramitadas por separado que, según el órgano auditor, debieron agruparse bajo otra modalidad de contratación. Germán presentó explicaciones sobre algunos de esos procesos y pidió que se examinen los documentos que los sustentan.
  • RD$77,100 por una tableta que no fue localizada durante la inspección física. La publicación describió el caso a partir de lo consignado en el informe. Que el equipo no fuera localizado durante la inspección no permite, por sí solo, afirmar que fue sustraído.

La suma de esas partidas es la base de la cuantificación publicada por Acento. Sin embargo, su inclusión en un total común no significa que todas correspondan a pérdidas económicas demostradas ni que tengan idéntico estatus dentro de la auditoría.

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La diferencia entre subejecución y pérdida de recursos

Uno de los principales señalamientos de Germán se refiere a los RD$144,596,174 identificados en el informe como disponibilidad presupuestaria no ejecutada.

La exministra argumenta que esos recursos no fueron utilizados y que las razones de la subejecución incluyeron expedientes que no pudieron completarse por parte de los oferentes y el cierre de los sistemas de gestión presupuestaria.

Por esa razón, solicita que esta partida se presente por separado y que no se confunda la falta de ejecución presupuestaria con una pérdida patrimonial o una malversación de fondos.

La exfuncionaria también cuestiona la inclusión de RD$56,275,256 correspondientes a anticipos financieros para actividades vinculadas al Carnaval, las ferias del libro y el Festival del Libro y la Cultura de Puerto Plata.

Según su carta, el apartado 3.1 del informe identifica los fondos, sus destinos, las fechas y las resoluciones correspondientes, pero no formula una inobservancia específica sobre esos anticipos ni los identifica como recursos faltantes o desviados. En consecuencia, pide que se excluyan del agregado presentado como irregularidades monetarias.

Germán también solicita explicar con mayor precisión la composición de otras dos partidas: RD$55,603,601.71 en diferencias entre los estados financieros y el Sistema de Administración de Bienes (SIAB), y RD$47,767,020.32 en adquisiciones que no estaban registradas en ese sistema.

Alega que el informe no determina si los bienes fueron adquiridos durante su gestión ni si se encontraban en la institución cuando asumió el cargo. Asimismo, considera necesario verificar si existe duplicidad entre las partidas antes de sumarlas como conceptos independientes.

La exministra sostiene que la Contraloría no presenta un total consolidado de RD$304,845,908 que certifique la independencia de todas las partidas incluidas en esa cifra. Por ello, solicita que Acento precise si se trata de una suma elaborada por el medio y no de un monto consolidado expresamente por el órgano auditor.

Explicaciones sobre compras observadas

Otro punto de la comunicación se refiere a cuatro procesos de compras cuestionados en la auditoría. Germán solicita que se examine la comunicación DC-0017/25, del 31 de enero de 2025, firmada por el encargado de Compras, Ángel Cuevas, así como los documentos anexos.

En relación con los procesos CULTURA-UC-CD-2022-0171 y CULTURA-UC-CD-2022-0195, la carta explica que un iPad recibido no contaba con conectividad mediante tarjeta SIM, característica que requería el uso previsto. Según la versión del área de Compras recogida por Germán, el equipo fue devuelto al proveedor y se emitió una nota de crédito.

Posteriormente, se inició otro procedimiento para adquirir un dispositivo con conectividad celular. La exministra solicita que se examine esa secuencia documental antes de presentar ambos procesos como un caso de fraccionamiento, sin desconocer la conclusión de la auditoría.

La carta reconoce expresamente que el informe definitivo mantuvo ese hallazgo porque consideró insuficientes las evidencias recibidas. Germán pide que se incorpore la respuesta del área de Compras y se verifique si fue remitida durante el procedimiento de auditoría, diferenciando las explicaciones institucionales de la valoración realizada por la Contraloría.

Respecto de los procesos CULTURA-UC-CD-2022-0089 y CULTURA-UC-CD-2022-0110, la exministra sostiene que las adquisiciones respondieron a necesidades de climatización del área donde se encuentra el sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) de la sede institucional y del Gran Teatro del Cibao. Añade que, posteriormente, los equipos fueron utilizados en la sede central y otras dependencias.

En ese punto, solicita que las explicaciones se contrasten con los expedientes y las fechas, en lugar de limitar el análisis a la coincidencia del proveedor y el rubro de adquisición.

También pide corregir la referencia temporal sobre dos procesos informáticos, que, según la tabla 19 del informe, fueron publicados el 14 de julio y el 18 de agosto de 2022. La diferencia entre ambas fechas es de 35 días, no inferior a un mes, como cuestiona la exministra.

Hallazgos retirados y medidas correctivas

Germán también señala que hubo observaciones que fueron retiradas o declaradas subsanadas por la Contraloría en el informe de 2021-2023.

Entre ellas menciona la observación relativa al límite de caja chica, que el órgano auditor retiró por considerar que no resultaba aplicable, así como aspectos relacionados con las conciliaciones de cuentas colectoras, las políticas y procedimientos de inventario, los programas y licencias informáticas registrados en el SIAB y el sistema de asistencia.

La exministra señala que algunas de estas decisiones aparecen en la publicación, pero solicita que se incluyan todas, junto con los hallazgos que permanecieron vigentes.

Sobre la auditoría de 2024, destaca que el nivel de implementación de las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI) pasó de 58.73 % en el período 2021-2023 a 83.32 % en 2024, calificado como satisfactorio en el informe. También indica que, cuando asumió el cargo en septiembre de 2021, el indicador se encontraba en 44.6 %.

Germán considera que esa evolución debe incluirse como contexto para valorar los cambios en los controles institucionales. Sin embargo, reconoce que la Contraloría mantuvo aspectos pendientes de implementación hasta alcanzar el 100 %.

En cuanto a la subejecución presupuestaria de 2024, afirma que la Contraloría redujo el monto inicialmente observado, de RD$ 70,865,555.73 a RD$ 44,207,029, al delimitarlo a la sede central. Según la carta, el punto fue declarado subsanado después de la socialización correspondiente.

La exministra solicita que se reflejen tanto el monto inicial como el ajustado y el resultado final de la evaluación. También sostiene que la subejecución no equivale, por sí misma, a malversación o uso irregular de recursos.

Reconoce que otros puntos quedaron pendientes

La comunicación indica que, en la auditoría de 2024, el Ministerio de Cultura reportó medidas para corregir diferencias patrimoniales, actualizar registros en el SIAB, mejorar los controles de inventario y revisar cuentas por pagar y expedientes de personal.

No obstante, Germán reconoce que la Contraloría mantuvo esos puntos para una validación posterior. Por ello, solicita que se diferencie entre las medidas correctivas informadas por la institución y aquellas cuya implementación haya sido comprobada por el órgano auditor.

Respecto de los demás hallazgos de 2021-2023, incluidos los relativos a cuentas inactivas, conciliaciones de la Dirección Regional Norte, identificación y ubicación de activos, vehículos, una tableta no localizada, publicación de nóminas y expedientes de personal, pide que se precise el alcance de cada observación y el resultado de la evaluación de las respuestas.

La exministra sostiene que los riesgos señalados por los auditores deben distinguirse de los hechos efectivamente comprobados. Al mismo tiempo, reconoce que las respuestas institucionales no permiten afirmar que todos los puntos fueron subsanados.

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