La mayoría de los participantes en el sondeo de Acento apoya que se haya cambiado la calificación jurídica en el expediente judicial del caso Jet Set, manifestando su disposición a que el proceso penal inicie nuevamente desde cero con tal de que se siente un precedente contundente.
De acuerdo con los resultados de la preguntas realizada por este medio a través de sus plataformas digitales, la opción favorable al cambio de calificación obtuvo mayor respaldo:
En Instagram, 88.54 % de los participantes votó a favor del cambio de calificación jurídica, mientras que solo un 8.3 % se mostró en desacuerdo.
El 64.3 % respaldó la medida frente a un 35.7 % que votó por la opción "No" en la plataforma de X.
Opiniones y reclamos de justicia
El sondeo provocó un flujo de reacciones entre los lectores y usuarios en redes sociales, en el que diversos usuarios señalaron que la decisión debe servir como una lección histórica en República Dominicana para evitar la negligencia e impunidad, destacando la importancia de que la justicia actúe con la máxima firmeza.
Comentarios en plataformas como Facebook e Instagram enfatizaron que el impacto social trasciende las cifras oficiales, abarcando las secuelas de los afectados y el dolor de los familiares.
En las interacciones se reiteró la demanda de penas severas acordes a la gravedad de los hechos imputados.
¿Qué significa un cambio jurídico en el caso Jet Set?
El proceso judicial por el colapso de la discoteca Jet Set dio un giro luego de que el juez Franny González Castillo aprobara la variación de la calificación jurídica de la acusación contra los propietarios del establecimiento, los hermanos Antonio y Maribel Espaillat.
La tipificación pasó de homicidio involuntario a homicidio voluntario y golpes y heridas mediante dolo eventual, tras determinarse que los imputados tenían conocimiento del deterioro del techo y decidieron mantener las operaciones asumiendo el riesgo, lo que eleva la eventual sanción penal de 3 a un máximo de 20 años de prisión.
Esta modificación recalificó el hecho como un delito grave, lo que llevó al tribunal a declararse incompetente y declinar el expediente ante un tribunal colegiado de primera instancia para el juicio de fondo.
La decisión no solo reconfigura la estrategia de la defensa técnica, sino que reabre el debate jurídico sobre la responsabilidad penal de los empresarios de entretenimiento frente a negligencias estructurales que comprometen la vida de los asistentes.
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