Juristas atribuyen colapso del sistema judicial a falta de presupuesto y déficit de tribunales

A propósito de las recientes declaraciones del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, sobre la saturación que enfrenta el sistema judicial dominicano, los juristas Carlos Balcácer y Pedro Germán coincidieron en que el sistema de Justicia ha colapsado, afirmando que el mismo responde, principalmente, a la falta de presupuesto, al crecimiento demográfico y a la insuficiencia de tribunales para atender la creciente carga procesal.

El abogado Carlos Balcácer explicó que la congestión judicial no es un fenómeno nuevo y tiene como causas estructurales la expansión poblacional sin una correspondiente creación de nuevos tribunales. Señaló que en el Distrito Nacional y Santo Domingo, operan apenas cuatro colegios de jueces, situación que resulta insuficiente frente al aumento sostenido de litigios.

Balcácer recordó que la Constitución ordena asignar un 10 % del presupuesto nacional al Poder Judicial y al Ministerio Público, mandato que, según afirmó, no se cumple, lo que impide la creación de más tribunales.

Indicó que el funcionamiento de un tribunal puede costar alrededor de dos millones de pesos mensuales, lo que evidencia la dependencia directa del sistema judicial de los recursos económicos disponibles.

Asimismo, sostuvo que aunque la conciliación y los acuerdos podrían contribuir a acortar los procesos, estos mecanismos enfrentan limitaciones culturales y económicas.

“El dominicano tiene una naturaleza litigiosa y de insatisfacción, y no todo imputado tiene la capacidad económica para llegar a acuerdos”, afirmó.

En cuanto a las afirmaciones de Luis Henry Molina sobre la supuesta agilización de los procesos en la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte, Balcácer mostró desacuerdo. Si bien reconoció que se ha logrado descongestionar algunos casos, advirtió que esto se ha hecho, en ocasiones, acelerando procesos y vulnerando derechos fundamentales, lo que ha provocado que el Tribunal Constitucional anule sentencias dictadas con premura.

“Ese taponamiento procesal va a continuar porque es un problema viejo y estructural. La valentía del magistrado Molina ha sido reconocer públicamente el colapso del sistema, pero mientras no se resuelva el tema presupuestario, la situación no cambiará”, sostuvo.

Precariedad de jueces y empleados judiciales

De su lado, el jurista Pedro Germán denunció las condiciones de precariedad en las que laboran jueces y empleados judiciales, muchos de los cuales reciben salarios bajos mientras conocen procesos de alto riesgo, como casos de narcotráfico y crimen organizado, sin contar siquiera con seguridad personal adecuada.

Germán señaló que, aunque se han registrado algunos avances basados en estadísticas, el sistema judicial dominicano sigue siendo altamente deficiente en términos generales.

A su juicio, el Poder Judicial continúa siendo una “cenicienta presupuestaria”, mientras otras instituciones reciben mayores recursos que no siempre se traducen en resultados concretos para la sociedad.

“Sin una justicia organizada, con recursos suficientes y personal capacitado, simplemente no hay Estado de derecho. Todo en un Estado depende de la justicia”, concluyó.

El sistema de justicia penal ha colapsado

Luis Henry Molina afirmó este domingo que el sistema de justicia penal dominicano ha colapsado y que ya no es viable continuar resolviendo todos los casos penales mediante juicios de fondo, por lo que consideró que la implementación de acuerdos entre partes debe convertirse en una vía prioritaria para agilizar los procesos y aliviar la saturación judicial.

Molina explicó que el modelo tradicional de juicios completos no da abasto ante la acumulación de procesos y propuso un cambio de cultura institucional y procesal que incorpore mecanismos de conciliación inspirados en sistemas como el de Estados Unidos, donde —según indicó— cerca del 98 % de los casos penales se resuelven mediante acuerdos.

Se trata de una afirmación que contrasta con la ofrecida el pasado 7 de enero de 2026, cuando afirmó, en su discurso con motivo del Día del Poder Judicial, que la mora judicial había sido reducida de manera sustancial, con cifras que sitúan al 90 % de los casos resueltos en un año o menos.

En ese momento, Molina destacó que gracias a una gestión centrada en la disciplina procesal, la digitalización y una cultura de rechazo al retardo, la mora estructural se había prácticamente erradicado y que plazos procesales más previsibles beneficiaban tanto a justiciables como al desarrollo nacional.

Subrayó que el tiempo promedio de resolución en materia penal era de tres meses para el 80 % de los casos, con procesos de extradición resueltos en 24 horas, y que la mayoría de las salas se encontraban al día.

No obstante, apenas seis semanas después, en un evento celebrado en la Ciudad Judicial de Santo Domingo Este, el magistrado admitió que, pese a esos avances, el sistema de justicia penal dominicano se encuentra saturado y “colapsado” ante la imposibilidad de atender la creciente carga de causas mediante juicios de fondo tradicionales.

En esa intervención, Molina propuso un cambio de cultura institucional hacia mecanismos de conciliación y acuerdos, inspirados en modelos como el de Estados Unidos, donde —según indicó— una gran mayoría de casos penales se resuelven sin juicio completo, como forma de aliviar la congestión judicial.