El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina, afirmó este domingo que el sistema de justicia penal dominicano ha colapsado y que ya no es viable continuar resolviendo todos los casos penales mediante juicios de fondo, por lo que consideró que la implementación de acuerdos entre partes debe convertirse en una vía prioritaria para agilizar los procesos y aliviar la saturación judicial.
Durante el ciclo de Encuentros Regionales 2026 realizado en la Ciudad Judicial de Santo Domingo Este, Molina explicó que el modelo tradicional de juicios completos no da abasto ante la acumulación de procesos y propuso un cambio de cultura institucional y procesal que incorpore mecanismos de conciliación inspirados en sistemas como el de Estados Unidos, donde —según indicó— cerca del 98 % de los casos penales se resuelven mediante acuerdos.
El magistrado resaltó que esta transformación no depende únicamente de tecnología o infraestructura, sino de una reforma profunda en la práctica cotidiana de los operadores de justicia. Asimismo, señaló que la meta de la SCJ es que los casos penales no se extiendan por más de un año, destacando que, en la Segunda Sala Penal del alto tribunal, la mayoría de los procesos ya se resuelven entre tres y seis meses.
Además, Molina abordó la necesidad de desjudicializar ciertos procesos que involucran a menores de edad, lo que implicaría revisar la función y eficiencia de las jurisdicciones especializadas en este tipo de causas.
En el mismo evento, el presidente de la SCJ destacó los avances del Plan Justicia del Futuro 2034, una estrategia de transformación institucional orientada a modernizar el sistema judicial dominicano e incrementar su eficiencia, transparencia y acceso.
Dentro de ese contexto, Molina subrayó que el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo están liderando la digitalización judicial, impulsando herramientas tecnológicas que han permitido la expansión de plataformas digitales en materias civil, inmobiliaria, laboral y contencioso administrativa, con el objetivo de consolidar un sistema más ágil y accesible a la ciudadanía.
Estos esfuerzos forman parte de una visión de largo plazo —hasta 2034— que busca no solo la digitalización de procesos, sino también la estabilidad jurídica para fomentar la inversión y la convivencia ciudadana, mediante la construcción de soluciones ajustadas a las realidades locales y con la participación de líderes comunitarios y autoridades locales.
Este conjunto de medidas apunta a aliviar la saturación judicial, reducir la mora de casos pendientes, promover acuerdos como alternativa eficaz y avanzar hacia un sistema más moderno e integrado, acorde con las necesidades del país.
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